ORIHUELA. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela ha abierto diligencias previas por un presunto delito de prevaricación administrativa en el denominado "caso Viales", tras la denuncia presentada por el portavoz de Ciudadanos, José Francisco Aix, y el exconcejal de Infraestructuras de Cs, Ángel Noguera. La investigación alcanza a los exediles del PP Emilio Bascuñana, Rafael Almagro, Mariola Rocamora, Sabina Galindo y Víctor Valverde, que integraron la Junta de Gobierno Local entre 2019 y 2023. Valverde continúa hoy como concejal en el gobierno PP-Vox, mientras que Sabina Galindo fue nombrada hace poco más de una semana secretaria autonómica de Medio Ambiente.

El oficio judicial, fechado el 15 de diciembre, amplía la condición de investigados —antiguos "imputados"— al técnico municipal responsable del contrato, Antonio Gracia, a la empresa adjudicataria Construcciones Zaplana Caselles SLU y a su administrador, José Julián Zaplana, así como a la actual concejal de Contratación, Mónica Pastor, por la prórroga del contrato en 2024 pese a los incumplimientos detectados. El juzgado ha requerido al Ayuntamiento el expediente del contrato y las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2018 —prorrogadas y vigentes en 2020— para verificar el control de pagos y la fiscalización técnica previa.

Ciudadanos sostiene que el contrato de mantenimiento de viales de Orihuela Costa, adjudicado en 2020 a Construcciones Zaplana Caselles SL, se ejecutó sin que la empresa aportara las instalaciones fijas comprometidas —nave, oficinas y espacio para maquinaria—. Pese a las advertencias, la Junta de Gobierno Local aprobó mensualmente las facturas, sin reducir importes ni resolver el contrato. Una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo de Elche, dictada en junio, ya dio por acreditados varios incumplimientos que, según el fallo, debieron conllevar la terminación del servicio.

La causa incluye también la prórroga firmada en marzo de 2024 por la concejal de Contratación, Mónica Pastor, cuando ya estaba abierto un expediente de liquidación y eventual reintegro, que Cs considera paralizado.

El papel de Vox, socio del PP en el gobierno actual, ha suscitado críticas por su actitud “complaciente”. La formación, que gestiona la Concejalía de la Costa con Manuel Mestre, ha evitado profundizar públicamente en un asunto que afecta a su socio. Mientras, Valverde —ahora responsable de Infraestructuras— ha seguido avalando el pago de facturas tras el cambio de gobierno de 2023 y, según la oposición, ha eludido aclarar en pleno la inexistencia de la nave incluida en el contrato.

Con el requerimiento judicial de documentación, el juzgado pretende comprobar si se respetaron las normas presupuestarias municipales, que exigen verificación técnica previa y conformidad política antes del pago. Cs remarca que el técnico anterior no informó sobre los incumplimientos, mientras que otros técnicos sí los dejaron por escrito y acabaron avalados por la justicia.

La apertura de diligencias sitúa el “caso Viales” plenamente en el terreno judicial y reabre un frente político que, según Ciudadanos, fue decisivo en la ruptura del anterior gobierno de coalición con el PP.