El jefe de los servicios jurídicos de San Vicente insiste en la supuesta prevaricación del alcalde

SAN VICENTE DEL RASPEIG. El juzgado nº 1 de San Vicente del Raspeig ha admitido el recurso de apelación presentado por el jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento en relación con un presunto caso de prevaricación. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 dictó auto en febrero de 2022 sobre la denuncia presentada, resolviendo que no existían indicios de haberse cometido delitos en la continuidad de un contrato por parte del ahora alcalde en funciones, Jesús Villar (PSOE).

El contrato del que se aprobó su continuidad es el servicio de limpieza y mantenimiento de los espacios verdes y arbolado mediante dos prórrogas, del 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de ese mismo año y del 1 de enero de 2021 al 30 de junio del mismo ejercicio. Una decisión sobre la que la empresa que presta el servicio, Audeca (filial de Elecnor) estaba en contra y que, precisamente, el jefe de los servicios jurídicos ha justificado para que el juzgado admita su apelación.

Según expone, se obliga a la mercantil a continuar con el servicio por "no haberse iniciado los trámites administrativos para la nueva contratación del servicio con la debida antelación", aclarando que no fue por culpa de la pandemia y la consecuente paralización de la actividad económica y administrativa, "según el informe del técnico de Contratación".

Existen informes desfavorables de las áreas de Contratación y Secretaría, por lo que el denunciante sostiene que "no puede ignorarse la apariencia delictiva de la conducta", insistiendo en su postura de que los hechos "podrían constituir un delito de prevaricación". Además, señala que el hecho de que la resolución no oculte que existen informes desfavorables y sea un servicio necesario que el Ayuntamiento debe prestar, "no justifica la arbitrariedad aparente de la resolución".

El servicio ya pasó por trámites judiciales anteriormente, cuando la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (ASEJA) impugnó ante el Tribunal de Recursos Contractuales (TACRC) el pliego de condiciones. El Tribunal admitió el recurso y paralizó la adjudicación del contrato en mayo de 2017, obligando finalmente al Ayuntamiento a volver a establecer unas nuevas condiciones técnicas que valorasen la huella de carbono de las empresas que concurrían a la licitación, en la que finalmente Audeca resultó victoriosa y se le adjudicó el servicio.

Por su parte, fuentes conocedoras de la situación consultadas por Alicante Plaza aseguran que esta insistencia con el asunto se debe a una "persecución personal" hacia Jesús Villar, alcalde y concejal de Recursos Humanos, por dos motivos: el primero, por unas retribuciones económicas "que se le han denegado judicialmente" y, el segundo, "por la relación personal e íntima con José Gadea", quien formó parte del "brazo ejecutor" de los grupos de WhatsApp contra el primer edil. Estas fuentes se cuestionan la "profesionalidad" del jefe de los servicios jurídicos y subrayan el "daño moral" que se hace a un alcalde por parte del abogado del Ayuntamiento.