EL CAMPELLO. El Ayuntamiento de El Campello no puede conceder la licencia de obra que FCC Medio Ambiente S.A. solicitó por registro el pasado 3 de febrero con el objetivo de modificar la planta de tratamiento integral de residuos ubicada en el municipio. Fue el lunes 11 de mayo cuando el Consistorio se pronunció oficialmente para rechazar la concesión de la licencia de construcción, alegando una falta de especificación en el proyecto e instando a la empresa a presentar la documentación "que se estime necesaria para subsanar las deficiencias observadas".
Y es que, entre otros vacíos documentales, FCC no aporta el proyecto de ejecución de la obra, así como tampoco especifica las medidas para la protección del paisaje local, la señalización y el funcionamiento de la pasarela para visitas o el informe favorable de un Organismo de Control Autorizado (OCA) independiente que supervise el cumplimiento de la normativa contra incendios, entre más cuestiones. Además, el cumplimiento de lo estipulado en el informe técnico "constituye un requisito necesario para la prosecución de la tramitación", exige la respuesta del Consistorio campellero.
La resolución ante la licencia de obra deja al interesado (FCC Medio Ambiente S.A.) un plazo de un mes para presentar alegaciones o dos meses para interponer un recurso contencioso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante. En el caso de que la empresa presentara la documentación requerida, se ajustara a las condiciones del informe técnico y cumpliera con todos los parámetros, fuentes del Ayuntamiento garantizan que "sí otorgaríamos la licencia", una situación que "se está estudiando por los Servicios Técnicos".
Las obras que se aprobaron en la última junta general del Consorci Mare (quien se encarga del Plan Zonal de Residuos 6, anteriormente denominado Plan Zonal XV) contaban con un presupuesto de 18 millones de euros. Pero la reciente negativa del Ayuntamiento de la ejecución de las obras del vertedero de El Campello se presenta contraria a la decisión de la Generalitat, quien aprobó el viernes 8 de mayo modificar la Autorización Ambiental Integrada (AAI).
Sin embargo, las obras en las instalaciones de Les Canyades (donde se ubica el vertedero) se quedarían desfasadas incluso antes de ejecutarlas, ya que se fundamentan en el Plan Integral de Residuos (PIR) de 2013 y en las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) de 2016, ambas anteriores a las actualmente vigentes. La legislación ha cambiado, con un PIR que data del pasado 2019 y una AAI aprobada -aunque no con carácter definitivo- hace un mes. Con esto, podría darse la paradoja de que la nueva AAI -la cual se encuentra en exposición pública- cambiase los requisitos que demanda la ley actual y quedase, por tanto, desfasada la actuación.
Ante la reciente modificación de la AAI realizada por la Generalitat, el grupo municipal de Esquerra Unida El Campello se posiciona contrario: "Desde la formación planteamos que debe existir un PIR en el que, como mínimo, se cuente con dos plantas, una para la Marina Baixa y otra para la Marina Alta, así como la necesidad potenciar la red de ecoparques para que no llegue tanto rechazo a las plantas y puedan contar con un mejor tratamiento", manifiesta el portavoz de EU, Pedro Mario Pardo. Y comunica que tanto su formación política, como Ecologistas en Acción y la Asociación de Vecinos Afectados están "estudiando recurrir a esta modificación con la presentación de un recurso de alzada".
Desde su apertura en 2009, la planta de residuos y vertedero de El Campello (que da servicio a este municipio y a los pertenecientes a la Marina Alta y la Marina Baixa) lleva causando molestias al vecindario de la zona donde se ubica. Tanto es así que los nueve primeros meses de 2019 se registraron 456 quejas de los y las habitantes de la zona norte del municipio, de las cuales en 332 casos la Policía Local confirmó que el olor era fuerte o muy fuerte y persistente.
En el Plan de Gestión y Explotación de las instalaciones se manifiesta de forma clara que "las emisiones de la actividad estarán libres de olores a niveles que puedan causar contaminación fuera de la instalación y generar molestias en los núcleos habitados más próximos". Y, además, para asegurarse de que se cumpla con esta medida, se establece que "se realizará una evaluación anual de la molestia por olores generados por la planta".