FOTO: EMMA FERRERALICANTE. El Ministerio del Interior que preside Fernando Grande-Marlaska lanzó hace semanas la idea de aplicar un baremo de discriminación positiva para incentivar el acceso de las mujeres a la Guardia Civil. El mismo consistía en que ante el mismo examen primaría el criterio de sexo, mujer, siempre y cuando la nota no distara en más de un 15% con respecto a la del varón. El Ministerio de Defensa, que preside Margarita Robles, tumbó la idea el pasado jueves en el transcurso del Consejo de la Guardia Civil. Un 15%: échale guindas al pavo.
Traigo a colación esta pequeña anécdota por medir la capacidad de los políticos de sacar a debate público asuntos del todo incongruentes: la discrimación positiva se inventó en los años 70 en Canadá, y otros países con realidades muy multiculturales (EE.UU, Brasil), para primar a las minorías étnicas autóctonas (e históricamente discriminadas) en el acceso a la educación, a la vivienda, a los servicios sociales, a la política... En el caso americano y brasileño estaban, están, el racismo estructural que con desigual intensidad se ejerce contra los grupos sociales de afro-descendientes. El concepto se fue extendiendo y se aplica en muchos más ámbitos: acceso de personas con discapacidad en la función pública, por ejemplo, tal como ocurre en España desde hace ya lustros. Loable. Se reservan un determinado número de plazas para estas personas. Del mismo modo que las becas se usan (en teoría) como incentivo para estudiantes de familias con rentas escasas: eso es justicia social, grosso modo.
Las mujeres no son discapacitadas mentales: no hay que ser un lince, ni un machista recalcitrante, para llegar a la conclusión de que primar su acceso a la Guardia Civil con un 15% menos de nota es una boutade de tomo y lomo que pervierte el sagrado principio de igualdad de oportunidades. Yo intuyo que este tipo de cosas ocurren por una lectura perversa e hiperbólica de los postulados feministas. Hace dos o tres años se produjo un caso más grave si cabe: se lanzó la propuesta de que para los puestos docentes universitarios, de ayudante doctor a catedrático, pasando por profesor titular, se primara a las mujeres en caso de empatar en nota, o en méritos, con un varón. Lo lógico es instaurar una prueba de desempate. Es decir, me han dado la plaza de catedrática de Biología Molecular por mi condición sexual. Kafkiano. No sé en que quedó el asunto: en nada, supongo. Además, ya se encarga de enturbiarlo todo el sistema endogámico que sigue incrustado en las universidades públicas según el cual prima la cooptación (enchufe disimulado) en no pocos casos.
Acotación: La Sindicatura de Cuentas afea a la UA, con la rectora Amparo Navarro, opacidad en los contratos de investigación y le requiere un informe exhaustivo. Al rector de UMH, Juan José Ruiz, le afea otro tipo de opacidades, sobre todo burocráticas. Doña Navarro: todos los días en los medios exigiendo más financiación para poder pagar las nóminas, entra otros asuntos. En fin. Concluida la acotación.
A veces tengo la impresión de que el establishment se saca de la manga cuando le conviene controversias artificiales para desviar la atención. Algo de eso hay en la llamada “Ley Trans” con la opción de elegir el sexo (he desterrado la palabra “género” porque se presta a mil confusiones). Cosa distinta es la reforma de la sedición y de la malversación: si soy funcionario público, y los políticos lo son mientras ejercen el cargo, y admito sobornos para dárselos a una oenegé es menos malversación que si el dinero me lo quedo yo directamente. Digo una oenegé, digo una causa romántica y decimonónica como fue la creación de los Estados/Nación (Cataluña y la financiación del referéndum ilegal de autodeterminación). Hasta el ex conseller Manuel Alcaraz, Compromís, no lo ve claro en una extensa entrevista al Información: “A los que hemos estado luchando contra la corrupción nos suena mal”. Palabra de catedrático de Derecho Constitucional.
Anestésieme en valenciano. Cuando ya había quedado resuelto, más o memos, la implantación del requisito lingüístico para los aspirantes a funcionarios en la Comunitat, cuando la consellera de Administraciones Públicas Gabriela Bravo había dejado claro que el valenciano sería mérito, no requisito, en el acceso a las plazas de sanitarios, médicos y enfermeras fundamentalmente, la vicepresidenta del Consell Aitana Mas vuelve a la carga: será obligatorio en la próxima legislatura, aún a sabiendas del profundo rechazo que ello genera en amplios sectores de los profesionales del ramo. Y aún a sabiendas de que está en el aire la reedición del Botànic. No sé si son ganas de tirarse piedras en su propio tejado, o sin son ganas de lanzar otra cortina de humo; con la fama de lista y afable que lleva. ¿Dejará de haber asuntos más importantes en la Comunitat que el empecinamiento de exigir el mitjá a un médico, aunque sea el mejor anestesista de España?
CODA: El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Adrián Santos, da un paso al frente, o se lo dan, para ser candidato a la Alcaldía por Cs. Un gesto de coherencia en medio de la desbandada generalizada que asola la formación naranja, casi todos en fila india suplicando un puesto (de lo que sea) al PP. Suerte y al toro, señor arquitecto.
