Anticorrupción acusa a Alperi y Castedo de adaptar el urbanismo de Alicante al interés de Ortiz

ALICANTE. La Fiscalía Anticorrupción ratifica la integridad de su acusación frente a los nueve procesados por el supuesto amaño del Plan General de Alicante, investigado en el marco del llamado caso Brugal, en la línea del avance anticipado este lunes, durante la última sesión de audiciones y presentación de la prueba documental. En la exposición de su informe de conclusiones, su titular, Felipe Briones, ha sostenido que "la mayor verdad" que, a su juicio, ha quedado demostrada a lo largo de la instrucción de toda la causa es que en los hechos analizados se ha incumplido el precepto legal recogido en el artículo 3 de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) en el que se establecía que la regulación del urbanismo es una función pública, lo que implicaría que, en este caso, la participación activa de los dos exalcaldes enjuiciados, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, habría vulnerado ese principio en favor de los intereses del empresario Enrique Ortiz. 

En esta línea, Briones ha sostenido que Ortiz y sus empleados tuvieron acceso directo al arquitecto responsable de la redacción del que debía convertirse en el nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad, Jesús Quesada, a quien, gracias a la intervención de los dos exdirigentes políticos (Alperi y Castedo), pudo marcar las pautas que le favoreciesen y "minimizar" lo que no podía beneficiarle en la elaboración de ese futuro Plan General antes de que sus trabajos se entregasen a la Gerencia de Urbanismo. Así, a juicio del fiscal, contraviniendo la obligación de privacidad a la que quedaba ligada Laboratorio de Proyectos (la empresa de Quesada) como contratista de la redacción del PGOU, se fraguó la ordenación de nuevo planeamiento urbanístico de Alicante "al interés de Ortiz en aquellos suelos de los que ya era propietario con antelación o a otros en los que podía acometer la adquisición ventajosa de terrenos". En esta línea, según Briones, se habría roto el principio de neutralidad exigible al Ayuntamiento y a sus responsables políticos en la elaboración del PGOU.

Ese trato de favor habría quedado probado a partir de las citas y reuniones celebradas entre los investigados entre 2008 y 2009 en lugares en los que se buscaba privacidad, así como en la relación de amistad personal previa existente entre Ortiz, Alperi y Castedo, como se ponía de manifiesto en el "timbre de voz" de las conversaciones intervenidas por los investigadores. Así, ese trato ventajoso al promotor se habría producido a cambio de la relación de dádivas que se apunta en el sumario y que la Fiscalía ha considerado probadas en su integridad, pese a todos los argumentos en contra esgrimidos por las defensas. Ese listado de regalos abarcaría desde los viajes pagados a Ibiza, Creta y Andorra, hasta la entrega de viviendas a los hijos de Alperi, o de un vehículo modelo Mini Cooper, pormenorizados por Briones de manera detallada.

Por partes. En una larga exposición, el fiscal se ha referido en primer término a cuestiones estrictamente de carácter procesal, como la defensa de la integridad de las grabaciones captadas por la Policía en los que se sustenta buena parte de la investigación. Al respecto, ha sostenido que el sistema Sitel de almacenamiento de esas escuchas telefónicas del que dispone el Ministerio del Interior es el que garantiza su conservación sin posibilidad de manipulaciones. En esta línea, ha apuntado que el requisito de la firma digital sobre cada una de esas conversaciones sería "una garantía complementaria" que "no era precisa". Además, ha apuntado que, en cuanto se comenzó a aplicar esa firma, la Policía procedió a estampar ese sellado digital en todas las grabaciones anteriores que se había realizado en el conjunto de las investigaciones desarrolladas en España. Esa circunstancia, según ha explicado, justificaría la supuesta irregularidad argumentada por las defensas respecto al retraso en la implantación de esa firma.

También se ha referido a la supuesta manipulación del CD aportado por el empresario oriolano Ángel Fenoll con el que se dio origen al caso Brugal, en 2006, del que se acabaron separando una veintena de investigaciones relacionadas con hechos diferentes. Al respecto, ha apuntado que los CD en los que se contenía esa grabación facilitada por el propio Fenoll en los que se basó la denuncia inicial de la Fiscalía fueron custodiados por el propio juzgado y no coinciden con el contenido analizado por los peritos de las defensas, que fueron facilitados por terceros. Además, Briones también ha considerado indiciario el hecho de que los exalcaldes se negasen a responder a las preguntas de todas las acusaciones, o al menos, a las acusaciones particular y popular que ejercen el Ayuntamiento de Alicante y la agrupación local de Esquerra Unida (EU).

Respecto a la forma en la que se canalizó ese supuesto trato de favor en beneficio de Ortiz, Briones ha enfatizado, por ejemplo, en el contenido del denominado informe Bankia, recogido en el sumario, en el que se concluye que el empresario adquirió suelos con la previsión de que iban a recalificarse o que iba a lograr compensaciones con su adscripción posterior a zonas urbanizables, mediante la constitución de sociedades ad hoc que contaron con financiación de entidades de crédito como las extintas Bancaja o CAM, y que, después, vendió parte de los títulos de esas empresas a esas mismas entidades de crédito obteniendo importantes plusvalías. "Ahí está el negocio; el hecho de que al final esos cambios de planeamiento no entrase en vigor no era relevante", ha asegurado.

Además, ha subrayado que en la delimitación del llamado coeficiente K por el que se regulaba esa compensación de suelos respecto a los terrenos que iban a quedar recogidos en el PGOU como zona de parque natural se acordaron en favor de los intereses del constructor, sin que para ello existiese ningún informe de valoración económica de esos suelos, en desarrollo de una "práctica abitraria", y asignando más valor a unos terrenos que a otros, "favoreciendo las posiciones de Ortiz" y contribuyendo a que obtuviese "grandes plusvalías". Es más, el fiscal ha subrayado que Ortiz llegó a ofrecerse para conseguir que se atendiesen las peticiones de otros empresarios en el nuevo planeamiento, al disponer de línea directa con Castedo y Alperi.

De igual modo, Briones se ha referido a la propuesta de remodelación sobre el estadio José Rico Pérez en una operación que ha calificado como fruto de un pacto previo por el que se convino su compra, en 2007. Según el fiscal, la sociedad Aligestión, participada por Ortiz, se hizo con el estadio del Hércules para que se tramitase su recalificación de común acuerdo previo con Castedo, primero como concejal de Urbanismo y después como alcaldesa, y con Alperi, primero como alcalde y después como diputado autonómico, aunque -según ha añadido- siguió estando al frente de las negociaciones sobre el nuevo planeamiento de la ciudad.

En esta línea, ha recalcado que nunca se llevó a cabo las reparaciones comprometidas en el estadio, por valor de más de 4 millones, puesto que se confiaba en lograr esa recalificación para llevar a cabo un proyecto en el que se incluía zona comercial y hotelera. Además, ha sostenido, en relación a esa propuesta, que se le trató de dar cabida a través de la redacción del nuevo Plan General, y no como un Plan de Reforma Interior (PRI), independiente, para satisfacer el interés del promotor cuando se trataba de una iniciativa privada asumiéndola como si se tratase de una actuación pública. Según Briones, a esa circunstancia se refirió Castedo en la conversación captada por los investigadores en las que la exregidora le comunicaba a Ortiz que le habían "apañado" tanto una situación referida al desarrollo de una franja de suelo existente entre el APA 9 y Lomas del Garbinet como por lo que respecta al plan del Rico Pérez.

Briones ha recalcado que la investigación prueba las relaciones personales de amistad entre los tres principales procesados (Ortiz, Alperi y Castedo), puesto que -además de episodios en los que ha enfatizado, como el de la fiesta "con marisquito" celebrada en el yate de Ortiz para celebrar el archivo del caso sobre la adjudicación irregular de tres aparcamientos municipales-, los tres procesados compartieron reuniones en domicilios particulares, además de los diversos viajes que figurarían en ese listado de obsequios concedidos por el constructor como contraprestación por la supuesta información privilegiada recibida. 

Así, ha especificado una por una esas supuestas dádivas. Los viajes a Ibiza en el yate de Ortiz, del que ya este lunes se adelantó una rebaja en su valoración; los gastos de las estancias en Andorra, de los que según el fiscal, no ha quedado probado que fuesen abonados efectivamente por Castedo; el viaje de Alperi a Creta que, según Briones, se pagó a través de un préstamo de 36.000 euros cubierto por uno de los representantes de las empresas de Ortiz en Valencia; o la "simulación" de la venta de viviendas de los hijos de Alperi en la urbanización Marina Golf del PAU 5. 

También se ha referido al vehículo modelo Mini Cooper, valorado en 13.400 euros, cuyo pago a Ortiz tampoco habría quedado debidamente acreditado por parte de Julia Castelló (amiga personal de Castedo); la contribución de Ortiz de 30.000 euros en la empresa de soportes publicitarios creada por uno de los hijos de Alperi, de los que, según ha dicho, tampoco consta documentada su devolución; además de las entregas de dinero en metálico a Alperi que se habrían formulado a través del empresario Antonio Solana o mediante la simulación de trabajos realizados entre empresas vinculadas a Ortiz relacionados con la construcción y puesta en funcionamiento del Hospital Elche-Crevillent. Y por último se ha referido a otras prebendas, como la posibilidad de dar trabajo a las personas recomendadas por los dos expolíticos. Al respecto, ha señalado que en las ocasiones en las que se producían esas peticiones, Ortiz aprovechaba para pedir nuevas reuniones o que se atendiese algunos cambios en el planeamiento.

Por su parte, el también fiscal adscrito a Anticorrupción, Pablo Romero, que ha sucedido a Briones en la exposición de las conclusiones, se ha centrado en desglosar la acusación dirigida contra los dos abogados del despacho Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa). Sobre ambos, ha sostenido que participaron en la elaboración y en la resolución de alegaciones al Plan General, como quedaría demostrado en la documentación intervenida en sus ordenadores en los registros practicados por la Policía. Prueba de ese doble papel, según Romero, sería el acuerdo de colaboración suscrito entre la sociedad Gutiérrez y Miguélez, de Javier Gutiérrez, con Laboratorio de Proyectos, de Jesús Quesada. En esta línea, ha sostenido que tanto Gutiérrez -que trabajó como asesor de Laboratorio de Proyectos- como Castedo -que trabajaba en la Conselleria de Urbanismo-tuvieron un papel activo en las negociaciones para conseguir que los suelos del Saldadar de Aguamarga pudiesen admitir el desarrollo del proyecto de la llamada Ciudad de la Economía. Todo, además de otros asuntos como la tramitación de las alegaciones registradas en nombre del constructor ilicitano Ramón Salvador, también procesado, que alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, el pasado mes de febrero, en el que asumía haber pagado a cambio de que los terrenos de su propiedad en el Pla de Xirau se mantuviesen como urbanizables en el nuevo PGOU.

Eso sí, durante la exposición de su informe, que se ha prolongado durante más de cuatro horas (con un receso), ni Briones ni Romero se han referido de forma expresa a los tres restantes acusados, Virgilio Ortiz, Santiago Bernáldez y Pablo Rico, a los que el sumario considera intermediarios de la entrega de las supuestas dádivas recibidas por Alperi.

Por último, Romero ha solicitado al tribunal que se deduzca pieza por falso testimonio para varios de las personas que han prestado declaración como testigos durante la celebración del juicio al considerar que no habían declarado la verdad. Entre ellos, ha citado al especialista en urbanismo empleado de Ortiz, Javier Llorens; a Pedro Muguruza, el representante del Ortiz e Hijos en València, quien supuestamente abonó el coste del viaje de Alperi a Creta en representación del promotor; al empresario Antonio Solana, supuesto receptor de parte de las entregas en metálico facilitadas a Alperi; a Ángel Fenoll, quien declaró que los CD con las grabaciones que dieron origen al caso Brugal habían sido manipuladas; o al exdirigente de la extinta Bancaja, José Cortina.

Respecto a las posiciones de las defensas, anticipadas el lunes el fiscal también ha instado a que se concrete cuál sería el plazo temporal en el que se habrían producido las dilaciones indebidas alegadas por los letrados de los acusados "teniendo en cuenta que se trata de una causa compleja". Además, ha considerado que no debería admitirse como atenuante de pronta reparación del daño por el depósito de los 1,3 millones afianzados por Ortiz para cubrir posibles responsabilidades civiles, en caso de sentencia condenatoria.

El juicio prosigue este miércoles con la exposición de los informes de la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Alicante, y de la acusación popular, representada por la agrupación local de Esquerra Unida. El turno de las defensas se prolongará hasta este viernes. A partir de entonces, el proceso quedará visto para sentencia.