ALICANTE. La propuesta de reorganización de la estructura orgánica del Ayuntamiento de Alicante promovida por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), encuentra el camino despejado con el concurso de los representantes de Vox. El acuerdo por el que se aprueba la propuesta retributiva de los doce puestos de responsabilidad ejecutiva a los que se da pie en esa reestructuración (dos coordinadores generales y diez directores generales) ha quedado dictaminado favorablemente este martes en el transcurso de la comisión informativa de Presidencia (convocada de forma extraordinaria y urgente) con el único voto favorable del PP y gracias a la abstención del partido de Santiago Abascal, mientras que el conjunto de las fuerzas del eje progresista que conforman la oposición (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem) han votado en contra.
El posicionamiento de Vox da oxígeno a los populares con expectativas de que el acuerdo pueda quedar aprobado este viernes durante la celebración de un pleno extraordinario (sin necesidad de aguardar al pleno ordinario de finales de octubre). Es lo que sucederá si se mantiene el mismo equilibrio de votos. En todo caso, Vox habría planteado al menos una exigencia al equipo de gobierno sobre la que en realidad no tendría ninguna capacidad de control efectivo, aunque -llegado el caso, y sin perjudicar sus relaciones bilaterales en el Consell- sí podría condicionar su apoyo a otras iniciativas que pudiese promover el PP en el caso de que no llegase a dársele cumplimiento. Esa exigencia es simple: que ninguna de las personas que se acabe designando para ocupar esas responsabilidades tenga carné político. Y por tanto, que no se trate de militantes del propio PP.
"Exigimos que los nombramientos sean de profesionales que vengan a sumar y a trabajar por Alicante y que no vengan con carné de partido". Así lo ha apuntado el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, a consulta de Alicante Plaza, como medida adicional al margen de que, en el desenlace de la comisión, se haya planteado otras preocupaciones -como el posible incremento de costes- que habrían quedado despejadas. "Hemos preguntado por los pormenores de las cuentas y el impacto económico para el Ayuntamiento es 0 porque se van a amortizar plazas que llevan años sin convocarse por lo que el equilibrio presupuestario se mantiene", han apuntado fuentes de Vox, a través de un comunicado posterior. "La idea no nos parece mala habida cuenta de que somos la única ciudad grande que no posee esta figura directiva e incluso hay ayuntamientos mucho más pequeños, como Guadalajara, que tiene 85.000 habitantes y tiene directores generales", añaden las mismas fuentes.
Al tiempo, portavoces de Vox han asegurado entender "la preocupación de los empleados públicos por el tema de la carrera profesional y, aunque tratándose de un tema absolutamente distinto, desde Vox nos comprometemos a que si el equipo de gobierno quiere aprobar los presupuestos de 2024 y dependiera de nosotros, la carrera profesional contará con la cuantía suficiente para iniciar su ejecución y que los empleados públicos municipales vean por fin satisfecho lo que es su derecho, al igual que ocurre en la inmensa mayoría de las administraciones", según concluye la nota pública.
Por lo pronto, el equipo de gobierno, a través de su vicealcalde y portavoz, Manuel Villar, ha defendido también este martes la oportunidad del acuerdo de reestructuración de la organización municipal, ya plasmado en un decreto de Alcaldía, obedece a la oportunidad y conveniencia de "modernizar y profesionalizar el funcionamiento municipal" sin minusvalorar la capacitación del funcionariado, según ha recalcado. En este sentido, ha señalado que otras grandes ciudades gobernadas por partidos de distinto signo político -como Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Zaragoza o València, entre otras- ya disponen de ese organigrama desde hace años, incluso con un número mayor de directores generales, lo que también supone un gasto mayor. En todo caso, ha insistido en que "el nombramiento de esos nuevos responsables no va a suponer un incremento presupuestario, puesto que sus retribuciones quedan amparadas tras la amortización de varias plazas que estaban creadas y dotadas pero no cubiertas desde hace años".
Como ya ha informado este diario, la propuesta que se elevará al pleno -amparada en la Ley de Régimen de Bases Local (LRBL) y ya prevista en el Reglamento Orgánico por el que se establecen los niveles esenciales de la Administración del Ayuntamiento (RONE) desde 2012- se incluye la asignación de dos retribuciones de 82.000 euros brutos anuales para el nombramiento de dos coordinadores generales, de Estrategia Municipal y de Transformación y Gestión Municipal. Y, al tiempo, diez direcciones generales retribuidas con 75.000 euros anuales sobre Servicios Centrales; Innovación y Sociedad Digital; Servicios Públicos; Plan General de Ordenación Urbana; Proyectos y Obras, Medio Ambiente, Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía. Asimismo figuran los titulares del Órgano de Gobierno, Asesoría Jurídica, Órgano de Gestión Económica-Tributaria y del Órgano de Contabilidad.
En esta línea, Villar ha apuntado que la incorporación de este nivel directivo intermedio, entre los concejales y los jefes de Servicio de cada concejalía, "en nada altera ni las funciones ni las competencias del nivel administrativo actual", sino que "la completa y la refuerza". Al tiempo, ha incidido en que para este nivel directivo la ley contempla que sea ocupado por funcionarios o, de manera excepcional, por personas que provengan de la empresa privada con una acreditada trayectoria profesional.
Al mismo tiempo, el equipo de gobierno y tres de los sindicatos representados en el Ayuntamiento (UGT, CSIF y SPPL) han mantenido este martes una reunión de la comisión de seguimiento sobre el proceso de implantación del sistema de ascensos y mejoras retributivas de los funcionarios de la llamada carrera profesional en la que los representantes de los trabajadores han reclamado celeridad en el proceso y el desarrollo de una reunión con el alcalde, Luis Barcala. Villar ha precisado que, tras esa reunión, se ha acordado celebrar un nuevo encuentro el próximo viernes para poder concretar los factores (criterios) a tener en cuenta en ese proceso.
En esta reunión el equipo de gobierno pondrá sobre la mesa una nueva propuesta para acercar las distintas posturas y cerrar en el menor tiempo posible un acuerdo definitivo. Cuando menos, así lo ha expresado el propio Barcala a través de un comunicado posterior dirigido al conjunto de los trabajadores municipales, en el que se detalla que, este lunes, se celebró la vista del juicio por la demanda planteada por la Subdelegación del Gobierno frente a la dotación de una primera partida presupuestaria en las cuentas de 2022 con el fin de implantar la carrera profesional y que se permanecía a la espera de resolución. "Como reiteradamente hemos dicho, seguimos defendiendo la legalidad de implantar la carrera profesional y oponiéndonos a las pretensiones del Gobierno, por lo que no hemos dejado con los Sindicatos y con Recursos Humanos de avanzar para la implantación y pago efectivo de la carrera profesional", señala el comunicado.
En ese mismo comunicado, el primer edil también da cuenta de la reorganización de la estructura municipal para explicar que se trata de una medida contemplada desde 2012 en cuyo desarrollo se viene trabajando desde el pasado mandato y que, tras su configuración con el nombramiento de los nuevos responsables (coordinadores y directores generales) se trata de optimizar el funcionamiento municipal, "tanto en la propia organización como en el desempeño de las competencias y funciones". Y, por último, señala que "lo aconsejable" sería que esa reestructuración se acompase con la puesta en marcha de la carrera profesional.
Por su parte, los representantes de los grupos del eje progresista también se han pronunciado este martes sobre el dictamen alcanzado en la comisión de Presidencia respecto a la asignación de retribuciones para los nuevos responsables del organigrama municipal con críticas adicionales a las manifestadas este lunes. En esta línea, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha justificado su voto en contra de la propuesta "tanto de la urgencia para celebrar esta comisión como de las asignaciones económicas que propone el PP. Es un atropello que el alcalde pretenda aprobar por urgencia la creación de 12 puestos de trabajo que supondrán un gasto de 1,5 millones de euros para todos los alicantinos y alicantinas".
Barceló ha criticado que los directores y coordinadores que quiere nombrar Barcala "van a cobrar sueldos superiores a los de los concejales que ostentan competencias de gobierno, una decisión que evidencia las carencias del equipo que el alcalde lidera. No estamos de acuerdo en el abuso de este instrumento que permite la ley. Se pretender crear puestos más allá de lo razonable y se les pretende atribuir funciones que, en realidad, corresponden al equipo de gobierno", ha destacado.
En esa misma línea, la portavoz ha señalado que el hecho de que se pretendan cubrir esos puestos con la amortización de plazas previstas en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento "cronifica uno de los mayores problemas que arrastra la administración local, como es la falta de personal de la que viene advirtiendo el interventor en sus sucesivos informes". "En lugar de hacer crecer la plantilla municipal para conseguir mejorar la prestación de servicios en la ciudad, que son muy deficientes, amortizamos puestos que están contemplados para crear otros diferentes pero con mayores retribuciones que tendrá que pagar la ciudadanía", ha añadido.
"El alcalde", ha considerado la portavoz, "tendría que haber impulsado con la misma celeridad la puesta en marcha de la carrera profesional que vienen reivindicando los funcionarios del Ayuntamiento. La incompetencia es tal que hasta ahora no hemos tenido ni gerente en el Patronato de Turismo ni en el Patronato de Vivienda; para eso ni tenía prisa ni había que subir sueldos", ha concluido.
Por su parte, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha apuntado que "una vez acabada la comisión constatamos el paripé en el que se está convirtiendo la toma de decisiones en este ayuntamiento. Estaba pactada la abstención de Vox, que por un lado se queja de los chiringuitos, pero que no tiene ningún reparo en abstenerse en una propuesta que debería haberse consensuado mínimamente por decencia democrática", ha añadido.
"Creemos necesario que la sociedad civil y también los sindicatos alcen su voz contra una manera de gobernar despótica, que no busca consensos ni un mínimo diálogo para cuestiones de tanto calado. Nos oponemos frontalmente a que los salarios brutos que se plantean para los puestos de nueva creación estén por encima de los del mismo presidente del Gobierno o del propio alcalde. Más si cabe cuando se ha estado ninguneando el tema de la carrera profesional de los funcionarios, el acuerdo de condiciones laborales y la RPT. Parece que sí hay dinero cuando hay voluntad política", ha apostillado.