Vista aérea de la planta desaladora Alicante II, en una imagen de archivo. Foto: APALICANTE. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla, de la que depende el abastecimiento de 35 municipios de la provincia de Alicante donde reside la mitad de su población, sigue cumpliendo trámites para garantizar la disponibilidad de caudales ante el nuevo escenario de reducción del trasvase Tajo-Segura por los nuevos planes de cuenca (pese a que, de momento, no ha habido recortes en los tres meses que llevamos de 2023). Así, tras prorrogar hace unos días el suministro eléctrico de las desaladoras a la espera del nuevo megacontrato de la luz, el Taibilla saca ahora a concurso el nuevo contrato de explotación y mantenimiento de la desaladora de Alicante.
La última vez que dicho contrato se adjudicó, en 2020, se aprovechó para unificar bajo la misma gestión las dos plantas desaladoras de Alicante, que se habían contruido con años de diferencia y en regímenes diferentes (la primera se hizo por concesión, la segunda como obra civil al uso), y maximizar así la sinergia de ambas producciones. Durante estos últimos años, el responsable de operar y mantener las dos plantas, ahora ya como una sola, ha sido Sacyr, que se hizo con la adjudicación tras un largo 'sainete' de recursos, nulidades, revisiones y descalificaciones en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
El paso del tiempo y la inflación desbocada desde finales de 2021 han elevado de forma significativa el importe de este contrato, aunque en realidad el coste final dependerá de las ofertas que realicen las empresas licitadoras. Sacyr se adjudicó la anterior etapa de gestión de las desaladoras para unificar su gestión por 16 millones de euros, impuestos incluidos (8 millones de euros anuales por dos años, más la prórroga), mientras que ahora esta función se saca a concurso por 18,4 millones de euros con impuestos, también para dos años (el valor estimado del contrato llega a los 30 millones más impuestos, si se ejecuta la prórroga de dos años prevista). Es decir, en caso de que no hubiera rebaja, un 12,5% más que el anterior.
El plazo para presentar ofertas finaliza en abril, y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ya ha organizado visitas a la planta para que las firmas interesadas conozcan la operativa a la que se tendrán que enfrentar. Como suele ser habitual, todo indica que la Mancomunidad recibirá ofertas de los principales actores del sector, incluidas las que padecieron los polémicos descartes en 2019, como Acciona o Inima, y la actual operadora, Sacyr.
El precio que oferten los aspirantes aportará un 70% de la valoración ponderada de los criterios objetivos, mientras que el resto dependerá del número de horas de formación ofertadas, la mayor velocidad de respuesta ante incidencias y el menor consumo máximo para cada línea. En cuanto a los criterios subjetivos, la metodología y programación de los trabajos supondrá la mitad de la valoración, mientras que la otra mitad dependerá de la propuesta técnica y el alcance de la prestación.
Las dos desaladoras juntas tienen una capacidad máxima para inyectar hasta 48 Hectómetros cúbicos al año en el sistema del Taibilla, pero en realidad nunca han llegado a tal volumen. Como contó Alicante Plaza el pasado mes de junio, el Taibilla sacó a concurso un rediseño de la toma de agua de las desaladoras, después de que prácticamente desde su puesta en marcha haya estado captando menos agua de la prevista y además de mala calidad. En lo que va de año hidrológico (esto es, desde octubre pasado), el Taibilla ha generado 25,76 Hectómetros por medio de la desalación, para lo que cuenta tanto con la planta de Alicante como con la de San Pedro del Pinatar, en Murcia.
