La contrata de limpieza de colegios de Alicante: tratado de cómo se (des)controla un servicio

ALICANTE. La tercera sesión de la comisión municipal para fiscalizar el cumplimiento de la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante, celebrada este viernes respecto a la labor desarrollada por UTE Limpal (la alianza empresarial que forman Clece y Fissa), permitió conocer cuál es el mecanismo técnico y jurídico en el que se basa el Ayuntamiento para poder controlar la prestación de cualquier servicio público (no solo la limpieza de centros educativos). Y sirvió también para evaluar cuáles son los límites y los puntos débiles de los que adolece ese sistema para que pueda resultar eficaz, a tenor de las explicaciones ofrecidas por el jefe de Servicio de Infraestructuras, Javier Maestre, con 36 años de experiencia en el Ayuntamiento.

A grandes rasgos, el relato que el máximo responsable técnico de la concejalía ofreció ante la comisión, en una comparecencia que se prolongó durante cerca de cuatro horas, vino a contradecir o matizar la mayoría de las manifestaciones formuladas por el funcionario que ejerció como responsable del contrato, Jesús Rubio, en la sesión precedente. Lo cierto es que, salvo algunos elementos novedosos de relevancia, las explicaciones que ofreció ante los concejales de PP, PSPV-PSOE, Cs, Unides Podem EU, Compromís y Vox fueron casi un reflejo de los informes que los dos funcionarios se cruzaron desde poco antes el verano de 2018: seis meses después de que UTE Limpal pudiese asumir de manera efectiva el ejercicio de la concesión. 

Como informó Alicante Plaza, en esos escritos, el responsable del contrato comunicaba la existencia de posibles incumplimientos en cuestiones como la inexistencia de un sistema de control horario de los trabajadores, la falta de limpieza en bajantes y canaletas en las cubiertas de los centros escolares o la insuficiente limpieza de cristales, entre otras presuntas deficiencias también apuntadas en las actas levantadas por la inspectora municipal a cargo de evaluar el servicio en los colegios (apartada de esas funciones desde diciembre). 

Maestre, por su parte, le respondía que debía concretar esos supuestos incumplimientos y cuantificarlos de un modo objetivo para poder elevar una posible propuesta de penalización, siempre después de haber instado a corregirlos, primero, y de haber dado el preceptivo trámite de audiencia a la concesionaria para que pudiese formular alegaciones, después.

Así, durante su comparecencia ante la comisión, Maestre insistió una y otra vez en que esa labor de precisar cuáles eran esos incumplimientos era competencia exclusiva de Rubio, como responsable del contrato, sin que él mismo (Maestre) tuviese competencia legal para hacerlo. Es más, insistió en que él sí le ofreció colaboración a Rubio y que le ayudó en todo lo posible detallándole qué proceso debía seguir. 

¿Se llegó a dar ese paso para proponer posibles sanciones a UTE Limpal mediante la aplicación deducciones en los pagos mensuales? Según relató Rubio el pasado viernes, él sí elevó una propuesta que pudo cuantificar con los instrumentos de los que disponía (entre los que no figuraba el control horario de los trabajadores) a finales de marzo de 2019 para que el órgano de contratación (la Junta de Gobierno) instruyese el expediente sancionador. Pero, de acuerdo con sus explicaciones, después se le cesó de sus funciones y se nombró a Teresa Moreno como nueva responsable del contrato.

Maestre, por su parte, señaló que Rubio no llegó a elevar ninguna propuesta de sanción y que, además, el competente para acordar esas sanciones era él mismo (Rubio), porque era el único facultado legalmente como responsable del contrato. Así, Maestre insistió en que él sólo intervino "de modo excepcional" cuando, ante la acumulación de las apreciaciones de Rubio sobre deficiencias en el servicio hasta el verano de 2018, se decidió abrir un expediente de averiguación sobre el servicio prestado durante los meses de julio, agosto y septiembre. Esa decisión, según dijo, se adoptó de común acuerdo con Rubio y con el entonces edil del área, el popular Israel Cortés.

Al respecto, añadió todavía tres concreciones más. La primera, que ese expediente se cerró sin que se apreciase ninguna deficiencia porque, según Maestre, no había trabajo previo que acreditase que existiesen esos incumplimientos. La segunda, que -a su juicio- Rubio nunca debió dejar de firmar las certificaciones de pago a la empresa correspondientes a esos tres meses de verano porque eso exponía al Ayuntamiento a posibles responsabilidades por un supuesto de enriquecimiento injusto, en la medida en que UTE Limpal estaba asumiendo con sus propios recursos el pago de las nóminas de la plantilla (450 trabajadores). Y la tercera, que a esa situación de bloqueo a la certificación de pagos y a la apertura del expediente de averiguación se llegó después de que Rubio le manifestase su preocupación porque le habían comunicado que existía la intención de presentar una denuncia en Fiscalía por la falta de control del contrato. Según Maestre, Rubio le manifestó su preocupación porque, hasta entonces, él no había documentado nada.

En su comparecencia del pasado viernes, Rubio no había relatado nada respecto a esa situación. Y tampoco explicó ante la comisión otro dato que sí ofreció Maestre: que le había pedido dejar de ser el responsable del contrato en octubre de ese año (2018). Según Maestre, él intentó buscar a una sustituta para que se hiciese cargo de sus funciones pero no lo consiguió, hasta que en abril de 2019, se procedió al nombramiento de Moreno para suplir a Rubio.

En todo caso, los representantes municipales en el seno de la comisión acordaron este viernes la posibilidad de solicitar segundas comparecencias de personas que ya hubiesen respondido ante la comisión para poder repreguntarles, a la vista de las manifestaciones posteriores y de la nueva documentación facilitada que no se había incorporado hasta ahora. Se trataría de una opción que abriría la posibilidad de contrastar las versiones ofrecidas por los dos técnicos.              

Sea como fuere, una de las primeras apreciaciones formuladas por Maestre en el inicio de su comparecencia fue que el pliego por el que se rige el contrato (licitado en enero de 2017) "es un buen pliego", en contra de lo que expuso Rubio. Y hasta llegó a atribuirle a él (a Rubio) el 80% del mérito de que fuese detallado, riguroso y exhaustivo. Maestre dijo que lo redactó Rubio y que él rectificó errores gramaticales, hasta que, después, se introdujeron determinadas cláusulas sociales para mejorarlo.

El jefe de Infraestructuras sostiene que el Ayuntamiento no debe controlar las horas de los trabajadores de la UTE, sino si los centros están limpios

Respecto al pliego, solo señaló una anomalía que él consideró un error jurídico, pese a que no fue advertido por los letrados de la Asesoría Jurídica Municipal en el trámite previo a la convocatoria del concurso: que se incluyese como obligación la instalación de un sistema de control presencial biométrico, con fichaje mediante huella digital, para los trabajadores de la UTE en los centros en los que se prestaba el servicio. A juicio de Maestre, eso excede de la capacidad legal de la que dispone el Ayuntamiento, puesto que "no tenemos ninguna vinculación jurídica ni laboral" con los trabajadores de la empresa. 

Según explicó, ese control horario compete solo a la empresa, y el Ayuntamiento debe limitarse a supervisar la labor de la empresa, no a controlar la jornada horaria de sus trabajadores. En esta línea, enfatizó que al Ayuntamiento lo que le compete es que se cumpla el objeto del contrato, que es que los colegios y el resto de centros municipales estén razonablemente limpios, no que los trabajadores hagan determinado número de horas. No obstante, admitió que en el pliego figuraba un mínimo de horas de prestación anual y que en la oferta de UTE Limpal también se establecía un compromiso en ese sentido, de unas 559.000 horas.

¿Cómo se podía evaluar la prestación del servicio entonces y cómo se podía establecer posibles penalizaciones? Según respondió Maestre, a la pregunta formulada por las representantes de Unides Podem y PSPV-PSOE, Vanessa Romero y Llanos Cano, existían otros mecanismos y posibilidades para calibrar posibles descuentos o minoraciones. Entre ellas, enumeró la posibilidad de cuantificar trabajos no ejecutados, después de pedir tres presupuestos a otra empresa sobre una determinado aspecto de la prestación, como la limpieza de cristales, por ejemplo. Es más, añadió que se podía haber contratado a otra empresa para que hiciese esa labor y, después, repercutir su coste a la UTE. Y eso, dijo no le consta que Rubio lo hiciese. Como mínimo, Rubio sí apuntó que pidió un presupuesto para la limpieza de bajantes y canaletas, pero que desistió de contratar ese trabajo porque el coste que suponía obligaba a elaborar una nueva licitación con un pliego al margen, y eso no tendría encaje dentro de otro contrato en vigor. 

Sea como fuere, respecto al control de la prestación, Maestre también apuntó que sí existía una aplicación informática para conocer la programación del servicio con la ubicación y las horas en las que se encontraban los trabajadores que podía comprobarse con solo pulsar un botón. Así, bastaba que los inspectores visitasen los centros para certificar que los trabajadores estaban en sus puestos desarrollando su labor. Sin embargo, también admitió que el sistema de fichaje con huella digital no ha llegado a implantarse hasta ahora porque el Ayuntamiento no había solucionado una instalación previa de líneas telefónicas.

MAESTRE NO NIEGA QUE PUDIESEN EXISTIR INCUMPLIMIENTOS, PERO SOSTiene QUE ÉL NO LOS PUDO CONOCER PORQUE NO ERA SU FUNCIÓN Y, ADEMÁS, NO SE ACREDITARON DEBIDAMENTE  

Respecto a la labor de la inspectora municipal, Maestre también subrayó que solo ella encontraba deficiencias a la prestación de la UTE, mientras que los tres inspectores restantes, a cargo de los mercados, de las instalaciones deportivas o de las dependencias del Ayuntamiento, aprobaban la ejecución del servicio. Y añadió que dicha inspectora giraba sus visitas a los centros en torno al mediodía, cuando -según su opinión- la supervisión debía ejercerse a primera hora de la mañana, puesto que la labor de limpieza terminaba por la noche, y no cuando los alumnos ya llevaban algunas horas en los colegios.

Además, sobre dicha inspectora a cargo de los centros educativos, Amparo Cerdá, explicó que se acordó su traslado después de se acumulasen múltiples quejas sobre su comportamiento con otros compañeros y con los representantes de la propia empresa concesionaria, lo que dificultaba la convivencia entre los propios funcionarios a cargo del control del servicio.

Igualmente, respecto a los escritos de quejas formulados desde los centros educativos, Maestre señaló que él no tuvo conocimiento hasta que los solicitó a la Concejalía de Educación. Relató que algunos de los que había podido comprobar eran anónimos y que otros procedían de varios centros sobre los que podía tener algún tipo de ascendencia la coordinadora de los directores de primaria. Eso sí, dijo que él conocía a varios profesores y conserjes como consecuencia de su paso como jefe del Servicio de Educación con anterioridad y que nadie a quien había consultado le había manifestado ninguna queja sobre el estado de limpieza de los colegios. 

Maestre, también dijo haberse sorprendido de que Rubio asegurase que el pliego no era suficiente por su bajo precio, puesto que el pliego lo elaboró él, por un importe de 8,9 millones anuales, y, además, se produjo una ampliación a petición del exalcalde socialista, Gabriel Echávarri, por cerca de otros 230.000 euros más.

Por último, matizó que él no había negado que existiesen incumplimientos del contrato. Se limitó a explicar que que él no sabía si existieron porque no conocía si los centros educativos estaban limpios o no. Eso, según recalcó, era la competencia del cuerpo de inspectores y del responsable del contrato (Rubio). Como mínimo, sí enumeró que UTE Limpal había prestado servicios por encima de lo previsto en el pliego, con mayor número de tratamientos frente a las plagas, mayor número de desatascos y la realización de servicios ordinarios que no estaban obligados a prestar durante los meses de verano.

La comisión proseguirá el próximo viernes con la previsible comparecencia de los dos últimos responsables del contrato: Teresa Moreno (de baja médica) y Alejandro Ybarra (su sustituto). Además, se podría citar a la inspectora encargada de supervisar los centros escolares, Amparo Candela (ahora destinada a la Concejalía de Fiestas), y a su sustituto.