Retomo el asunto de la hipotética liberalización de la autopista AP-7 al ver que forma parte de muchas conversaciones de alcaldes, concejales y amigos, al menos, en la Marina Alta. El año pasado abordé la cuestión de la N-332, como el verdadero patio trasero de la Comunitat, y el compañero Javier Alfonso, hace nada, en julio, ya vino a decir, a tenor de testimonios pasados, que era muy difícil que la actual AP7, que une Alicante con Tarragona, fuera totalmente gratuita. Y este año, le sumo otro elemento, la tasa turística, que volverá a surgir cuando comience el debate de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana, aunque esta vez, creo que Ximo Puig ya tiene coartada para repeler las intentonas de Podemos, en cuyo seno, parece, tampoco existe unanimidad actualmente, según nos ha apuntado Marta Gozalbo.
Pues bueno, leídas varias opiniones, y escuchados varios testimonios, creo que es muy difícil que la autopista AP-7 acabe liberalizándose. Es más, creo que es buena oportunidad para que la Generalitat Valenciana entre en el debate con el Estado y consiga una negociación que aporte o bien ingresos directos para las arcas autonómicas -visto que con Pedro Sánchez tampoco vamos a resolver la cuestión de la mejora del sistema de financiación autonómica- o bien que reporte financiación de infraestructuras con carácter finalista. Es decir, que los hipotéticos beneficios de esa futura explotación de la autopista, además de suponer una rebaja de los peajes, debería servir para garantizar la construcción de diferentes infraestructuras vitales para la Comunitat.
Mi tesis es que la futura explotación de la autopista AP-7 podría suponer una especie de tasa turística finalista para financiar infraestructuras, además del mantenimiento de la propia vía. ¿Cómo? Pues ese es el gran dilema: se puede abogar por la privatización, como ahora, aunque con unas condiciones negociadas previamente con el Gobierno valenciano, o con la constitución de una empresa pública (por ejemplo, al 50% entre Generalitat y Estado), cuyos beneficios, como he dicho, irían destinados a la financiación de obras viarias y ferroviarias de ámbito autonómico.
Pero previamente, habría que definir unas condiciones que beneficien a los residentes de zonas que no tienen alternativas gratuitas para desplazarse a las capitales, bien Alicante bien València, o peajes blandos para los trayectos entre municipios, como han defendido los hoteleros. Pero lo que sí parecía un error, o al menos, perdería su sentido, es convertir la autopista AP-7 en un auténtico corredor de todo tipo de vehículos y a cualquier velocidad.
Por ello, la futura explotación de la AP-7 debe combinar peajes blandos con tarifas gratuitas para determinadas comarcas que viven alejadas de las ciudades, y no tienen alternativa de transporte público. Y además, de esta dualidad, establecer otro tipo de peajes temporales para determinadas épocas del año, en el que las carreteras valencianas registran un mayor número de trayectos por vacaciones, como se hace, por ejemplo, en la autopista Málaga-Estepona. Posiblemente, no se recaude lo de ahora, pero sí que palíe las necesarias bonificaciones que deberían recibir ciudadanos de algunas comarcas que han pagado el asfalto de esa vía de transporte a precio de lujo.
Pues esa debe ser nuestra tasa turística: aplicar el pago por uso. Mantiene a la autopista AP-7 como vía rápida, económica para los residentes y, además, ayuda a mejorar las vías auxiliares. Mientras no tengamos un sistema de financiación riguroso, es un buen parche si se cumple, no incompatible con mejoras posteriores. Pero lo de pública y totalmente gratuita cuesta de creer a estas alturas de la Democracia.
