Algo no cuadra. El dinero está. Lo que falta es quién sepa gestionarlo.

Hace un año, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)  auditó al Ministerio de Ciencia e Innovación. Garante y ejecutor de la gestión los fondos europeos Next Generation para transformar la investigación española. El diagnóstico: una tasa de ejecución del 0,0%. No es una errata. Es un electrocardiograma plano en un paciente que cobra un sueldo por responsabilizarse y ejecutar. 

España recibió de Bruselas la mayor asignación de fondos europeos de su historia: más de 163.000 millones de euros. Es la séptima peor ejecutora de los 27 países de la UE, con apenas el 42,8% comprometido a finales de 2025. Italia, que nadie identifica con un modelo de eficiencia administrativa, ha ejecutado el 73%. El problema no es la falta de recursos. Es que no sabemos gestionar los que tenemos.

El gasto público supera los 700.000 millones de euros —máximo histórico— mientras los ciudadanos perciben un deterioro generalizado en sanidad, educación e infraestructuras.

Algo no cuadra. O quizás sí cuadra, y ese es exactamente el problema.

El relato como sustituto de la gestión

La patología crónica de la política pública española es confundir el presupuesto aprobado con el resultado conseguido. Se anuncia la cifra, se convoca la rueda de prensa, se firma el acuerdo. Lo que ocurre después -si algo ocurre- es secundario.

Los PERTEs (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) debían revolucionar España: un coche eléctrico 100% nacional, una fábrica de chips, la descarbonización industrial. Resultado: 25.314 millones ejecutados de los 42.480 comprometidos. El Perte Chip –clave para la soberanía tecnológica en semiconductores– pasó de 10.750 millones anunciados a 920 millones ejecutados. Un recorte del 91% sobre lo prometido.

La mecánica es siempre la misma: cifra grande en el titular -el humo-, pequeña letra en la ejecución -la triste realidad-. Y cuando los fondos no llegan o no se ejecutan, nadie rinde cuentas. Ningún cargo pierde su puesto. Ningún proyecto tiene un responsable identificable que asuma el fracaso.

Lo que no cambia de gobierno en gobierno

Hay un virus letal en la gestión pública que los análisis suelen ignorar porque es incómodo para todos: el ciclo electoral destruye proyectos. Lo que construyó el anterior -con razón o sin ella- se abandona, paraliza o renombra. McKinsey y la Universidad de Oxford analizaron más de 6.000 proyectos en 66 países: más del 80% de los grandes proyectos públicos superan sus plazos; los sobrecostes triplican los del sector privado. Churchill ya lo tenía claro: un político piensa en las próximas elecciones; un estadista, en la próxima generación.

Y quien piense que el sector privado es inmune al mismo error, se equivoca. Nokia tenía un prototipo de smartphone con pantalla táctil tres años antes del iPhone. Lo descartó. Su dirección eliminó el equipo de Tecnologías Futuras y premió la lealtad interna sobre la innovación incómoda. En 2013, Microsoft compró su negocio de móviles por una décima parte de su valor máximo. Kodak inventó la cámara digital en 1975 y la archivó porque amenazaba el negocio del carrete. En 2012, quebró.

En ambos casos el colapso no fue tecnológico. Fue de liderazgo: estructuras diseñadas para confirmar decisiones, no para cuestionarlas. La administración pública española reproduce ese modelo con una diferencia crucial: Nokia se vendió, Kodak quebró. Los organismos públicos no quiebran. Solo empeoran. ¡Pero es público!

Dislexia política: el coste de lo que no se hace

Llamémoslo por su nombre: dislexia política. La incapacidad sistémica de leer la realidad que producen las propias decisiones.

El sobrecoste del fracaso escolar en centros públicos durante 2023-2024 fue de 4.960 millones de euros. No en sentido metafórico. En euros reales de lo que cuesta no haber resuelto un problema que lleva décadas encallado y que ningún mandato de cuatro años ha querido afrontar porque sus resultados se miden a diez años vista. El Project Management Institute estima que el 11,4% de todos los recursos públicos se desperdicia por procesos deficientes de gestión. No son estadísticas abstractas. Son impuestos de ciudadanos reales.

Confundir gestionar con gastar tiene un coste. Este es ese coste.

Cuatro medidas que existen y no se aplican

No faltan soluciones. Faltan consecuencias.

Cláusulas de devolución por incumplimiento. La UE las exige en sus licitaciones. España no las aplica con sistemática en sus contratos internos. La paradoja merece un momento de silencio.

Evaluación ex-post con efectos reales. El Tribunal de Cuentas y la IGAE emiten informes detallados sobre el incumplimiento sistemático de objetivos. Se archivan. Que señalen responsables y produzcan consecuencias jurídicas o presupuestarias: cambio de ley, no de voluntad.

Contratos-programa plurianuales vinculantes. Los proyectos de más de cuatro años de ejecución deberían tener objetivos medibles e independencia del ciclo político. El marco legal para desarrollarlo existe. La voluntad de aplicarlo, todavía no.

Separación real entre cargo político y dirección técnica o profesional. Alemania, Canadá y los países nórdicos llevan décadas aplicándolo. En España, dirigir un organismo público con impacto directo en servicios ciudadanos sigue siendo, con demasiada frecuencia, una recompensa de lealtad, no un reconocimiento de competencia.

La pregunta que nadie quiere responder

El debate sobre el alcance y peso especifico –y por ende presupuestario– de la administración  pública en España se reduce a un falso dilema: ¿más Estado o menos Estado? Es un error de partida. La pregunta correcta es más profunda y más incómoda: ¿por qué el Estado –y por extensión nominativa sus responsables políticos–,  no es capaz de ejecutar lo que anuncia ni de rendir cuentas cuando no lo hace o lo hace mal?. Nadie duda de apoyar y defender la sanidad pública española y a sus excelentes profesionales. Ahora es más que manifiesta la calidad de la gestión de muchos recursos. Aplicable a la educación.

Con 163.000 millones sobre la mesa y el plazo de ejecución cerrándose en agosto de 2026, España está a punto de devolver a Bruselas entre 15.000 y 20.000 millones por no haber sabido gastar e invertir a tiempo. Si añadimos el coste de oportunidad, las cifras serán más colosales.

Los recursos están. Los que entran en la caja con nuestros impuestos más los que entran de la UE. El problema es quién decide cómo se gastan, con qué criterio, y qué le ocurre cuando falla. Hasta que esa pregunta tenga una respuesta con consecuencias reales, seguiremos pagando con impuestos una gestión que no está a la altura de una potencia europea como es España. Y eso sí que no sale en ninguna rueda de prensa.

Javier Pérez Domingo es economista y analista en innovación y desarrollo económico