El Consell divide la Ciudad de la Justicia de Alicante en dos fases: licitará sus obras en diciembre 

ALICANTE. La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ajusta las condiciones para la construcción de la llamada Ciudad de la Justicia de Alicante: el nuevo edificio que agrupará a los órganos judiciales de la ciudad frente al actual Palacio de Justicia de Benalúa. Salvo futuro cambio de criterio, el departamento autonómico que dirige Gabriela Bravo pretende ejecutar la construcción del nuevo complejo en dos fases para acompasar su financiación en más de una anualidad, toda vez que se prevé que su coste pueda superar los 52 millones.

Esa división en la programación de las obras queda reflejada en la propuesta de modificación puntual del Plan de Reforma Interior (PRI) de la parcela sobre la que se situará el edificio, registrada en mayo y expuesta ahora a la preceptiva fase de consultas entre administraciones hasta finales del mes de agosto. A partir de entonces, será el Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Urbanismo, la que supervise la propuesta antes de elevarla al pleno para su aprobación, sin que se requiera tramitar una modificación puntual del Plan General (con plazos más largos) como se había barajado inicialmente. 

La conselleria y el Ayuntamiento se conjuraron en enero para que el futuro edificio dispusiese del espacio necesario para albergar los juzgados actuales, así como la reserva suficiente para atender futuras necesidades. Así, las dos administraciones concertaron el impulso de esa modificación urbanística (la tercera desde que se aprobó el PRI, en 2004) con la intención de que la nueva edificación pudiese ganar alturas. En concreto, el solar en el que se proyecta su edificación, de 5.561 metros cuadrados, pasará a admitir planta baja más 7 plantas (sin entreplanta). Es decir, tres plantas más de las contempladas hasta ahora (con planta baja y entreplanta) en un ámbito en el que el Plan General llega a admitir hasta 10 elevaciones.

La programación con la que trabaja Justicia contempla que el concurso para adjudicar la construcción de la primera fase del complejo (todavía por concretar) pueda convocarse antes de que finalice este año. Para ello, debe concluirse la redacción del proyecto de ejecución, en cuanto el ayuntamiento dé su visto bueno a la ampliación de alturas que conlleva la modificación del PRI. El diseño arquitectónico del edificio y la dirección de obra quedó en manos de Ayesa, con un presupuesto próximo a un millón.

De acuerdo con las previsiones dadas a conocer hasta ahora por Justicia, el nuevo complejo está destinado a albergar las dependencias del Registro Civil, el juzgado de guardia, el Instituto de Medicina legal (IML), 13 juzgados de Primera Instancia, 9 de Instrucción, otros 9 de lo Penal, 3 de Menores, 2 de Violencia sobre la Mujer, la sede de la Fiscalía, los gabinetes psicosociales, la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, salas de vistas, espacios de usos complementarios, los colegios de abogados y procuradores, calabozos, archivo, aparcamiento y las dependencias para los servicios de Seguridad y Guardia Civil. 

Al margen de la construcción del nuevo complejo, Justicia también prevé con posterioridad la reforma del actual Palacio de Justicia de Benalúa con una inversión adicional de 24 millones de modo que pueda convertirse en un edificio reservado para el desarrollo de actos institucionales o sede de la biblioteca, por ejemplo.