El Gobierno y el PSOE aplauden la aprobación de la reforma fiscal, el pasado jueves. Foto: EFE/FERNANDO VILLARVALÈNCIA. La Dana y sus terribles efectos ha dejado en segundo plano en la Comunitat Valenciana buena parte de la actualidad no relacionada con ese suceso. Entre las noticias que han podido pasar inadvertidas está la aprobación en el Congreso, el pasado jueves, de un paquete de medidas fiscales pactado entre el Gobierno y sus socios de legislatura, que no se lo pusieron fácil al PSOE.
Más inadvertido todavía ha pasado que una de esas medidas, el impuesto a la banca, incluye una disposición, exigida por Junts y aceptada por PSOE y Sumar, que beneficia especialmente a las comunidades de Madrid y Cataluña y perjudica a otras, entre ellas la Comunitat Valenciana. Se trata de la forma en que se repartirá la recaudación de ese impuesto entre las Comunidades Autónomas, en función de su Producto Interior Bruto (PIB) y no de su población.
Esta forma de reparto es regresiva, ya que se reparte en función de la riqueza de cada territorio, lo que acentúa las diferencias. Lo más progresivo desde el punto de vista territorial, sería hacerlo justo al revés, que recibieran más las menos ricas. No tiene en cuenta, además, la población de cada territorio y mucho menos la llamada "población ajustada", el criterio que se utiliza en el sistema de financiación autonómica para sobreponderar a algunas CCAA por criterios como insularidad, baja densidad de población o envejecimiento.
De esta forma, tal como se ve en el gráfico, en comparación a si el reparto se hiciera por población, algunas comunidades salen beneficiadas con el reparto según el PIB, especialmente Madrid y Cataluña, y otras salen perjudicadas, la que más Andalucía seguida de la Comunitat Valenciana, que pierde 1,62 puntos porcentuales. Si se cumplen las previsiones de recaudación de cerca de 2.000 millones de euros, supondría unos 30 millones menos para la Comunitat Valenciana.
En el gráfico figuran País Vasco y Navarra, pero estas dos comunidades no participarán en el reparto común, ya que el PNV se encargó de que se incluyera la excepción navarra y vasca en el articulado de la ley, de manera que la manera en que se recaudará y liquidará con el Estado este impuesto en ambas regiones se negociará bilateralmente con cada una.
El nuevo impuesto a la banca, que sustituye al que ha estado vigente desde 2021, tendrá una vigencia de tres años y gravará a las entidades financieras de forma progresiva en función de su cifra de negocios, con un tipo que será del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante.
La reforma que incluye este impuesto fue aprobada por el Congreso por 178 votos a favor y 171 en contra. Votaron a favor PSOE, Sumar -incluidos los diputados de Compromís-, ERC, Junts, EH-Bildu, PNV, Podemos y Coalición Canaria. Votaron en contra PP, Vox y UPN. No votó José Luis Ábalos. El proyecto pasará ahora al Senado.
El reparto de fondos en función del PIB es una reivindicación habitual del los partidos nacionalistas catalanes. Tanto Junts como ERC consideran que el reparto por población ajustada que establece el sistema de financiación autonómica es un expolio a Cataluña, una de las tres CCAA -junto a Madrid y Baleares- que aporta al sistema más de lo que recibe.
Por esta razón, en el Estatut de Cataluña se incluyó un artículo que obliga al Parlamento español a reservar en los Presupuestos Generales del Estado un volumen de inversiones en esta autonomía equivalentes a su PIB.
