#28M en Alicante: Barcala contra la necesidad de Vox, y contra un tripartito pendiente de Cs 

ALICANTE. El escrutinio de la noche electoral del 26 de mayo de 2019, con triunfo hasta cierto punto ajustado del PP sobre el PSOE (2.303 votos de diferencia), dejó a Ciudadanos (Cs) como el socio a perseguir. Se había convertido en el partido que tenía la llave de la gobernabilidad. El entonces alcaldable popular Luis Barcala, que tenía la oportunidad de retener la vara de mando (fue investido en abril de 2018 tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri por su doble procesamiento), lo tuvo claro y no dudó en tender la mano a la candidatura que encabezaba Mari Carmen Sánchez.

Así, pese a los tanteos socialistas, el pacto entre las dos fuerzas (PP-Cs) acabó fraguando a un día del pleno de elección de alcalde para conformar el primer bipartito del centro-derecha de la historia de Alicante, con la dificultad de no disponer de mayoría absoluta. Juntos sumaban 14 concejales (9 del PP y 5 de Cs) en una corporación compuesta por 29 ediles. Así que quedaban abocados a depender de la suma de votos entre alguna de las cuatro formaciones que quedaron en la oposición: PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox (las tres últimas, con 2 representantes cada una). Eso sí, como era previsible, en la mayoría de las ocasiones, las propuestas del bipartito (incluidos tres presupuestos) han acabado prosperando con el respaldo de los dos concejales de Vox, que han actuado como una suerte de aliados preferentes durante todo el mandato.

La tesitura que se atisba en el 28M podría ser sustancialmente diferente por lo que respecta a los equilibrios entre las fuerzas en liza. La tendencia en el escenario nacional y autonómico que apuntan los sondeos augura diferencias ajustadas entre el bloque del centro-derecha y el del centro-izquierda que podrían reproducirse, cuatro años después, en la ciudad de Alicante. 

En los equipos de campaña de los seis principales partidos que concurren en la contienda, nadie da por segura una mayoría absoluta holgada como la que cosechó Sonia Castedo en 2011, cuando el PP logró 18 concejales. Solo los más optimistas entre las filas de ese mismo partido contemplan la posibilidad de rozar los 15 representantes. Pero el análisis compartido es que el color político de la Alcaldía puede acabar dependiendo de la resistencia de Ciudadanos (Cs) y de la capacidad de movilización del conjunto de la izquierda para empujar las opciones de Compromís y Unides per Alacant (la nueva confluencia formada por Esquerra Unida, Podemos, ERPV y Alianza Verde) frente a un probable crecimiento de Vox. 

A menos de una semana de la cita con las urnas, los dos partidos con mayores opciones de tomar la Alcaldía ya han fijado posiciones claras. El PP aspira a gobernar en solitario, sin tener que asociarse forzosamente con Vox para huir de otro bipartito en el que un socio incómodo pueda pedir cuota de poder y cesiones. El deseo de los populares es poder desarrollar su propio programa de forma íntegra. Tampoco contempla tener que recurrir a Cs, en la hipótesis de que logre darle la vuelta a las encuestas y obtenga representación.

El PSOE añade una segunda certeza: su negativa a anticipar posibles pactos... por lo que pueda pasar. Su objetivo, como no podía ser de otro modo, también es gobernar. Y, para ello, el primer paso es ensanchar su base de posibles electores. Más, si cabe, cuando se vaticina que entre tres y cuatro de los actuales concejales de Cs podrían acabar repartiéndose entre populares y socialistas y cuando es Cs también el que puede restar los suficientes votos a la candidatura popular como para privarle de sumar más actas de concejal, aunque esas papeletas no alcancen para deparar rédito al partido naranja.

Por lo pronto, la carrera electoral se plantea con cinco candidatos nuevos. Solo el cabeza de lista del PP repite. Barcala, opta a la reelección tras cinco años en el cargo, con una lista que combina renovación y continuidad y una batería de propuestas con la que pretende completar el trabajo planificado junto a Cs en este último mandato mediante el desarrollo de actuaciones "de transformación de ciudad" que se promete que llegarán a todos los barrios. Muchas de ellas, están vinculadas al proyecto de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), promovida a través de la Ley de Cambio Climático, que puede ser el gran motivo de conflicto ante un hipotético acuerdo postelectoral con Vox, que la rechaza de plano.

A ese listado, se suman otras propuestas como la conversión de la Casa de Socorro en un centro museístico (tras el traslado de la sede de la Concejalía de Acción Social a otro emplazamiento próximo a los barrios de la Zona Norte), la reorganización de la Policía para implementar la Policía de Barrio o la ampliación de bonificaciones fiscales para favorecer la implantación de empresas, por ejemplo. Los términos de su propuesta política quedarán al alcance de cualquier ciudadano en una entrevista que Alicante Plaza publicará este miércoles.

Aspirantes que debutan

El resto de fuerzas ha decidido renovar su cabeza de cartel. El PSOE, por su parte, opta en esta ocasión por la exconsellera de Sanidad y síndica en les Corts, Ana Barceló, como valor seguro frente a la experiencia desplegada en 2019 de captar a Paco Sanguino bajo la condición de independiente. Barceló regresa, así, a la política municipal (fue alcaldesa de Sax entre 2003 y 2011) con la voluntad de dotar a la ciudad de la hoja de ruta que considera que no ha tenido bajo la responsabilidad del bipartito.

En su receta, también incluye promesas como la recuperación de la participación ciudadana, la mejora de la atención a la ciudadanía y el desarrollo de las inversiones que dependen de la Generalitat, como la construcción de la nueva estación del Tram en Renfe (ya prometida en la campaña de 2019) y la planificación de nuevas líneas sobre el suroeste del término municipal, al margen de la recuperación de la plena actividad de Ciudad de la Luz. Eso sí, también afronta deudas pendientes respecto a otros proyectos que no se han ejecutado, como el de la conversión del estadio José Rico Pérez en un Alicante Arena abierto a la celebración de eventos y conciertos multitudinarios, por ejemplo.

Ciudadanos presenta al actual concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, como aspirante a la Alcaldía y líder de una candidatura renovada casi al 100% (sólo repite él) en la que se abraza a profesionales de distintos ámbitos. Tanto él como el resto del partido afrontan el reto de luchar contracorriente y no dan el partido por perdido. Es más, entre sus filas se augura que podrían moverse entre uno y tres concejales tras el escrutinio electoral. 

Entre sus principales compromisos para el próximo mandato también figuran dotar de las mismas dotaciones a todos las zonas de la ciudad y terminar la renovación del frente litoral como columna vertebral de Alicante que quede conectada, también, a todos los barrios.

¿Y de pactos? De momento, la estrategia de Cs es la de dejarse querer sin definirse por uno u otro lado del espectro ideológico. Santos Pérez aboga por definirse como el candidato del único partido que puede lograr consensos en el Ayuntamiento en beneficio de la ciudad y no se sale del guion para insistir en que pactaría con quien asumiese su programa político.

Los grupos de dos

También han cambiado de alcaldable las tres fuerzas minoritarias en la corporación actual, con dos representantes cada una. Por la izquierda, Unides per Alacant surge como relevo de la confluencia Unides Podem EU con esos dos mismos partidos como punta de lanza (EU y Podemos) y el acompañamiento de ERPV y Alianza Verde. Su candidato, Manolo Copé, coge el testigo del actual portavoz municipal de Unides Podem EU, Xavier López, quien le acompañará en la candidatura como número 2.

Por el momento, la confluencia ha hecho públicas sus expectativas de crecimiento gracias al estímulo que puede suponer la presentación de la plataforma Sumar de la vicepresidenta Yolanda Díaz de la que se presentan como representantes en la ciudad. Y su alcaldable es -junto al aspirante de Compromís, Rafa Mas- el único que sí ha contemplado la posibilidad de que los resultados del 28 de mayo deparen la reedición de un pacto de progreso similar al que se dio en 2015, aunque con la experiencia aprendida respecto a sus disfunciones internas. 

Por Compromís, es el concejal Rafa Mas quien hereda el reto de optar a la Alcaldía en sustitución de su actual portavoz municipal, Natxo Bellido. Su propuesta se basa en la adaptación de la ciudad a la emergencia climática y en la creación de oportunidades para el empleo desde la industria innovadora.

Para ello, aboga por reforzar la colaboración con la Generalitat, de modo que pueda alinearse la intervención de las dos administraciones en proyectos y necesidades que la coalición valencianista considera desatendidas por la obcecación al bloqueo que atribuyen al actual bipartito con Barcala al frente.

Y, por último, en Vox también recurren a una debutante como cartel electoral como alternativa a su actual portavoz municipal, Mario Ortolá. Se trata de Carmen Robledillo, que persiste en el argumentario convencional del partido a la hora de prometer mejoras en la seguridad ciudadana con un incremento de plantilla, además de reformas en la fiscalidad municipal como la eliminación del impuesto de plusvalía o la rebaja del IVTM, entre otras medidas. 

Al tiempo, también ha propuesto medidas de apoyo al comercio local como la creación de una unidad específica que permita atender sus necesidades, así como reducir la burocracia a las que cualquier negocio queda abocado en su día a día.

En todo caso, como sucede en toda consulta electoral para renovar la formación de gobiernos, la exposición de propuestas de futuro no es el único condimento que determina la configuración de resultados. En realidad, como sucede en todo proceso de votación democrática, es el gobierno el que se somete al examen de la ciudadanía en base a los resultados deparados por sus decisiones (o la falta de ellas) para precisar si cabe decantarse por la continuidad o por el cambio. ¿Cuál es en este caso el balance que deja el bipartito?

El balance

Desde el pleno de investidura, los dos aliados al frente de la gestión municipal trataron de desplegar un programa compartido con dos hitos esenciales que no han llegado a materializarse. El primero consistía en la redacción de un nuevo Plan General, después del intento baldío de 2015 al que el PP acabó renunciando durante la fase final de la instrucción del caso Brugal que lo colocaba bajo la sombra de la sospecha.

El compromiso de ambos partidos era que el mandato se cerrase disponiendo, al menos, de una ordenación estructural (las grandes líneas del planeamiento). Sin embargo, cuatro años después, solo se ha concertado la redacción de seis estudios sectoriales previos, después de cerrar el capítulo del contrato de redacción del fallido PGOU precedente (pendiente de liquidación hasta diciembre de 2019).

La segunda gran promesa de PP y Cs consistía en la construcción del centro de congresos reivindicado por el sector turístico desde hace más de 20 años. Sin embargo, hasta ahora solo se ha conseguido concretar su planificación, de la mano de la Diputación Provincial, tras la apuesta por situarlo en el Puerto en busca de un edificio icónico que quedase posicionado en un emplazamiento privilegiado junto al mar. La realidad es que, desde que se diese a conocer ese proyecto, en abril de 2021, no se ha conseguido trazar ni su proyecto. El concurso para seleccionarlo se convocó hace un mes, con lo que no se dispondrá de una propuesta cerrada hasta principios de 2024.

No obstante, en estos cuatro años de mandato sí ha habido margen para la consecución de objetivos. El más evidente es que la expulsión del ruido interno en la gestión municipal. Como mínimo, se ha extirpado gran parte de ese tumor que precipitó la caída del tripartito, aunque no se ha podido evitar que haya acabado reproduciéndose con algunos nódulos en el último tramo del mandato.

Lo cierto es que si el tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís consiguió limpiar la imagen reputacional sobre las sospechas de corrupción que pesaban sobre el ayuntamiento hasta el pasado mandato, en estos últimos cuatro años PP y Cs han conseguido evitar que su experiencia política en común se haya caracterizado por las crisis y los enfrentamientos sobre las decisiones municipales a adoptar. Las diferencias han existido en asuntos como la negociación presupuestaria, o en la definición de prioridades. Pero no han sido insalvables y no han sido motivo de ruptura, como sí lo fueron bajo la experiencia previa de gobierno progresista.

Eso sí, esa paz ha quedado truncada, al menos, en dos momentos esenciales: la polémica suscitada en torno a la supuesta manipulación de las oposiciones a la Policía Local, en favor de determinados aspirantes, que no pudo llegar a demostrarse, y la controversia suscitada sobre los contratos menores adjudicados a empresarios que forman parte del círculo de conocidos del ya exconcejal Manuel Jiménez.

En segundo término, pese a las dificultades que supuso la irrupción de la pandemia de la covid-19 en marzo de 2020, se consiguió poner en marcha un plan de inversiones por más de 70 millones para reurbanizar y transformar algunos de los ejes principales de varios barrios de la ciudad. 

La lista de actuaciones (varias de ellas incluidas en el plan de reconstrucción postcovid, que se aprobó por unanimidad) es larga. Muchas están todavía en curso y otras aún no se han llegado a iniciar. Entre las más significativas, figuran la reurbanización de la segunda fase de La Explanada, a la que ahora se añade su tercera y última fase en el fondo de saco de La Rambla; la remodelación de Padre Esplá; la reurbanización de la calle San Mateo; las reformas en los barrios de San Gabriel y Rabasa; la renovación de la Plaza Nueva; la peatonalización del eje formado por la avenida de la Constitución y la calle Bailén; la remodelación de la avenida de Jijona y de las calles del entorno de la Plaza de Toros; la remodelación de la avenida de Ramón y Cajal o la del ya citado Paseo de los Mártires de la Libertad.

Varias quedan asociadas a la implantación de la llamada Zona de Bajas Emisiones (ZBE) -precisamente, el argumento político al que Vox ha recurrido para desgastar al PP hasta el punto de prometer su modificación- con medidas de calmado y reducción del tráfico para minimizar emisiones a la atmósfera. Se trata de una medida que todo municipio de más de 50.000 habitante debe activar en 2024, a partir del mandato europeo que quedó incorporado a la normativa estatal a través de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 

Lo cierto es que muchas de esas actuaciones de transformación urbanística cuentan con cofinanciación europea, por lo que -pese a las polémicas asociadas a los retrasos en su ejecución- el mérito de su puesta en marcha vendría de la captación de los fondos y del hecho de disponer de los proyectos redactados, más que del hecho de poder sufragarlos.

En cualquier caso, no es menos cierto que otras actuaciones que se han anunciado en reiteradas ocasiones han quedado en el tintero por la concurrencia de varias causas: el retraso en su tramitación, el encarecimiento de precios en el sector de la construcción o la situación económica que acabó salpicando a algunas de sus adjudicatarias. En este caso, la lista de proyectos afectados también es abultada: desde la pasarela ciclopeatonal hasta Urbanova, a la reforma de la Plaza de San Blas, a la urbanización de la parcela que debe albergar la futura Comandancia de la Guardia Civil, al parque de La Torreta o la rehabilitación del complejo de Las Cigarreras como espacio multidisciplinar, a la que justo ahora se le acaba de dar alas con la adjudicación de su primera fase por 9,3 millones.

Los grandes contratos

Entre los logros, también podría incluirse la renovación de las grandes contratas de servicios públicos que dependen del ayuntamiento. Ya se cuenta con nuevos concesionarios para el servicio de mantenimiento de zonas verdes (aunque su adjudicación todavía colea en los tribunales), para el servicio de transporte público urbano (aunque aún con algunos ajustes de funcionamiento por acometer) y para el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos (cuyo nuevo adjudicatario -otra UTE que procura cierta continuidad en su composición respecto a la concesionaria precedente, como en el caso del autobús- todavía no ha asumido de forma efectiva el inicio de la prestación a la espera de que se liquide el contrato previo).

En todo caso, esa renovación ha llegado con retraso. En los dos últimos casos (transporte y limpieza viaria) se tuvo que recurrir a prórrogas extraordinarias, pese a que tanto PP como Cs se habían comprometido en campaña a no alargar el contrato de limpieza por las críticas acumuladas en sus resultados. Es más, la nueva contrata de limpieza viaria todavía no ha echado a andar, pese a estar adjudicada, y solo ahora se apunta su implantación pasadas las fiestas de Fogueres.

A partir de ese momento, está por ver si los cambios propuestos, la incorporación de vehículos y nueva maquinaria y el aumento de costes que llevan aparejado supone una mejora de resultados en esos servicios, sujetos a la controversia permanente (especialmente, el de la limpieza) por lo que respecta a su calidad. Otro de los temas recurrentes a los que han acudido los tres partidos que conforman el eje progresista.

La vertiente normativa

Los dos aliados en el gobierno también han sacado adelante compromisos electorales como la llamada ordenanza de convivencia cívica como supuesto instrumento para evitar la conflictividad social (coacciones, molestias, sensación de inseguridad…), pese a la contestación manifestada por los partidos del eje progresista (que ya han anticipado su intención de derogar esa regulación en caso de asumir competencias de gobierno) y por entidades sociales (incluida Cáritas) respecto a la supuesta penalización que representaría sobre la población vulnerable. 

Pero no ha sido hasta el mes de marzo -en plena recta final del mandato- cuando PP y Cs han decidido desbloquear la revisión de otras dos ordenanzas que podrían ser determinantes para atajar otra de las grandes cuestiones pendientes en la ciudad: el conflicto del ruido que los vecinos de distintos barrios asocian a la proliferación de locales de ocio y restauración. Se trata de la ordenanza del ruido y de la ordenanza de ocupación de vía pública. La primera quedó aprobada provisionalmente en abril, tras permanecer almacenada cuatro años en el cajón. La segunda, ha quedado aplazada de nuevo hasta el próximo mandato.

El 'filón' del urbanismo y el empleo

También ha sido en este último tramo del mandato cuando se ha elevado a aprobación del Consell otras dos actuaciones básicas para  el futuro de la ciudad: la ordenación urbanística de los terrenos liberados del ferrocarril (que se prevé que dé cabida a 1.400 viviendas además del llamado Parque Central) y la reclasificación del suelo con la que se pretende ganar 650.000 metros de suelo industrial en el área empresarial de Las Atalayas. Todo, al margen del desbloqueo de otros tres sectores urbanísticos (Vistahermosa Norte, el PAU 3 y Lomas del Garbinet) que reportarán no pocos ingresos a las arcas municipales a través de la recaudación de impuestos (IBI, Icio, etc.).

En empleo, se ha tratado de diversificar el tejido productivo local para huir del monocultivo del sector servicios con la puesta en marcha de la estrategia Alicante Futura que ahora da sus primeros pasos como agente promotor de la nueva economía digital y facilitador de la llegada de empresas innovadoras. Todo, junto a la oficina de atracción de inversiones, Alia, que también comienza a dar resultados con el asentamiento de empresas internacionales (Navico, Transcom, etc), a modo de complemento del Distrito Digital de la Generalitat.

También se ha reforzado la promoción turística en distintos ámbitos, como el gastronómico, el idiomático, el musical o el segmento de los cruceros (con el empuje imprescindible del Puerto), sin que hasta ahora haya podido producirse el reflote del turismo de congresos, reuniones y convenciones, todavía lastrado por los efectos de la pandemia. Eso sí, se ha apostado por poner en valor la capacidad tractora del Castillo de Santa Bárbara concesionando su explotación turística, en otra decisión que ha conllevado el rechazo de la oposición, al ver en ello una privatización encubierta que no salvaguardaría el patrimonio cultural.

Fiscalidad y brecha social

A ese balance se ha llegado manteniendo lo que el bipartito califica como un modelo de fiscalidad blanda, con la aplicación de rebajas lineales en impuestos como el IBI para el conjunto de la ciudadanía que el PP no solo prevé mantener, sino que ha prometido ampliar con nuevas bonificaciones para empresas (también lo ha hecho el PSOE, con compromisos de eliminación de tasas por la apertura de negocios o por la creación de comunidades energéticas, por ejemplo). 

Con todo, no se ha terminado de cerrar la brecha social y de prestación de servicios entre barrios en un momento en el que las dificultades económicas se han acentuado para gran parte de la población como consecuencia de los efectos de la crisis sanitaria, de la crisis económica posterior y de la crisis inflacionista actual, sin que se haya dejado ver resultados realmente decisivos en iniciativas como el Plan de Inclusión Social o el Segundo Plan de la Zona Norte, por ejemplo, para los que se han venido anunciando inversiones millonarias.

Ni la concesión de ayudas de emergencia, ni las subvenciones para paliar pérdidas de pymes y autónomos durante la pandemia, ni las campañas de estímulo al consumo -aunque positivas- han sido suficientes para cubrir las necesidades existentes, lo que -al menos para la oposición-, casa mal con la acumulación de remanentes de 122 millones en partidas presupuestarias sin ejecutar.

Tampoco se han habilitado mecanismos para la participación ciudadana, como señalan PSOE, Unides Podem EU (y ahora la confluencia Unides per Alacant) y Compromís. Y, aunque se han sentado algunos cimientos en el ámbito de la cultura (como la redacción del proyecto de ampliación del MACA), no se ha llegado a poner en marcha la remodelación pendiente en el Teatro Principal, ni se ha completado la rehabilitación del Castillo de San Fernando, por citar algunos proyectos pendientes.

Asintonía con la Generalitat

En todo caso, quizá el elemento que figura en la columna del debe en una posición más destacada es el de la coordinación entre administraciones para que pudieran ejecutarse infraestructuras básicas en ámbitos como el educativo o el sanitario. Por primera vez en los últimos 20 años, Alicante ha tenido un gobierno municipal de un signo político distinto al que asumía el gobierno de la Generalitat. Y PP y Cs no han desaprovechado esa circunstancia para reivindicar la llegada de inversiones que pueda saldar una deuda histórica real con la segunda ciudad con mayor población de la Comunitat. Con todo, también se han valido de esa asintonía política para enfrentar modelos de gestión en un pulso en el que Alicante se ha convertido en punta de lanza de la alternativa que trataría de promover el centro-derecha en caso de ganar la Generalitat.

El resultado: no se ha construido ningún colegio y ningún centro de salud en cuatro años. Ese balance solo quedaría suavizado por una salvedad: que durante el mandato precedente, con el tripartito municipal en el poder y el primer Botànic en el Consell, solo se llegó a poner en marcha un único centro de salud (el de Benalúa), paralizado por los problemas presupuestarios que lastraron a la Generalitat bajo los últimos años de mandato del PP.

En todo caso, en la lista de proyectos educativos pendientes, tampoco se han puesto en marcha los que dependían del Ayuntamiento, por delegación del Consell, a través del Plan Edificant, pese a que sí se han ejecutado en otros municipios de la provincia gobernados por PP y Cs.

Por último, esa senda reivindicativa se ha replicado también respecto al Gobierno central en la demanda de infraestructuras proyectadas hace dos décadas que siguen pendientes de ejecución, como el conjunto de inversiones contempladas desde 2003 con motivo de la planificación de la llegada del tren de alta velocidad. Entre ellas, la retirada de las vías del litoral sur, para la que ahora sigue sin existir una fecha definitiva, hasta que se ejecute la llamada variante de Torrellano, pese a las exigencias manifestadas desde el Ayuntamiento.

A la postre, esa posición ha acabado por acentuar la política de bloques que se registra en el contexto nacional, de modo que se han roto puentes que pudiesen augurar un posible entendimiento entre el gobierno local y la oposición. Esa polarización (junto a la necesidad de diferenciación a las puertas de las municipales) ha provocado incluso que no haya sido posible aprobar un presupuesto nuevo para 2023. 

A partir de ahora, será la ciudadanía quien valore ese bagaje en las urnas y resuelva si apuesta por revalidar la confianza en los partidos que ahora ostentan el gobierno o si se opta por la búsqueda de otro modelo, como defienden las tres fuerzas del eje progresista.