ORIHUELA.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha estimado parcialmente el recurso presentado por Construcciones Zaplana Caselles S.L.U. y ha anulado la resolución del Ayuntamiento de Orihuela que declaraba un incumplimiento contractual en el servicio de mantenimiento, conservación y reparación de vías y espacios públicos de Orihuela Costa. Esta cuestión fue denunciada por el grupo Ciudadanos ante el juzgado.

La sentencia, fechada el 3 de marzo de 2026, revoca la decisión municipal que había dado por acreditado que la empresa no cumplió con la adscripción de instalaciones fijas y medios personales comprometidos en su oferta. El tribunal concluye que no existió tal incumplimiento, apreciando vulneración del principio de confianza legítima por parte de la Administración. En el documento se recuerda que la empresa ofertó una nave en la calle Diamante, pero finalmente utilizó otra instalación. El tribunal destaca que “la Administración estimó adecuada la sustitución teniendo en cuenta el tiempo de la tardanza en la adjudicación e iniciación del contrato”, según refleja el fallo.

Un proceso administrativo prolongado y contradictorio

El contrato fue adjudicado en 2019, aunque el servicio no comenzó hasta febrero de 2020. La incoación del expediente sancionador no llegó hasta julio de 2022, más de dos años después del inicio de la prestación. Durante ese tiempo, según recoge la sentencia, los técnicos municipales emitieron informes favorables sobre el cumplimiento del contrato, incluyendo la adecuación de la instalación fija utilizada por la empresa. En un acta de comprobación de abril de 2020 se afirma que “las instalaciones fijas se adecúan a las necesidades del servicio”.

El tribunal subraya que el Ayuntamiento aprobó pagos y certificaciones durante años sin objeciones, lo que reforzó la confianza legítima de la empresa en que la ubicación alternativa era válida.

El TSJCV aprecia confianza legítima y descarta el incumplimiento

La Sala considera verosímil la explicación de la empresa: la nave ofertada inicialmente no estaba disponible cuando comenzó el contrato debido al retraso en la adjudicación, y el propio Ayuntamiento habría indicado la ubicación alternativa en la calle Nicolás de Bussy.

El tribunal concluye que la Administración generó expectativas claras y sostenidas de aceptación de esa instalación, por lo que no puede años después declarar un incumplimiento grave.

El Ayuntamiento alegaba que el ingeniero técnico adscrito al contrato no cumplía el horario comprometido. Sin embargo, el TSJCV rechaza este argumento al constatar que el trabajador realizaba tareas fuera del horario presencial y que no se acreditó ninguna deficiencia en la ejecución del servicio.

El único punto en el que el tribunal mantiene la decisión del juzgado de primera instancia es la recusación del concejal de Infraestructuras, Ángel Manuel Noguera. La Sala confirma que no existían motivos para apartarlo del procedimiento.

La empresa exige una disculpa

Tras conocerse el fallo, la empresa Construcciones Zaplana Caselles S.L.U. desea manifestar públicamente su posición sobre el fallo que confirma que no existió incumplimiento contractual alguno por parte de esta empresa en la ejecución del servicio de mantenimiento de vías y espacios públicos de Orihuela Costa.

"Durante años, determinados miembros del grupo municipal de Ciudadanos difundieron acusaciones falsas que dañaron gravemente el honor y la reputación de esta empresa, llegando a atribuirnos pertenencia a “tramas” inexistentes y supuestos beneficios irregulares. La resolución judicial desmonta de forma definitiva todas estas afirmaciones", han lamentado. Por ello, insisten en que el TSJCV ha declarado probado que la instalación fija utilizada por la empresa fue la indicada por el propio Ayuntamiento de Orihuela y que cumplía los pliegos, así como que el responsable técnico adscrito al contrato desempeñó correctamente sus funciones. La empresa ha estado representada en este procedimiento por la abogada Pilar Hernández Castillo, a quien agradecemos su dedicación.

"Lamentablemente, quienes nos acusaron fueron los mismos que incumplieron obligaciones esenciales durante la vigencia del contrato: no suministraron materiales, dificultaron la prestación del servicio y no abonaron en tiempo y forma los trabajos realizados. Estas decisiones injustificadas generarán ahora costes adicionales para el municipio", destaca la empresa a través de un comunicado.

"Aunque este contrato ya no forma parte de nuestra actividad, consideramos necesario informar a la ciudadanía y solicitamos una disculpa pública por las acusaciones vertidas en plenos municipales, medios de comunicación y redes sociales", añade la compañía. "Tras más de cuarenta años de trayectoria, reiteramos nuestro compromiso con el trabajo bien hecho y con los municipios en los que desarrollamos nuestra labor. Los hechos y la justicia han hablado con claridad", concluye el comunicado.