La atención a un transeúnte en el Centro Municipal de Acogida e Inserción (CAI) de Alicante.ALICANTE. Dos de las principales contratas relacionadas con la atención social en Alicante seguirán en manos de sus actuales prestatarios por otro año adicional. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), acaba de acordar la concesión de sendas prórrogas de un año cada una en la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y en la del Centro Municipal de Acogida e Inserción (CAI) con la provisión de un gasto global de 4,3 millones para cubrir su funcionamiento.
El primero de esos servicios, el SAD, quedará, así, a cargo de Sacyr Social hasta 2024, con un coste de 3,1 millones. Dicha empresa se convirtió en adjudicataria del servicio en octubre de 2020 por un periodo inicial de 3 años y la opción de optar a dos prórrogas de un año cada una. Así, todavía dispondría de la posibilidad de seguir a cargo de la prestación hasta 2025. La oferta de Sacyr fue considerada en 2020 como la mejor entre las planteadas a concurso, con un precio de partida de 7,8 millones (impuestos incluidos) por los tres años de duración inicial del contrato.
No obstante, la irrupción de la crisis sanitaria de la covid motivó la aprobación de un modificado del contrato con el fin de atender las nuevas necesidades de asistencia generadas en ese momento, lo que conllevaba la incorporación de más horas de servicio. De este modo, en noviembre de 2021 se acordó una ampliación de las condiciones de la prestación con un incremento de 1,57 millones (un 20% más) y el consiguiente aumento de las horas de prestación hasta superar las 78.000 a lo largo de tres años.
El acceso a las instalaciones del CAI de Alicante.Y esa misma ampliación de plazo también se habría acordado ahora sobre el contrato de gestión del CAI, de modo que la Fundación Salud y Comunidad seguirá a cargo de las instalaciones hasta noviembre de 2024. Dicha fundación se convirtió en adjudicataria del contrato en septiembre de 2019 por un precio de 3,49 millones y un plazo de tres años, además de la posibilidad de optar a dos prórrogas de un año cada una. La primera se concedió en 2022 y la segunda se concede ahora, con otra asignación de 1,2 millones, con lo que se agota la duración máxima de la prestación prevista en el contrato original.
De este modo, el equipo de gobierno dispone ahora de un plazo de un año para volver a licitar el contrato de gestión de las instalaciones, en un contexto en el que, además, se prevé acometer su ampliación. En principio, se pretende llegar a duplicar su capacidad, de modo que pasaría de las 69 plazas actuales a 136. Así lo anticipó, de hecho, el alcalde, Luis Barcala, el pasado viernes, al hacer balance de los 100 primeros días de gobierno del nuevo mandato tras las elecciones del 28 de mayo.
