Los ediles de Vox en Alicante, Mario Ortolá y José Bonet.ALICANTE. Vox escenifica su desmarque respecto al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), con el registro de una enmienda a la totalidad frente a la propuesta de presupuestos municipales para 2023 -el último del mandato previsto para año electoral- en la que anticipa su rechazo en el momento en el que el proyecto de planificación económica se someta a votación en pleno.
Así lo ha confirmado, de hecho, el portavoz municipal del partido, Mario Ortolá, quien ha sostenido que "no tendría lógica que presentemos una enmienda a la totalidad y que planteemos la devolución de las cuentas para que se formule una reformulación y que, luego, nos decantemos por una abstención por el hecho de que se acepten algunas enmiendas parciales", ha incidido, a consulta de Alicante Plaza.
En realidad, Vox no llega ni a presentar enmiendas parciales, como las que sí ha venido registrando en los tres ejercicios precedentes, en los que su abstención ha propiciado que las cuentas promovidas por PP y Cs hayan prosperado por mayoría simple, después de que las dos formaciones aliadas al frente de la gestión municipal aceptasen parte de sus aportaciones. Entre ellas, la reducción de partidas asignadas a las concejalías de Inmigración y Cooperación, o al área LGTBI.
En esta ocasión, en la antesala de las elecciones municipales del próximo mes de mayo, el motivo determinante que justificaría el rechazo de Vox a las cuentas sería "la implantación de las medidas anticontaminación que conlleva la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)", con la ejecución de distintos proyectos de reurbanización de algunos de los principales ejes que configuran el Centro Tradicional. Dicha ZBE -cofinanciada con fondos europeos- prevé un conjunto de actuaciones para ampliar los espacios peatonales y calmar la velocidad de la circulación, de modo que se consiga reducir las emisiones de dióxido de carbono que generan los vehículos propulsados con combustibles fósiles. Se trata de iniciativas como la remodelación del eje comprendido entre el parque de Canalejas y las escalinatas del IES Jorge Juan o la renovación de espacios como el Paseo de los Mártires de la Libertad y la avenida de Canalejas, por ejemplo, además, de la implantación del sistema de control de accesos en el anillo de la Gran Vía, también ya adjudicado a TEVA y en fase de desarrollo.
El mismo Ortolá ha considerado que "no podemos apoyar un proyecto de presupuestos que apuesta por la restricción de la movilidad y que obliga a los ciudadanos a adquirir un vehículo eléctrico con un coste de 40.000 euros para poder desplazarse hasta el Centro", ha sostenido. Así, ha sido tajante al sostener que no habrá un posible cambio de posición, a menos que se formule una nueva propuesta en la que decaigan todas las actuaciones comprendidas en la implantación de esa ZBE que, según ha recalcado, "es una de las de mayores dimensiones entre las propuestas en el conjunto del territorio nacional". "Han aprovechado que no existe ninguna determinación al respecto para plantear la ZBE más amplia, con medidas similares a las que ya están en marcha en la ciudad de Madrid, sin que se haya informado a la ciudadanía respecto a sus consecuencias", ha señalado.
En este sentido, Ortolá ha insistido en que Vox viene oponiéndose al desarrollo de la ZBE desde su anuncio "por ir en contra de los intereses de vecinos, comerciantes y hosteleros". "Nuestro compromiso en la oposición contra el 'Alicante Central' de PP y Cs es absoluto. La Zona de Bajas Emisiones que pretende implantar el equipo de gobierno es la decisión política más grave a la que se van a enfrentar los alicantinos en las últimas décadas y, a pesar de preguntárselo durante meses en diversos plenos, desde el gobierno municipal se han negado a dar una contestación acerca de porqué no se ha informado a los alicantinos sobre sus consecuencias ni porqué se ha diseñado una zona de bajas emisiones que prácticamente cubre el 70% del núcleo urbano de Alicante", ha enfatizado.
Además, ha incidido en su crítica a lo que ha considerado de "falta de transparencia con este proyecto" que, a su juicio, sería "una prueba clara de que saben que será algo negativo para la ciudad y que les puede venir mal de cara a las elecciones de mayo y por ello han olvidado reunirse con el pequeño comercio y la hostelería y solo han visitado a Amazon y Mercadona a los que les han prometido todas las facilidades posibles".
Así, ha añadido que "desde Vox tenemos el firme compromiso de proteger el pequeño comercio y la hostelería y por ello defendemos que el 'Alicante Central' del Partido Popular, que deja libre de restricciones a los grandes centros comerciales, supondrá la ruina para los autónomos y pequeños empresarios que residen en la zona restringida", ha abundado. "El modelo de ciudad que defienden PP y Cs es el mismo que defiende la izquierda radical. Pretenden que las familias que no se pueden permitir el lujo de comprarse un coche eléctrico por 40.000 euros lleven a sus hijos al colegio, a sus mayores al médico o vayan a trabajar en patinete o bicicleta, incluyendo en el presupuesto una subvención para la adquisición de estos dos medios de transporte favoritos por los progres", ha explicado.
Y ha proseguido para señalar que "la Zona de Bajas Emisiones es una medida de la Agenda 2030 que solo beneficia a las grandes multinacionales y que generará grandes desigualdades económicas entre los ciudadanos. Es fácil: si puedes comprarte un coche eléctrico, puedes vivir libre pero si no, o vas en bici o serás multado por circular con tu coche contaminante. No vamos a colaborar con lo que va a suponer la ruina de los alicantinos en los próximo años porque quieran luchar contra la 'emergencia climática' que se han inventado para aplastar las libertades individuales y el derecho a un futuro digno", ha enfatizado Ortolá.
En cualquier caso, al margen de la implantación de la ZBE, Vox añade un segundo elemento esencial que habría motivado su posición de rechazo a las cuentas planteadas por PP y Cs. Se trata de la fiscalidad planteada por el equipo de gobierno, en la que no se contemplarían las propuestas de modificación planteadas por Vox durante el último ejercicio con el propósito de que se eliminase el cobro del impuesto de la plusvalía y que se rebajase el índice del impuesto de vehículos.
Al respecto, Ortolá ha señalado que "estos presupuestos, al igual que ocurre con la zona de bajas emisiones, hacen seguidismo de la izquierda. Mientras el Partido Popular en el Congreso pedía la eliminación de la plusvalía aquí, en Alicante, llevaba a pleno su blindaje, propuesto por el gobierno de Pedro Sánchez, frente a la Sentencia del Tribunal Constitucional que lo tumbaba de facto".
En esta línea, ha considerado que "es un impuesto que los ayuntamientos cobran a sus vecinos si quieren y aquí lo vamos a seguir sufriendo por la falta de coherencia entre el PP de un sitio y de otro y que terminan pagando, literalmente, los alicantinos. El PP y Cs no han tenido reparo alguno en unirse al PSOE, Podemos y Compromís para salvar el impuesto de plusvalía como no han tenido reparo en hacer lo mismo para tumbar la propuesta de Vox de cobrar el mínimo legal del impuesto de circulación mientras los alicantinos han estado pagando la gasolina a más de dos euros el litro y que hoy siguen pagándola a precio de oro", ha argumentado.
"Desde Vox defendemos lo mismo en toda España y estamos en la defensa del sentido común y no en el poner trabas al día a día de los alicantinos. El Ayuntamiento de Alicante está para facilitar, no para imponer graves medidas por oscuros deseos de otros", ha concluido.
De confirmarse el plante anticipado por Vox, por primera vez a lo largo del mandato -a cerca de cinco meses de las próximas elecciones municipales- el equipo de gobierno quedaría abocado a alcanzar acuerdos con alguna de las tres fuerzas del eje progresista que ejercen funciones de oposición: PSOE, Unides Podem EU y Compromís. Lo cierto es que, por el momento, ese posible entendimiento que facilite una hipotética abstención se antoja complicado en la medida en que solo se ha mantenido un único encuentro para tratar sobre el proyecto presupuestario antes de que la propuesta quedase aprobada en Junta de Gobierno y se limitase la posibilidad de participación a la presentación de enmiendas.
De hecho, las tres formaciones ya han registrado sus respectivas propuestas de modificación de partidas. Compromís ha formulado 50 enmiendas; Unides Podem EU, 151, además de una enmienda a la totalidad, y el PSOE, otras 70, al margen de la presentación de otra enmienda a la totalidad en la que plantea la confección de un presupuesto alternativo con partidas adicionales por valor de 137,6 millones. Está por ver cuál puede ser la evaluación de esas sugerencias por parte de los técnicos de la Concejalía de Hacienda. Y, después, cuál puede ser el grado de aceptación que generen entre las filas de PP y Cs como para que se decida su inclusión en el presupuesto.
Por lo pronto, los representantes de las tres fuerzas del eje progresista también han anticipado que será difícil que puedan inclinarse por una abstención en las cuentas, toda vez que "no ha habido diálogo ni voluntad de pacto por parte del equipo de gobierno", según ha enfatizado el portavoz socialista, Miguel Millana, este viernes, al presentar las enmiendas de su grupo.
