BENIDORM. Tres empresas de la provincia de Alicante han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (Pativel). Un documento que está llenando los tribunales de causas ya que no son los primeros que lo impugnan desde su aprobación en mayo de este año. Antes lo hicieron ayuntamientos como la Vila Joiosa. En esta ocasión han sido tres mercantiles de Benidorm (Inmobiliaria Paraíso), de La Vila (Sollolli SL) y de El Campello (Promociones Campello Dos Mil Uno, SL).
El Pativel está concebido para tratar de proteger más de 7.500 hectáreas "de suelos de elevada calidad ambiental, territorial y paisajística, distinguiendo dos categorías principales: el suelo no urbanizable de protección del litoral (hasta los 500 metros desde la ribera del mar, tierra dentro), y el suelo no urbanizable de refuerzo del litoral (desde los 500 hasta los 1.000 metros desde la ribera del mar)". Este Plan experimentó ya el rechazo de los propios propietarios de los suelos afectados, que tenían el objetivo de rentabilizar estos terrenos en un futuro con posibles recalificaciones que ahora no se podrán dar.
Como se decía, éstas no han sido las primeras en recurrir el Pativel, ya que en su día lo hicieron las firmas alicantinas Torrevieja TM Grupo Inmobiliario, Explotaciones Agrícolas La Ceñuela, y Veraky SL. En este caso, las empresas tenían intereses en diferentes zonas donde habían proyectado futuras promociones de viviendas y un cámping que ahora se habrían visto afectadas por este Plan de la conselleria de María José Salvador.
La cotizada Quabit también ha llevado a los tribunales la protección de la costa del Govern del Botànic. Así lo revelaba este lunes el Diari Oficial de la Generalitat, en el que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) comunicaba que la firma ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana, ideado por el Consell para "la conservación activa de más de 7.500 hectáreas de suelos de elevada calidad ambiental, territorial y paisajística".
La promotora, preguntada al respecto por Valencia Plaza, no precisó los motivos concretos por los que presenta su recurso, si bien todo apunta a que las restricciones a la construcción que introduce el Pativel afectan a terrenos de su propiedad. La firma posee un total de 126.500 metros cuadrados de suelo en la Comunitat, el grueso en grandes sectores de Castellón que no prevé desarrollar a corto plazo.
El escenario parece similar al de la promotora Nuevas Actividades Urbanas SL (NAU), que recurrió el Pativel por el impacto del plan en los terrenos que posee en el denominado Manhattan de Cullera, el megaproyecto urbanístico previsto desde hace años junto a la desembocadura del Xúquer donde está prevista la construcción de más de 30 torres de hasta 25 plantas (con capacidad para alrededor de 4.500 viviendas) y dos hoteles de 40 alturas.
En el caso de los terrenos de este espacio, que en la actualidad están considerados como suelo urbanizable, la reciente aprobación del Pativel ha activado una cuenta atrás para su desarrollo. El plan fija un periodo de cinco años para que los proyectos urbanísticos sin desarrollar previstos en suelo urbanizable sean aprobados, y en caso contrario los terrenos perderían tal consideración y ya no se podría construir en ellos.
Además, pasado el plazo de cinco ejercicios para la aprobación del proyecto de urbanización, según el Pativel, el agente urbanizador dispondrá de otros cinco años para llevar a cabo los trabajos de urbanización, lo que supone una nueva restricción temporal a la construcción en dicho espacio.
Como ya ha ocurrido con varias empresas, asociaciones, ayuntamientos y particulares, las grandes promotoras como Quabit o NAU están en contra de estas medidas adoptadas para la protección de la costa, al considerar que esta norma, fijada para proteger de la especulación urbanística el suelo sin construir, choca con su derecho a la propiedad.
En la misma línea, el DOGV también recogía este lunes varios recursos más contra el Pativel. Es el caso de los presentados por la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón; las empresas Inversiones La Plana SL, Promociones Campello Dos Mil Uno SL, Sollolli SL, Inmobiliaria Paraiso SL, Promociones Pirenaicas SA, Proyectos y Desarrollos Urbanos Man SL, Viviendas Azahar SA y Llarad SL; los particulares Herminio Lara Luque, Cristina Ferrando Valor, Juan Antonio Ávila Catalán y Miguel Izquierdo Dols; y el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert.
A su vez, en agosto se hicieron públicos los recursos de las empresas Tecnomed 24-47 SL, Mediterráneo Calidad Urana SL, la Agrupación de Interés Urbanístico Sector Mr-10 de La Vila de la Marina de Elche, la Agrupación de Interés Urbanístico Llobella 1, la Asociación de Vecinos de las partidas Riu Surrach i Aiguaoliva de Benicarló y los de los particulares Jean Valerien Solaz, Stephanie Marie N Braun De Ter Meeren, Vicente Juan Esplá, Josefa Ivars Ivars, Teresa Carrió López, María Clara Carrió Llopis, José Antonio García Crespo y Miguel Carrió Llopis.
El mismo mes trascendieron los recursos contra el plan de Inversiones Costa Este SL, Agrupación de Interés Urbanístico El Recholar de Oropesa del Mar, y el recurso conjunto de la Fundación de la Comunidad Valenciana Nuestra Señora de la Piedad y la Agrupación de Interés Urbanístico Muchavista Norte-La Zofra.