El portavoz de Vox en Alicante, Mario Ortolá, ante la mirada del alcalde, Luis Barcala, y de la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La historia se repite en el Ayuntamiento de Alicante: Vox vuelve a usar sus dos votos clave para decantar mayorías en la corporación municipal y aprieta al equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), para tratar de imponer sus posiciones. Esta vez, la presión de Vox se plantea con el telón de fondo de la ordenanza de convivencia cívica, ante la que el partido de Santiago Abascal no está dispuesto a ceder si se admiten las enmiendas registradas por Ciudadanos (Cs). O se mantienen las líneas troncales que se marcaron cuando se aprobó en Junta de Gobierno, en octubre de 2020, sin posibles adulteraciones, o sus dos ediles votarán en contra. Cuando menos, así lo anticipó este miércoles su portavoz municipal, Mario Ortolá, a consulta de Alicante Plaza, una vez analizado el contenido de esas aportaciones.
En primer término, Ortolá se sumó a la crítica vertida por el resto de grupos políticos de la oposición respecto a las formas en las que Cs habría presentado esas enmiendas. Así, consideró que se trata de "una falta de respeto intentar colar ahora esas enmiendas" un año después del plazo habilitado para ello. Y aunque consideró que esas aportaciones no deberían incorporarse a la ordenanza, a la vista del informe desfavorable evacuado por el jefe de servicio de la Concejalía de Seguridad, añadió que Vox votaría en contra del texto si llegasen a tenerse en consideración. Es decir, que la propuesta no sumaría la mayoría necesaria para quedar aprobada -ni en comisión, este viernes, ni en el pleno, el próximo jueves- salvo que PSOE, Unides Podem EU o Compromís la respaldasen. Todo, además, en la hipótesis de que el PP sí esté dispuesto a asumir esas sugerencias de última hora formuladas por sus socios de gobierno.
Por partes. Fuentes del bipartito incidieron este miércoles en que las enmiendas formuladas por Cs están preacordadas y consensuadas entre las dos formaciones, con lo que contarán con el apoyo de sus 14 ediles. Además, defendieron esas aportaciones siguen siendo viables pese a que se hayan presentado un año después de que la propuesta quedase aprobada en Junta de Gobierno. Así, aseguraron que se contaba con el aval jurídico necesario para que se puedan debatir en la comisión de Presidencia de este viernes como propuestas formuladas in voce. De este modo, consideraron que las solicitudes registradas por Compromís y Unides Podem EU para que se descartasen por su carácter extemporáneo no tendrán ningún recorrido. En resumen, que las enmiendas cumplirían los requisitos formales para poder debatirse, por lo que su aprobación o rechazo dependerá de una cuestión puramente política: es decir, de si alguna de las fuerzas del eje progresista (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) o, en su caso, Vox, decide respaldarlas.
Fuentes del equipo de gobierno sostienen que las enmiendas están pactadas entre los dos partidos que lo conforman y que pueden debatirse como propuestas 'in voce' pese a que se hayan presentado un año después
¿Qué se plantea en esas enmiendas formuladas por Cs? Como informó este diario, en esencia, son siete propuestas de modificación con las que se trata de redirigir el peso de las sanciones para que no penalicen a las personas en situación de vulnerabilidad. Y, además, para que se incorpore el desarrollo de medidas de reinserción social mediante la puesta en marcha de programas municipales específicos enfocados a erradicar el sinhogarismo.
No obstante, lo cierto es que la propuesta de resolución planteada por el jefe del área de Seguridad recomienda descartar la mayoría de ellas -al menos, las más relevantes- tras concluir que sugieren la incorporación de medidas no previstas entre los objetivos de una ordenanza que se promueve "como instrumento para erradicar conductas incívicas y antisociales". El dictamen se refiere, en concreto, a la propuesta de inclusión de tres nuevos artículos relacionados con el "principio de prevención, intervenciones de carácter social dirigidas a personas que ejerzan la mendicidad e intervenciones de carácter social dirigidas a personas sin hogar". De igual modo, el informe también propone rechazar la sugerencia de incorporación de un artículo de nueva creación denominado "medidas de carácter social dirigidas a personas en situación de prostitución" por el mismo motivo.
En realidad, solo se propone aceptar la inclusión de una infracción más, relacionada con la prohibición de uso de las fuentes públicas sin expresa autorización municipal, además de suprimir la expresión "luchar contra la prostitución" que figura en el artículo 24 de la ordenanza. Y respecto a la sugerencia de modificar la calificación de las sanciones a las mujeres que ofrezcan servicios sexuales en la vía pública, no llega a pronunciarse.
En realidad, la conclusión de ese informe es similar a la que se alcanza respecto a las enmiendas presentadas en tiempo y forma por el resto de grupos políticos municipales, en octubre del año pasado. Según fuentes consultadas, los técnicos solo aceptan la enmienda formulada por Unides Podem EU para que el texto de la ordenanza tenga en cuenta el lenguaje inclusivo.
En cualquier caso, las conclusiones de esos informes son meras recomendaciones que no tienen carácter vinculante. Es decir, que podría asumirse el conjunto de las enmiendas siempre que quedan avaladas por mayoría. Pero ese es un escenario poco probable, tanto para las presentadas por Cs, como para las registradas por los cuatro grupos de la oposición.
