BENIDORM. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, afrontaba una de las ruedas de prensa más importantes para el municipio en los últimos años, la explicación de la propuesta a los propietarios de Serra Gelada que ganaron la batalla judicial por sus compensaciones tras ser protegido y sin opción a desarrollo urbanístico. Una indemnización que se ha cifrado en 350 millones de euros y que el Ayuntamiento tendrá que ir abonando a las empresas de la familia Puchades en los próximos años. Aunque ha defendido que "Benidorm afrontará la condena sin caer en la ruina ni en la quiebra y ni siquiera en la intervención".

Como ya informara este diario, el Consistorio propone dos fórmulas: pago en metálico y pago en suelo que la propiedad tendrá que aceptar, o no, en el plazo de tres días después de darles traslado tras el pleno que se celebrará el martes 17 de marzo. Además, el juzgado tendrá que homologarlo. Por lo que respecta al dinerario, el Ayuntamiento plantea un abono inicial de 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2026, un importe que se afrontará a través del préstamo de 55 millones fruto de la adhesión municipal al Fondo de Impulso Económico y con recursos propios.

También se plantea un periodo de carencia del principal de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2030, plazo durante el cual el Ayuntamiento podrá o no amortizar parte del principal, devengándose no obstante intereses legales anuales sobre el saldo vivo del principal pendiente, sin perjuicio del periodo de carencia previsto en el clausulado. Todo ello a los efectos de “facilitar la necesaria restructuración económica del Ayuntamiento y habida cuenta del necesario pago inicial” de 60 millones, una reestructuración que, tal y como ha reiterado el primer edil, no conllevará subidas de impuestos ni recorte de servicios municipales a la ciudadanía, algo que ha comenzado diciendo que era una línea roja de su gobierno que no estaban dispuestos a traspasar.

Igualmente se plantea una carencia de los intereses de la deuda, de modo que, desde la firma del convenio hasta el 31 de diciembre de 2026, el principal no devengará intereses.

A partir del 1 de enero de 2031, se iniciará el periodo de amortización obligatoria para el Ayuntamiento, que se comprometerá a amortizar anualmente el principal de la deuda, además de los intereses que correspondan, abonando a los propietarios anualmente, y hasta la cancelación total de la deuda, una cantidad económica que no podrá ser inferior al 8% de los recursos corrientes ordinarios previstos en el estado de ingresos del presupuesto municipal de cada ejercicio económico a partir del año 2031. Un pago que no determina hasta cuándo se podría alargar en años hasta finiquitar la deuda con los Puchades, eso sí, el alcalde calculó que este año ese 8% sería de unos 12 millones de euros del presupuesto, aunque las cuentas varían con el paso del tiempo.

Terrenos a cambio

Como ya adelantara este diario, el Ayuntamiento contemplaba que una parte de la compensación fuera a través de terrenos, una fórmula que recuerda precisamente al convenio firmado en 2003 y cuyo incumplimiento inició todo este litigio. De este modo, se prevén dos modalidades de dación en pago. Por un lado, la destinada a la amortización de los intereses generados hasta la fecha de la firma del acuerdo, que será de obligada aceptación y adquisición por parte de los propietarios. Es decir, se plantea abonar una cuantía de 67.386.655,89 de euros, a satisfacer por el Ayuntamiento durante un plazo de 5 años, mediante daciones en pago de terrenos con aprovechamiento urbanístico directamente materializable en suelo urbano que cuente con la condición de solar inmediatamente edificable, libre de cualquier carga de urbanización.

Estas daciones en pago propuestas deberán ser obligatoriamente aceptadas por los propietarios, señalando el Consistorio que los terrenos se ubicarán en ámbitos urbanísticos del Sector PP2/1, Sector Murtal 2, PP Ensanche Levante, PAU 1 y/o cualquier otro suelo que tenga el carácter de solar edificable de uso residencial en su modalidad de plurifamiliar que actualmente no se encuentre así previsto en el PGOU de 1990, con un valor de canje del aprovechamiento que no podrá ser superior al justiprecio, conforme a lo que establece la ley. Es decir, en base a la propuesta municipal la propiedad asumiría obligatoriamente casi 70.000.000 euros en terrenos durante 5 años a precio de mercado (justiprecio), con tasaciones actualizadas en el momento del ofrecimiento por parte del Ayuntamiento, ciñéndose por tanto al valor real y actualizado del suelo en cada momento.

Además de este pago en especie del importe correspondiente a los intereses, el acuerdo municipal también plantea la posibilidad de realizar sucesivas daciones en pago destinadas a la reducción de la deuda (principal más intereses que se devenguen después del 1 de enero de 2027), mediante la cesión acordada de terrenos de titularidad municipal. En este caso, a diferencia de la anterior propuesta, su aceptación no será obligatoria por parte de la propiedad.

Postura del alcalde

Tras presentar las principales medidas establecidas en la propuesta de acuerdo municipal, Toni Pérez ha mostrado su convencimiento de que este plan de pagos “es perfectamente asumible” por parte del Ayuntamiento. Así, el alcalde ha manifestado que “dije desde el primer momento que acataríamos la sentencia con seriedad y solvencia”, y ha lamentado que, mientras que de un lado “se han dicho, y escrito, muchas cosas, nosotros, mi gobierno, estábamos ocupados y preocupados, como siempre, en defender el interés general de Benidorm y los benidormenses, trabajando en lo ordinario sin parar, pero también en atender fórmulas para acatar el mandato de la justicia”.

Por último, el primer edil ha insistido en que “es una buena propuesta, que está avalada por el equipo técnico multidisciplinar que ha participado en este proceso, encabezado por los tres técnicos habilitados nacionales que hay en este Ayuntamiento –secretario, interventora y tesorera–“ y ha aseverado que solo ha habido una indicación por parte de su gobierno, que no se tenga que subir impuestos ni recortar servicios. 

No está todo dicho, será el pleno -donde el PP tiene mayoría absoluta- cuando el próximo martes se lleve la propuesta para su aprobación. Una vez aprobada en pleno, la propuesta de acuerdo deberá ser aceptada por la propiedad y/o los tribunales antes de hacerse efectiva.

El primer edil volvió a insistir en la idea que esta es una forma de que este suelo protegido del Parque Natural pase de estar en manos privadas a ser “patrimonio del pueblo de Benidorm, garantizando así su protección para el presente y el futuro de los benidormenses”.