La ministra incapaz

¿Puede una ministra del Gobierno de España declararse incapaz de resolver un problema que se había comprometido a solucionar y continuar en el cargo? Y tanto que puede. Está ocurriendo. María Jesús Montero recibió en Madrid a las fuerzas políticas y sociales valencianas unidas —¡unidas!— en la plataforma Per un Finançament Just y se sinceró: no está trabajando en cambiar el modelo de financiación autonómica caducado en 2013 porque considera que es imposible llegar a un acuerdo con el PP y conseguir una mayoría en el Congreso.

La ministra de Hacienda debería haber dimitido a continuación, pero ni se le pasó por la cabeza. Tampoco la cesó Sánchez, que ni siquiera se enteró de la protesta que organizaron los valencianos por la mañana en la Carrera de San Jerónimo y que tuvo una paupérrima repercusión en los medios de ámbito nacional, pendientes de los indultos, de los indultos y de los indultos, sin olvidar el espinoso tema de los indultos. En el Telediario, eso sí, tuvieron el detalle de reservar unos segundos para hacerse eco de la concentración delante del Capitolio, a 6.000 km, en homenaje a las víctimas estadounidenses de la covid.

Montero debería haber dimitido, primero, por sus mentiras durante tres años en los que nos ha hecho creer que estaba trabajando en ello cuando, como ya suponíamos, no era una prioridad para este Gobierno. Y segundo, por tirar la toalla y declararse incapaz de solucionar el problema sin siquiera intentarlo, incumpliendo además el mandato del Congreso de los Diputados de presentar una propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica antes de fin de año. Nadie dijo que fuera fácil. Para eso están los políticos, para solucionar problemas difíciles. Una ministra puede no acertar con la solución o encontrarse con el rechazo a sus propuestas, pero no quedarse inmóvil. Si no va a hacer nada, que pongan a otro.

Dice Montero —según los asistentes a la recepción del otro día, cuyas versiones solo discrepaban en si era un jarro de agua fría o un baño de realidad— que no presentará un proyecto de nuevo modelo porque no hay consenso y porque el PP votaría en contra. ¿Cómo lo sabe, si ni siquiera ha presentado una propuesta después de haberla prometido varias veces? ¿Está segura de que el PP de Casado y de Teo García Egea votarían en contra de que Murcia y Andalucía mejorasen sustancialmente su financiación? Hasta la Galicia de Feijóo la mejoraría. Además, ¿desde cuándo el Gobierno de Sánchez desiste de tomar medidas cuando el PP va a votar en contra? ¿Va a dejar de indultar a los presos del procés porque no hay consenso?

Cuando Montero habla de falta de consenso y señala al PP, en realidad está pensando en ERC. Cierto es que el Govern catalán no quiere sentarse a hablar de nada con el resto de las CCAA porque busca una negociación bilateral con el Gobierno, pero que uno de los 17 afectados no quiera sentarse no puede perjudicar a todos. Si el PSOE pacta con el PP, no hace falta el voto de nadie más para aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica. Y vista la experiencia de Zapatero, que en 2009 aprobó el modelo vigente gracias al apoyo de ERC y con el PP en contra, mejor que busque el consenso con los populares que con los nacionalistas.

La ministra de Hacienda tenía el trabajo muy avanzado cuando Sánchez llegó a La Moncloa hace tres años. El Comité Técnico Permanente nombrado por su predecesor, Cristóbal Montoro, y formado por expertos de todas las CCAA, planteó la solución en un informe y, posteriormente, las 15 CCAA de régimen común más Ceuta y Melilla enviaron sus respectivas propuestas de nuevo modelo a petición del ministro, que se comprometió a presentar, a continuación, la del Gobierno. Fue a finales de 2017 y esa propuesta gubernamental nunca llegó. El estallido del problema catalán y el hecho de que Montoro viera complicado llegar a un consenso con el PSOE —como ahora, pero al revés— hizo que retrasara el que iba a ser el paso definitivo para comenzar la negociación, entre airadas protestas del president Puig, quien en diciembre de 2017 dijo que no iba a permitir "bajo ningún concepto" más dilaciones.

En mayo del año siguiente llegó la moción de censura en cuyo debate Sánchez le dijo a Baldoví que no tenía ninguna intención de resolver el problema de la financiación autonómica en esa legislatura. Y cumplió su palabra.

En la siguiente legislatura, iniciada en enero de 2019, Sánchez logró el voto de Compromís en la investidura gracias a que sí se comprometió a presentar una solución en ocho meses. A continuación, delegó en Montero la ingrata tarea de dar largas, falsas promesas y nuevos plazos a cambio del voto cada vez más insostenible de Baldoví. Hasta el pasado miércoles, cuando se sinceró ante los atónitos representantes de Per un Finançament Just.

Cabe reseñar que la ministra Montero es muy consciente de que los valencianos tenemos una financiación injusta. Lo ha dicho en público y en privado y ha tratado de compensarlo por la puerta de atrás, con repartos adicionales donde nos tocaba más parte del pastel, parches que están muy lejos de compensar los 1.300 millones de euros anuales en los que la Generalitat y los expertos cifran la infrafinanciación. Por eso es decepcionante que ahora tire la toalla. Por eso debe irse y que se ocupe otra persona.

O bien, que le pase el marrón a Miquel Iceta. ¿A qué se dedica el ministro de Política Territorial? En 2016 Rajoy decidió desgajar del Ministerio de Hacienda el departamento de Política Territorial, que se ocupaba del dinero de las CCAA con Beteta al frente y que se convirtió en Ministerio dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría. Sin embargo la parte de la financiación autonómica se quedó en Hacienda. Sánchez repitió el esquema en 2018. ¿Por qué no se ocupa Iceta de la financiación autonómica, que es un problema más territorial que hacendístico? Hacienda es el ministerio encargado de elaborar presupuestos, de ejecutaros, de controlar la disciplina presupuestaria de las CCAA, de los fondos europeos, de la política fiscal y de perseguir con desafuero a los contribuyentes que tratan de cumplir sus obligaciones (como ha hecho recientemente con la EMT, que tiene razón Grezzi, que no hay derecho a que un día se levante un inspector con necesidad de alcanzar su bonus, reinterprete la ley en beneficio de la Agencia Tributaria, te presente una liquidación y, si no estás de acuerdo, a pagar y a recurrir a los tribunales).

El Ministerio de Hacienda tiene muchas tareas, pero el reparto del dinero entre las administraciones estatal, autonómica y local y las reglas de distribución entre las CCAA fijadas en una ley orgánica es una cuestión de Política Territorial. De hecho, dejándole el muerto a Montero se produce el mismo efecto contraproducente que con Montoro, y es que la solución, la única solución al problema que nos ocupa, según el consenso de los expertos que redactaron el informe final dirigido al Gobierno, pasa por aumentar la dotación de los recursos de las CCAA, lo que significa más dinero para el conjunto de las autonomías y menos para la Administración General del Estado. Y claro, la ministra a eso no quiere jugar. Si ya le está costando soltar los 2.500 millones de IVA que el Supremo le condenó a pagar a las CCAA en abril, a buenas horas va a presentar una propuesta que solo sería viable si cediera al menos 13.000 millones —según calcularon los expertos en su día— a las autonomías.

Puig, al que la ministra también engañó en marzo cuando le prometió que iba a "agilizar" la reforma, estuvo con Iceta el jueves, pero es probable que hablaran más de los indultos que de financiación autonómica. Si decepcionante fue Montero el martes, no lo fue menos el president defendiéndola en Les Corts. Se nota cuando los que gobiernan "son de los nuestros" y cuando no lo son. En las jornadas del Cercle d’Economia en Barcelona, Feijóo y Moreno Bonilla fueron más insistentes que nunca en la reforma del modelo mientras Puig parecía estar más interesado en hablar de la reforma fiscal y de federalismo. Y Mazón, claro, no va a desaprovechar la ocasión.