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ha contratado a un abogado para que haga informes 

El PP de Santa Pola estudia dejar de ejercer la acusación penal en los escándalos judicializados

5/10/2019 - 

SANTA POLA. El nuevo equipo de gobierno de Santa Pola, del PP, quiere saber cómo actuar ante las causas penales que inició el anterior Gobierno municipal (formado por PSPV, Compromís, EU, Podemos y dos ex Cs) y analizar, en cada caso, si debe seguir como acusación particular por la vía penal en las causas judiciales abiertas, como sucede en la actualidad, o buscar el resarcimiento económico por la vía civil. No se trata de cuestiones menores: son casos como los uniformes de la Policía Local; el derrumbe del colegio Hispanidad; o el alquiler de la Clínica de Gran Alacant, entre otros, que centraron parte del mandato pasado, y que tienen a varios ex concejales del PP o la actual cúpula de la Polícia Local con la condición de investigados.

De esta manera, la alcaldesa, Loreto Serrano, ha anunciado este jueves que el ayuntamiento ha contratado un abogado independiente, Fernando Coves Botella, "especializado en derecho penal, en derecho administrativo, y urbanístico", con el objetivo de que determine si en las causas penales en las que se encuentra personada el Ayuntamiento de Sana Pola, se mantiene como acusación particular o bien como perjudicado a los efectos de solicitar responsabilidad civil.

Serrano ha justiciado esta decisión en aras a a la transparencia: "Queremos ser claros con los ciudadanos y para ello para que exista la mayor objetividad e imparcialidad se acude a estos procedimientos a un profesional con amplio conocimiento en la materia, ya que la materia es penal pero también administrativa", ha explicado. 

El propio letrado ha comentado que su labor consistirá en elaborar "un estudio profuso en las materias, en los procedimientos y, determinar si hay causa penal para que el Ayuntamiento de Santa Pola, continúe empleando recursos ejerciendo la acusación, o si simplemente ha de personarse como perjudicado a efectos de resarcimiento económico mediante la acción civil".

En esta misma comparecencia pública, el propio Coves Botella ha adelantado que en procedimientos penales como el caso de los uniformes, o como el del Convenio Urbanístico del CJ-5 -por el que se reclama el pago de liquidaciones por unas plusvalías- se ha utilizado "la denuncia penal de forma política, cuando se trata de temas de derecho administrativo y de derecho urbanístico, que, desde el punto de vista técnico, aconsejarían en todo caso mantener al ayuntamiento como perjudicado civil a efectos de reclamarse algún perjuicio por el ayuntamiento. A juicio del abogado, han de ser resueltos desde ese punto de vista desde el derecho administrativo, y en ningún caso desde el derecho penal sin necesidad de emplear recursos innecesarios para el Ayuntamiento de Santa Pola.

¿Qué casos están judicializados en estos momentos?

Actualmente, hay cuatros casos en los juzgados de Elche: dos corresponde a la adjudicación de los uniformes de la Policía Local y Protección Civil; está el caso de las responsabilidades en el derrumbe del colegio Hispanidad y el alquiler de la Clínica Gran Alacant. En todos ellos, el anterior equipo de gobierno no fue a la vía judicial en primer instancia; sino que la documentación se remitió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría de la Policía Nacional de Alicante, quien, tras la pertinente investigación, presentó denuncia en los juzgados de Elche. Actualmente, las causas están de la siguiente manera: 

  1. 1)  En junio de 2017, salió a la luz la supuesta trama de los uniformes de la Policía Local de Santa Pola, que se saldó con la detención de la cúpula del cuerdo, con el intendente José Miguel Zaragoza, hermando del ex alcalde; el oficial Roque Alemañ Bonet y los ex concejales Antonio García Huerta y Andrés García Baile, y los responsables de dos empresas suministradoras de uniformidad, Gil de los Ríos y Uniformes Riera. El caso se dividió en dos causas, una por cada empresa, aunque con un nexo común en los implicados. Ahora, una de las causas está a punto de ser juzgada, y el Ayuntamiento de Santa Pola -gobernado por el PSOE-, como acusación particular, en calidad de perjudicado, ya elevó sus conclusiones provisionales (entonces, el abogado era Carlos Peñarrubia): consideraba que en las irregularidades en la contratación y recepción de los uniformes puede existir un delito de continuado de fraude, de prevaricación y de falsedad de documental.

    Por todo ello, solicitaba tres años de prisión para el intendente de la Policía Local, José Miguel Zaragoza y a los ex concejales Antonio Pérez Huerta y Andrés García Baile, además de 8 años de inhabilitación para cargo público. A ambos se les acusa de los tres delitos. Al oficial Roque Alemañ Bonet se les acusa de un delito de fraude y prevaricación y, por ello, lo se le piden dos años de prisión, y 16 años de inhabilitación para inhabilitación de empleo o cargo público. Los otros tres acusados son Antonio Folgado Mateu, Antonio Gil Moreno y Mario Gil Moreno, de las empresas Gil de los Ríos e Isignia. A los dos primeros se les acusa de fraude y falsedad documental, y se les reclama tres años de prisión, y a Mario Gil, de fraude, y se le piden dos años y un día de prisión. Faltaría la otra causa, referida a la empresa Uniformes Riera, de Redován.

  2. 2) Se investiga el alquiler de una dependencias municipales a la Clínica Gran Alacant a cambio de un canon que nunca se pagó y que, además, fueron contratados familiares de cargos del PP, entre ellos, la hermana del ex alcalde, Miguel Zaragoza. Como en su día, entre las investigadas estaba la diputada Loreto Cascales, la causa pasó al Tribunal Supremo por su condición de aforada. Ahora, deberá volver al juzgados número dos de Elche. La instrucción está finalizada.

  3. 3) Colegio Hispanidad. Otro juzgado de Elche tiene abierta otra causa, la del colegio Hispanidad, donde se produjo en hundimiento de una aula de Primaria, lo que causó 10 heridos en enero de 2013. El pasado 5 de marzo de 2019, el juzgado número tres de Elche requirió al consistorio que remitiera los informes sobre posibles obras o reformas que se hicieron en el citado colegio público. Y lo hizo a instancias de la entonces concejala de Urbanismo, Lola Gadea, del PP, una de las investigadas, que lo solicitó con el fin de demostrar que fue diligente en el ejercicio de sus competencias. Además de ella, hay otros dos técnicos investigados.




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