MADRID (EFE). La Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio oral contra la antigua cúpula de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable, con la práctica de nuevas pruebas testificales. Según señalaron a Efe fuentes jurídicas, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal tomará declaración a más de una decena de personas vinculadas a la entidad en la época de los hechos, entre los que se encuentran apoderados de la caja, auditores, abogados y actuales cargos del Banco Sabadell, que se quedó la CAM por un euro tras la intervención del Banco de España.
En el listado de testigos, que es revisable hasta este mismo lunes, aparecen también directivos de Crédito Inmobiliario, firma hipotecaria mexicana adquirida en 2009 por el Grupo Caja Mediterráneo. El tribunal que preside la juez Ángela Murillo reanudará así la vista oral contra la antigua cúpula de la entidad dos semanas después de la intervención de los testigos peritos del Banco de España, que señalaron a las refinanciaciones de créditos ejecutadas desde 2009 como principal causante del deterioro, y destacaron la responsabilidad de un área de riesgos "comparsa del comercial".
La Fiscalía Anticorrupción solicita las penas de siete años y medio de cárcel y multa de 180.000 euros para los dos ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, y el ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, en calidad de autores. En su escrito, considera que éstos, a pesar de ser "conscientes de las dificultades que atravesaba la entidad y del alto grado de probabilidad de que el resultado fuera negativo en 2010", pusieron todos sus recursos para lograr unos resultados "artificialmente positivos".
Dicho relato identifica como principal mecanismo para incrementar los beneficios «ficticiamente» la titulización de activos mediante la "irregular contabilización" de cuatro operaciones, que permitieron reflejar 65 millones de beneficio en vez de unas pérdidas de 1.136 millones. También se encuentran acusados el ex director de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa, para quienes el Ministerio Público solicita un año y dos meses de prisión y 9.000 euros de multa, así como el ex director general de Recursos Vicente Soriano, que se enfrenta a la petición más baja, diez meses de cárcel.
El fiscal exime de culpabilidad al expresidente de la caja Modesto Crespo, para quien sin embargo el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) pide nueve años de prisión. También otras acusaciones particulares, como la de los afectados por las cuotas participativas, piden penas de prisión para el expresidente, que aseguró ante el juez en la primera sesión de la vista que no tenía "conocimientos financieros".
La de hoy será la primera de las cinco sesiones programadas para esta próxima semana. Al igual que las acusaciones particulares, el fiscal reclama que se indemnice a quienes compraron cuotas participativas comercializadas entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese mismo año, fecha en la que la entidad fue intervenida.
Roberto López Abad, exdirector de la caja, durante su declaración en el jucio. Foto: EFE
