Debate interno en el PSPV sobre las posibilidades de sortear el referéndum del Estatut

VALÈNCIA. El desbloqueo en el Congreso de la reforma del Estatuto de la Comunitat Valenciana hecho público esta semana ha sacudido a las fuerzas que lideran el Consell del Botànic. La reactivación del documento en la Cámara Baja puede precipitar su aprobación en un plazo relativamente corto y, en última instancia, el texto caminaría hacia un referéndum que debería celebrarse en un plazo de seis meses desde la luz verde del Congreso. 

Una circunstancia que preocupa especialmente en el entorno del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Dos son los motivos principales por los que un referéndum en los próximos meses no es plato de buen gusto para los socialistas valencianos: el primero y más importante, la más que probable baja participación en una consulta de estas características a la ciudadanía. El segundo, tampoco nada desdeñable, el alto coste que supone un proceso de estas características y que el anterior gobierno del PP cifró en unos 8 millones de euros.

Con estos mimbres, varios referentes socialistas tanto del grupo parlamentario como del entorno de Puig, han dejado entrever la necesidad de estudiar si la reforma debe ser obligatoria o no. Así, uno de los argumentos a los que se aferran algunos dirigentes es que la modificación acordada se limita a una disposición adicional. Cabe recordar que la variación en concreto consiste en que las inversiones del Estado en la Comunitat sean equivalentes al peso de su población, una prerrogativa que fue impulsada por el PP cuando todavía Francisco Camps era presidente de la Generalitat que salió adelante en su día con respaldo mayoritario en Les Corts Valencianes.

En este sentido, determinados activos socialistas apuntan a que la reforma, al limitarse únicamente a la citada disposición adicional y no afectar al articulado, no necesitaría obligatoriamente de un referéndum para salir adelante. Una posición que no comparten varios expertos en Derecho Constitucional consultados por este diario, que consideran que la redacción del artículo 81.5 del Estatut ofrece pocas dudas.

“La aprobación de la reforma por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, incluirá la autorización del Estado que la Generalitat convoque un referéndum de ratificación de los electores en un plazo de seis meses desde la votación final en las Cortes Generales. El referéndum podrá no convocarse en aquellos casos en que la reforma sólo implique ampliación de competencias”, reza el citado artículo. Sobre esto, las citadas fuentes subrayan que la reforma pendiente de aprobación en el Congreso no supone una ampliación de estas características, por lo que el referéndum resulta obligatorio.

Así pues, desde el Consell se mira de reojo al Congreso para ver con qué celeridad se trata ahora una reforma que ha sido aplazada un total de 47 veces en la Cámara Baja. Un desbloqueo anhelado durante años pero que, ahora, ha cogido posiblemente en el peor momento posible al Ejecutivo valenciano. El proceso en ciernes se dirige al paso por la Comisión Constitucional donde se abordarán las enmiendas –se han presentado dos, una por parte de Unidos Podemos y otra de Ciudadanos de carácter más bien formal- y se concluirá con un dictamen que deberá ir al Pleno. 

El temor en el Gobierno valenciano es de que la aprobación se realice de forma inminente lo que, si no progresa ningún subterfugio legal para evitar el referéndum, aboque al Ejecutivo de Puig a enfrentarse como tarde en la recta final de 2018 a una consulta, por así decirlo, en medio de la nada, y en la que la movilización resultaría muy complicada dado el desconocimiento de la ciudadanía de este cambio estatutario. Otra solución iría dirigida a que se aprovechara el referéndum para una maniobra más compleja basada en un adelanto de las elecciones autonómicas.