El bipartito oriolano dará en el pleno de este jueves el visto bueno a la urbanización de Cala Mosca

ORIHUELA. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela, formado por Partido Popular y Ciudadanos darán este jueves el visto bueno a la modificación del Plan Parcial de Mejora del sector D-1 “Alameda del Mar”, esto es, el último kilómetro de costa sin urbanizar de Orihuela y conocido como Cala Mosca. Se someterá a debate y votación en el pleno ordinario de este jueves –correspondiente a agosto- y contará con los votos a favor de PP y Cs, y el rechazo de la oposición.  Así se evidenció en la comisión informativa de este lunes.

No es la primera vez que trata de llevarse a pleno. En julio, protagonizando una situación poco común, Cs –quien ostenta la concejalía de Urbanismo- como proponente decidió abstenerse en la propia votación de su propuesta en la comisión informativa después de que su socio de gobierno, y mayoritario, del PP, decidiera no votar a favor alegando que precisaba de tiempo para estudiar los últimos informes que se acababan de registrar en el Ayuntamiento. De este modo, el dictamen resultaba desfavorable, y aunque no es requisito indispensable para debatirse en pleno, el alcalde decidió no incluirlo en el orden del día.

El proyecto de la constructora del grupo Gomendio contempla la construcción de 2.274 viviendas en el último espacio de la costa oriolana sin urbanizar. El rechazo social de grupos ecologistas, partidos de izquierdas y asociaciones de vecinos viene de lejos, tanto como el inicio de este proyecto urbanístico hace años. El grupo municipal de Cambiemos viene denunciando que la tramitación del proyecto está avanzando con informes desfavorables. Su posicionamiento lo centran en los informes y respuestas de la Unidad de Carreteras de Alicante, dependiente del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Alertaba el ente en un informe de septiembre de 2020 de las consecuencias a modo de saturación tanto en el plano acústico como de tráfico.

En julio de este año, en otro escrito dirigido al Ayuntamiento recordaba que las consideraciones reflejadas en ese informe de septiembre obedecían a un carácter preceptivo y vinculante. También añadía que el Ayuntamiento carece de la posibilidad de disentir del contenido de ese informe  y que de hacerlo y ante una aprobación definitiva de la modificación del plan de Cala Mosca se trataría como nulo de pleno derecho y el Ministerio, alertaba que actuaría promoviendo las vías legales pertinentes.

El promotor respondió a ese escrito, y hace unos días, recibía, también el Ayuntamiento, la contestación de la Unidad de Carreteras. El organismo remarca que resulta inviable la consideración del promotor de que la N-332 –sobre la que se apoya el proyecto- sea eje vertebrador de la movilidad local, ya que “choca frontalmente con la ley de carreteras vigente y resulta inviable en una carretera estatal”. También califica de “inadmisible pretensión” que el promotor pretenda que los procedimientos que se están tramitando sean informados en base a la normativa que estaba vigente cuando se aprobó el Plan Parcial, en mayo de 1995. En ese caso, añade, implicaría “petrificación del ordenamiento jurídico”.

El promotor también hace responsable en su escrito a la administración, indicando que “se ha de efectuar una advertencia expresa de responsabilidad patrimonial imputable para el supuesto de que con su actuación impida el desarrollo urbanístico de la UE-2 del Sector D-1 Alameda del Mar”. Carreteras le responde indicando que “esa afirmación no se sostiene”. Argumenta que la Administración no impide el desarrollo urbanístico de ese sector, “simplemente recuerda los condicionantes legales que debe respetar dicho desarrollo”. El concejal de Cambiemos, Javier Gracia, según su posicionamiento, considera que el gobierno local está haciendo más caso a los escritos “interesados” del promotor, que a informes del Ministerio de Transportes. También ha relatado que el edil de Urbanismo, José Aix, no había incorporado al expediente el último informe de Carreteras alegando, según relata Gracia, por tratarse de una cuestión “irrelevante”. Añade Gracia que el Secretario le ha indicado que todos los informes, independientemente de la valoración sobre su relevancia deben incorporarse.

Aix afirma que las cuestiones que plantea Carreteras “no procede”, argumentando que se trata de un plan parcial aprobado hace 25 años y supondría, según expone, alterar los derechos “consolidados jurídicamente” del propietario. Además asegura que la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento queda salvaguardada si no se desarrollara el proyecto urbanístico y con la misma rotundidad asevera que están garantizadas todas las infraestructuras necesarias para el desarrollo de este sector, así como la protección de la flora y fauna que es preciso atender.

Desde el socio mayoritario del equipo de gobierno, el portavoz del grupo popular, Rafael Almagro, se ha mostrado muy molesto ante lo que califica de “hipocresía”, por parte del PSOE y Cambiemos, y de estrategia electoral. Señala que de forma “maliciosa y perversamente”, los dos grupos políticos “intentan hacer creer a la ciudadanía que se puede evitar la urbanización de Cala Mosca porque hay unos informes que piden subsanar deficiencias”. La calificación de hipocresía la sustenta con la enmienda presentada por el PSPV –el 12 de julio- a la Proposición no de Ley sobre el rechazo a la ejecución del proyecto de urbanización de Cala Mosca presentada por Unides Podem. En esa enmienda, el grupo socialista en Les Corts insta al Ayuntamiento de Orihuela a que “proceda urgentemente” a acordar la aprobación definitiva de la modificación del Plan Parcial D-1 Alameda del Mar.

Almagro ha señalado que “es demasiado tarde para plantear que la urbanización se puede detener. Es algo que comenzó en 1990 y estamos bajo ese paraguas normativo, aunque a casi nadie nos agrade”. Añadiendo que tener un plan general más reciente tampoco vendría a solucionar esta cuestión una vez que ya fue aprobado en los años noventa. Asegura también que la propuesta de acuerdo elevada al Pleno recoge la obligatoriedad por parte del urbanizador de cumplir las condiciones que se marcan y que vienen a ser las establecidas por la normativa vigente.