Obras en San Antón / PEPE OLIVARESELCHE. El Consejo de Administración de Pimesa ya ha aprobado la comercialización del nuevo bloque de San Antón, el cuarto, de 54 viviendas, que acogerá a 40 familias del viejo bloque 6 que tienen derecho de compra. Además, también se ha modificado el proyecto de demolición de los primeros inmuebles, del 11 al 14, de lo que como ya avanzó este diario, ahora se va a plantear que el derribo pueda ser escalonado. Según las previsiones de la empresa municipal, esperan que puedan iniciarse a finales de enero o finales de febrero.
Por partes, en lo referido a la comercialización, de este cuarto edificio, de 54 viviendas (dos adaptadas para movilidad reducida), 41 plazas de garaje y pisos de entre 46 y 58 metros cuadrados, el realojo será para las familias del bloque 6, en la calle Pastor Benedito (1, 3 y 5). Y por orden de antigüedad. Primero aquellos vecinos que por orden acrediten que esa es su residencia habitual desde antes del 29 de octubre de 2018, fecha en que se aprobó el Arru (Área de Renovación y Regeneración Urbana), es decir, el proyecto de renovación del barrio. Después, aquellos que acrediten que es su residencia habitual tras la fecha del Arru, y por último aquellos que tan solo son propietarios de las viviendas, pero no demuestren su residencia habitual y permanente, cuyo orden vendrá determinado por la fecha de adquisición de la vivienda.
La horquilla de precios será de 53.240 euros la más barata sin plaza de garaje, a 76.500 la más grande, que sí incluye plaza de garaje. Aunque este es el precio de protegido que pone Pimesa, la realidad es que los vecinos pagarán solo la diferencia entre estos precios y el valor de sus viejos pisos, como se ha hecho siempre. De esta forma, el Ayuntamiento, dependiendo de las características de cada casa, pagará entre 20.000 y 48.000 euros para hacerse con la propiedad de sus viejas viviendas, que a la postre serán derruidas para ir levantando nuevos inmuebles o generar áreas de espacio público y dotaciones.
Antonio Martínez y Francisco SolerPor otra parte, aquellos vecinos que estén en situación de vulnerabilidad, esta vez desde el principio de la comercialización podrán acreditar su situación y optar por un alquiler social con opción a compra cuando puedan permitírselo (porque tienen su derecho de adquisición reservado), ya que anteriormente se aprobó esto una vez iniciada la comercialización. Aunque estas alternativas no serán en el bloque nuevo, sino en la docena de viviendas restantes que quedan por ocupar de la primera fase del Arru, es decir, de los tres primeros inmuebles construidos. Las 14 viviendas que quedan por ocupar de este cuarto edificio se reserva para los derechos de compra de próximas fases. Como es habitual, al ser viviendas públicas y protegidas, la descalificación como tal será para dentro de 30 años. Hasta entonces no se podrán alquiler o vender.
En cuanto a la demolición, aunque estaba ya adjudicado el proyecto, ahora se licita el propio servicio para contratar a una empresa que se encargue del derribo. Se ha aumentado el precio un 5% por la actualización de costes, por lo que se prevé que pueda costar hasta 1,9 millones de euros. En cuanto a las fechas previstas, el concejal de Urbanismo Francisco Soler explica que "esperamos poder hacerlo a finales de enero o febrero", ya que se ha cambiado el planteamiento de la demolición: para no esperar a tener los cuatro edificios vacíos, lo que se está retrasando, se podrán demoler de forma escalonada. Con un plazo de cuatro meses si se trata de un edificio solamente y uno de seis meses si se derribasen dos juntos o más.
A este respecto, en tanto que obra pública, el gerente de Pimesa Antonio Martínez explica que "tendrá que ser una demolición modélica", y por ello el 70% de los residuos tendrán que ser tratados especialmente y llevados a plantas especializadas para su tratamiento y reciclaje, no a cualquier vertedero. Con todo, el Ayuntamiento sigue a la espera de poder resolver la situación de tres ocupaciones y cuatro propiedades que aún no han firmado el contrato de entrada a los nuevos pisos, teniendo derecho, con alguna alegación al proceso de expropiación. En este caso, porque dos vecinos no quieren abandonar su piso al considerar que está en buenas condiciones, otro es una empresa y otro no habría respondido.
Los casos de ocupación está en diferentes niveles administrativos. "Todos están en la fase de expropiación, que ya no se puede parar y seguirá adelante", explica Martínez. Un desalojo ya se ha aprobado administrativamente, otro tiene el juicio la próxima semana y un tercer caso es de una ocupación antigua. El gerente especifica que "estas personas no tienen derecho al realojo en San Antón porque al no ser propietarias no tienen derecho de compra ni de alquiler, ese derecho es de los vecinos".
Así, son 4 viviendas en avenencia pendientes de firma del acta y 14 en trámite de justiprecio. Además de las dos viviendas municipales ocupadas, una con señalamiento de juicio este mes y otra con fecha de lanzamiento en diciembre. Aunque subraya que sin entrar en su situación social, estos casos se estarían analizando en Servicios Sociales para ofrecer y buscar alternativas habitacionales. En todo caso, sobre los casos de aquellos propietarios que tienen derecho a compra pero no han firmado aún por falta de voluntad, el gerente lamenta que "por parálisis de dos viviendas de las 288 esté paralizando el proceso de renovación". Son casos que ya se conocían desde el principio y de los que se sabía que llegado este momento habría problemas.
En cuanto a las próximas fases, cabe recordar que aunque el Ayuntamiento sigue intentando amarrar una tercera fase, como intentó el anterior equipo de gobierno, para construir de golpe los cinco edificios que quedan, Soler transmite que "estamos constantemente encima de ese tema en el departamento", si bien ahora con la situación por la Dana en la provincia valenciana entienden que no es ahora la prioridad. Del quinto edificio, el Consistorio ya encargó su diseño. Tendrá once plantas.
