Ricardo García Macho. Foto KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los responsables del Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana se les agota la paciencia con el Ayuntamiento de Santa Pola. Lo dijo su presidente, Ricardo García Macho, en una entrevista a Plaza, y lo confirma en la última resolución remitida al consistorio, al que insta, de una vez por todas, a iniciar el procedimiento sancionador contra el o los responsables de la posible comisión de faltas graves o muy graves por no facilitar la información solicitada por particulares o grupos políticos.
El Consejo de Transparencia ya expuso esta situación a la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano (PP), en una carta remitida el pasado 15 de octubre. Sin embargo, en la última resolución del consejo, del pasado 19 de febrero, y "transcurridos cuatro meses desde la carta a la alcaldesa, es constatable que se mantiene o incrementa la desproporción en el número de reclamaciones recibidas contra el Ayuntamiento de Santa Pola por incumplimientos de los deberes previstos en la legislación de transparencia". Y con los datos en la mano, según el consejo, "se demuestra que en la práctica totalidad de las reclamaciones presentadas se denuncia la falta de respuesta del Ayuntamiento de Santa Pola a solicitudes de información o documentación pública". Y por tanto, figura como administración más reclamada el Ayuntamiento de Santa Pola, sin parangón con ningún otro municipio de la Comunitat Valenciana, ni siquiera con capitales de provincia o municipios de población muy superior a Santa Pola", detalla el escrito.
En la carta remitida por Ricardo García Macho en octubre, ya se le hizo ver al Ayuntamiento de Santa Pola el cuello de botella que estaba generando en la propia institución. "El total de reclamaciones presentadas en 2020 ante el Consejo de Transparencia hasta la fecha es de 186 para el conjunto de la Comunitat Valenciana: por tanto, las reclamaciones contra el Ayuntamiento de Santa Pola representan más de un 23% del total de reclamaciones en toda la Comunidad. Este volumen desproporcionado de reclamaciones no sólo pone de manifiesto un grave problema de transparencia en su Ayuntamiento: también está suponiendo una carga de trabajo adicional e injustificada para este Consejo, que va en detrimento del cumplimiento de sus funciones con la necesaria agilidad".
En la última resolución, con fecha 19 de febrero, el Consejo de la Transparencia da por buenos los hechos relatados por los denunciantes, que vienen a decir que el consistorio no facilita la información; si lo hace es tarde, a instancia del propio Consejo de la Transparencia, lo cual les genera una situación de indefensión porque lo hace fuera de los plazos para presentar alegaciones como afectados que lo son de esos expedientes municipales.
El Consejo ya instó el pasado 25 de septiembre al consistorio santapolero a adoptar medidas contra los responsables de no facilitar la información. La decisión se comunicó el pasado 14 de octubre, pero desde entonces no ha tenido constancia de ninguna medida al respecto. El Consejo de Transparencia ha constatado hechos, acciones u omisiones susceptibles de ser considerados como infracciones, por lo que procede instar la incoación del procedimiento, por parte del consistorio. En caso de no hacerlo, dice el consejo, se puede iniciar "el procedimiento por petición razonada de otros órganos"; es decir, otro órgano administrativo que no tiene competencia es el que inicia el proceso sancionador que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento".
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Santa Pola no tiene otra salida: o incoa el expediente sancionador contra el o los responsables de la posible comisión de faltas graves o muy graves expresadas y lo comunica; o de lo contrario, abrirán el procedimiento contra la propia institución. A principio de este mes de febrero, el Síndic de Greuges también afeó al consistorio santapolero por el apagón informativo al no facilitar la información solicitada por la oposición e instó que se hiciera de forma telemática.
