ALICANTE. La controversia en torno a la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal vendido por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 continúa en los juzgados. En concreto, respecto a la documentación remitida por la administración local en respuesta al requerimiento formulado por la jueza que instruye las diligencias sobre las presuntas anomalías detectadas, en la medida en que solo se habría aportado parte de los correos dirigidos por los técnicos del área municipal de Patrimonio a mediados del pasado mes de enero.

Se trata de las comunicaciones en las que se alertaba de la existencia de un posible supuesto de incompatibilidad o conflicto de interés, cuando se constató la identidad de algunos de los compradores de los pisos construidos en la última fase de comprobaciones del expediente de venta del solar. Entre esos adquirientes figuraba la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; los hijos de la exdirectora general de Organización Interna y jefa del área de Contratación, María Pérez-Hickman; y el arquitecto municipal, Francisco Nieto, como viene informando este diario.

La magistrada dictó un oficio el 23 de mayo en la que solicitaba a los servicios jurídicos municipales que remitiese copia de todos los correos remitidos por el servicio Patrimonio a la Vicesecretaría General en el periodo comprendido entre el 15 y el 31 de enero. No obstante, la documentación de la que se ha dado traslado al juzgado solo incluye los correos remitidos entre el 26 y el 31 de enero, y no la totalidad de las comunicaciones solicitadas por el periodo completo de la segunda quincena de ese mes.

Así lo pone de manifiesto ahora la representación legal del grupo municipal del PSOE, que ejerce la acusación popular en la causa, bajo la representación del letrado Fernando Cazorla, al registrar un escrito en el juzgado en el que solicita que se vuelva a requerir al ayuntamiento para que remita el conjunto de la documentación solicitada. Está por ver si la jueza asume esa solicitud, como parece probable, después de que ya apremiase a los servicios jurídicos municipales a aportar esos correos, al margen de otra documentación adicional, en dos ocasiones previas. En la última de ellas, incluso dio órdenes a la Policía para que se personase en dependencias municipales para solicitar su remisión.

Hasta el momento, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), viene sosteniendo que presta la máxima colaboración con la justicia para propiciar que se esclarezcan las posibles anomalías que se hayan podido registrar y que se depuren hipotéticas responsabilidades, al margen de que, además, se pueda velar por la recuperación de las viviendas adquiridas por personas que no cumpliesen los requisitos de nivel de renta máxima para acceder a una VPP. Además, los populares también han aludido a la existencia de problemas en las notificaciones de los juzgados, en tanto que se habrían remitido solicitudes a un correo electrónico de la asesoría jurídica que ya no se encuentra operativo, entre otros puntos.