ALICANTE (EP/AP). Nueva sesión de la comisión municipal de fiscalización sobre las viviendas de promoción pública (VPP) construidas en Alicante, con el foco en el proceso de venta de la parcela en la que se levantaron los 140 pisos de Residencial Les Naus. En particular, en la anormalidad de premura en la que se produjo el registro de la oferta de la cooperativa que acabó convirtiéndose en compradora del solar municipal, situado en el distrito de Playa de San Juan. Así lo ha apuntado este lunes el secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), Jesualdo Ros, en su comparecencia ante la comisión, al afirmar -a preguntas de los representantes del grupo municipal de Vox- que no veía "normal" que dicha cooperativa registrase su propuesta al día siguiente de que se abriese el plazo para hacerlo, puesto que su presentación resultaba compleja. No solo por lo que respecta a la disponibilidad de un anteproyecto redactado, sino porque cualquier licitador debía aportar garantías bancarias y seguros, que no se pueden obtener en un margen de 24 horas, según ha asegurado. 

En esta línea, Ros ha asegurado que para la redacción de un proyecto arquitectónico se requiere de "mucha documentación administrativa" incluso aunque ya se contase con un proyecto similar previo, en la medida en que se deben reunir avales bancarios que pasan por los departamentos de control de riesgos. Por estos motivos, ha sostenido que "realmente es muy difícil" presentarlo en 24 horas y ha apuntado que en condiciones "normales" se tardaría "un mes" en redactarlo. De hecho, como ya ha informado este diario, la segunda propuesta de las cinco que se registraron en el proceso de enajenación no se presentó hasta doce días después de que se abriese el plazo.

De igual modo, Ros ha respondido a las preguntas formuladas por los representantes de la oposición respecto a los motivos del recurso presentado por Provía frente a la inclusión de la cláusula de anticipación como fórmula de desempate en el caso de que hubiesen dos o más licitadores que reuniesen la misma puntuación. Así, ha señalado que, a su juicio, esa fórmula "vulneraba o no garantizaba el principio de igualdad de oportunidades a todas las empresas". "Olía mal", ha incidido, ya que "la mayoría de concursos optan por sorteo en caso de empate", ha recalcado. De ahí que se decidiese registrar ese recurso contra los pliegos en un paso que también adoptó la empresa Block Arquitectura.

Esas dos impugnaciones motivaron que el equipo de gobierno -entonces compuesto por el Partido Popular (PP) en solitario- acordase paralizar el proceso y anular el concurso para someterlo a mejor estudio. No obstante, Residencial Les Naus interpuso un contencioso contra esa decisión y el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) falló a su favor, en una sentencia que conminaba al Ayuntamiento a recuperar el concurso original, manteniendo la cláusula conocida como primus in tempore como fórmula de desempate. Así, Residencial Les Naus acabó convirtiéndose en adjudicataria del suelo, aunque sin que se aplicase esa fórmula, ya que su propuesta superó en puntuación a la presentada por el Grupo Bonmatí al haber ofertado más plazas de carga eléctrica en el aparcamiento del residencial.

En todo caso, Ros también ha señalado que mantuvo reuniones con el exconcejal de Ciudadanos (Cs), Adrián Santos Pérez, como concejal de Urbanismo durante el pasado mandato, para preguntarle por qué el Ayuntamiento no llegó a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) sobre la sentencia del TSJ favorable a Les Naus, y que el expolítico le contestó que se había optado por dar prioridad a la construcción de vivienda protegida. Además, también ha indicado que, aunque no lo recuerda, "seguramente" también tuviese contacto con la edil que precedió a Santos Pérez al frente de Urbanismo, la popular Mari Carmen de España, para comunicarle su intención de presentar recurso frente al pliego del concurso.

Al tiempo, al ser preguntado por la adopción de posibles medidas de mejora de control para que no se repita la controversia registrada en el caso de Les Naus, el secretario general de Provía ha propuesto que se cuide "mucho" la adjudicación; "no" poner "más criterios de los que son exigibles"; externalizar la viabilidad, a través de un informe realizado por una consultora independiente; que el criterio de desempate sea "por sorteo"; y que mensualmente o de manera trimestral se informe al consistorio de los contratos de ventas producidos, así como de la situación e información, como si fuese "un comité". Asimismo, ha pedido a la Generalitat Valenciana que los controles que se realicen sean "proporcionados" y "ágiles". "Como promotores necesitamos reglas claras, confianza institucional y sobre todo ejecutar las obras lo antes posible", ha agregado. De esta forma, ha subrayado la "duplicidad de controles" en el proceso administrativo, en relación con la revisión de los criterios para las licencias de obra por parte de los ayuntamientos y de la Generalitat. Por ello, ha dicho que es "necesario" que se mejore en la "tramitación".

En relación con los controles para cumplir los principios de publicidad y transparencia, Ros ha abordado la relevancia de la "trazabilidad" de las adjudicaciones y ha remarcado que es "importante" que se establezca "un protocolo de actuación" para garantizarla. Y, finalmente, al ser preguntado por la adjudicación de algunas de las VPP de Les Naus al promotor y parte de la directiva, Ros ha indicado que "no" tiene "nada que objetar" en el caso de que "cumplan los requisitos", si bien ha apuntado que "aparte de ser honrado hay que demostrarlo" y que "no queda estéticamente bien".

Interventor municipal

Al margen del representante de Provía, también ha comparecido ante la comisión el interventor municipal, Francisco Guardiola, quien ya había manifestado que no podía comparecer en la fecha en la que se le había convocado con anterioridad al encontrarse fuera de Alicante en ese momento. En cualquier caso, sus explicaciones han sido más que breves (ha comparecido durante 11 minutos), en la medida en que se ha limitado a señalar que solo había participado en la fiscalización del expediente de venta del solar y que no recordaba si había puesto algún tipo de reparo. Así, ha señalado que su departamento fiscaliza más de 5.000 expedientes al año, por lo que necesitaría revisar los informes emitidos en ese proceso concreto para poder precisar si había realizado alguna advertencia.

Sea como fuere, ha señalado que, al tratarse de la venta de un solar que pertenece al patrimonio municipal de suelo, el expediente queda afectado y registrado con esa condición para que el rédito obtenido por la enajenación revierta en la compra de más suelo o en la promoción de vivienda pública. Y no ha llegado a poder explicar por qué los más de 6 millones que se obtuvieron por la venta del solar no se emplearon, como se preveía inicialmente, para pagar una compensación de más de 18 millones a la promotora Hansa Urbana pendiente de ejecutar por una sentencia a su favor.

A la reunión de trabajo de la comisión también estaba llamado a comparecer el administrador único de la mercantil Fraorgi, Francisco Ordiñana: uno de los 15 investigados en la causa judicial sobre la existencia de posibles anomalías en la gestión y venta de las VPP de Les Naus. No obstante, Ordiñana había comunicado su intención de no acudir a la comisión, dado que las comparecencias ante ese foro municipal son voluntarias. De igual modo, también han rechazado acudir dos funcionarias adscritas al Patronato de la Vivienda que también habían sido convocadas este mismo lunes con el fin de que pudiesen aportar explicaciones respecto a los procesos de venta de hasta seis parcelas municipales también destinadas a la construcción de VPP, entre ellas, el solar de la calle Ceuta, en el barrio de San Blas, en el que ya existía un proyecto de ejecución directa por parte del propio Patronato.

Análisis político

Tras la sesión, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha afirmado que el equipo de gobierno "podía haber establecido controles para hacer un seguimiento de la adjudicación de las viviendas de Les Naus", al tiempo que ha criticado que el primer edil siga "callado", ya que "rehúye todas las preguntas de los periodistas". Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha señalado que les hubiera gustado que compareciera el promotor para "aclarar, entre otros extremos, si alguno de los adjudicatarios finales había adquirido anteriormente alguna vivienda en la promoción residencial Viride".

En el caso de Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha incidido en que desde su grupo municipal insistirán en la petición de que comparezca De España, tras las declaraciones del secretario general de Provía, según ha indicado la coalición valencianista en un comunicado. De España, concejala del PP en el equipo de gobierno actual, ya fue llamada a comparecer en la cuarta sesión ordinaria de la comisión municipal de VPP, celebrada el pasado 11 de mayo, a la que declinó asistir. Y por último, en el caso de EU-Podem, su portavoz en el consistorio, Manolo Copé, ha dicho que era "fundamental" no quedarse en "declaraciones políticas", sino saber "qué controles hubo, quién conocía la cláusula que olía mal y por qué no saltaron antes todas las alarmas", según ha indicado este grupo municipal en un comunicado.

Más comparecencias: Rocío Gómez y más cargos del PP

¿Cuáles serán los siguientes pasos de la comisión municipal? Este lunes se ha cerrado el listado de comparecientes previsto para la próxima sesión de trabajo, que se celebrará el 6 de julio. En ella, se solicitará la participación del vicealcalde de Alicante y presidente de la comisión, Manuel Villar, además del concejal de Vivienda, Carlos de Juan; de la edil de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beldjilali; y del concejal de Urbanismo, Toño Peral, todos del PP.

De igual modo, se ha propuesto la solicitud de comparecencia para la sesión correspondiente al 20 de julio, a la que están llamados el exedil de Economía y Hacienda, Deportes y Patrimonio Toni Gallego, del PP, además de Santos Pérez, y de la exconcejala de Urbanismo por el PP, Rocío Gómez: otra de las 15 investigadas en la causa que compró vivienda en el residencial y que presentó su dimisión tras conocerse la polémica.

Por lo demás, en el turno de ruegos y preguntas, la edil del PSOE, Silvia Castell, ha requerido que se concrete la información solicitada respecto al listado de solares del patrimonio municipal de suelo disponibles y que se haga entrega de las conclusiones de los informes de averiguación incoados por el departamento de Recursos Humanos respecto al papel jugado por los arquitectos Francisco Nieto y Elsa Lloret, y por la exdirectora general de Organización Interna, y actual jefa del área de Contratación, María Pérez-Hickman, que también compraron viviendas en el residencial, así como respecto a la tramitación del impuesto de plusvalías de los 140 pisos de Les Naus. Por último, ha cuestionado sobre los motivos por los que no se comunicó a los técnicos de Patrimonio su primera citación para declarar en el juzgado, a lo que el edil de Asesoría Jurídica, Manuel Villar, ha respondido que el juzgado había remitido ese llamamiento a un correo municipal que ya no estaba operativo. En todo caso, ha subrayado que, al tratarse de una comparecencia personal, la notificación debía haberse realizado directamente a los dos técnicos, sin tener que pasar por el canal habitual establecido con la Asesoría Jurídica Municipal.