Mario Urrea, presidente de la CHS. Foto PEPE OLIVARESORIHUELA. La juez titular del juzgado número tres de Orihuela ha estimado dos recursos de los juzgados privativos de Orihuela y Almoradí y ha ordenado a la Confederación Hidrográfica del Segura que remita una serie de documentación sobre la gestión del río entre los años 2016 y 2019; es decir, los años previos a la Dana que sufrió la comarca de la Vega Baja, en concreto "ante la falta de actuación en relación a las dos últimas inundaciones del cauce del río Segura y la rotura de la mota en Almoradí", según esgrimieron los regantes. Con esta decisión, el juzgado mantiene abierta la investigación a la Confederación Hidrográfica del Segura y a su actual presidente, Mario Urrea, que fue denunciado por los regantes de Orihuela y Alnoradí, a la que se sumó la Fiscalía, por supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. En su día, los denunciantes enumeraron hasta 18 anomalías en la gestión del río y solicitaron investigar a las cúpulas de la CHS, nombradas por el Gobierno del PP entre 2016 y 2018 y por el dek PSOE, entre 2018 y 2019. Hasta que no se aporte la documentación, la investigación queda archivada.
Al igual que los regantes, la Fiscalía ha defendido que el auto del archivo de la denuncia presentada por los juzgados privativos, con fecha de febrero de 2020, "adolecía de motivación para explicar los motivos por los que se inadmitía la denuncia" y por tanto, solicitó el mantenimiento de las diligencia previas abiertas en su día.
Ahora, meses después, la juez estima el recurso y justifica esta decisión "en la necesidad de conocer la labor de mantenimiento por parte del organismo competente en la función de control y administración del dominio público hidráulico". Es por ello -añade el auto judicial- "procede estimar el recurso, y proceder a la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, en concreto, y para el comienzo de la investigación, certificación de la Confederación, a los efectos de identificar a los posibles responsables, así como actuaciones, previas, concominantes y posteriores a las inundaciones de septiembre de 2019".
De esta manea, la CHS deberá aportar al juzgado la identidad de los miembros que han formado parte durante el período 2016 a 2019; certificación de la cantidad presupuestada durante el mismo período; certificación de las obras ejecutadas en el cauce Segura y la rambla de Abanilla; el certificado de la existencia o no de contrato de mantenimiento del río Segura, empresa contratada, importe del contrato y causa de resolución en su caso; certificación de las medidas adoptadas en relación a la retención de cañas y bardomeras existentes en el río; la certificación de las actuaciones concretas de la confederación en relación a las motas, actuaciones anteriores a su rotura con las lluvias de septiembre de 2019 y posteriores.
