VALÈNCIA (EP/AP). El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, se ha referido este sábado a la citación como investigado del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, a cuenta de un supuesto fraccionamiento de contratos concertados de manera directa desde la Concejalía de Comercio, para sotener "con total objetividad,que no se trata de un caso ni mucho menos de corrupción", sino de "un problema de contratación administrativa".
Así lo ha manifestado antes de participar en dos reuniones de trabajo convocadas por las secretarías de Educación y Justicia Social del PSPV en València, en respuesta a preguntas de los medios sobre la investigación al primer edil, junto a dos de sus asesores, el jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor de la concejalía de Comercio, Pedro de Gea.
La citación se conoció este pasado viernes, después de que los grupos municipales de PP y Ciudadanos ratificasen ante la titular del juzgado de Instrucción número 9 de Alicante sus denuncias por las presuntas irregularidades en la tramitación de contratos en Comercio, donde el alcalde mantenía las competencias hasta este verano, para llevar a cabo diversas actuaciones relacionadas con la promoción del comercio local. El Ayuntamiento celebró una Comisión de Investigación al respecto.
"En estos momentos, es evidente que hay un procedimiento abierto. En la próxima semana el alcalde declarará. Sinceramente, con total objetividad, no se trata de un caso ni mucho menos de corrupción, se trata de un problema de contratación administrativa. En cualquier caso, estamos a lo que la Justicia diga y esa es la cuestión", ha señalado el líder del Consell.
A su juicio, "en estos momentos lo que es necesario es que haya un proceso de reflexión, pero no por este caso sino por la situación del Gobierno de Alicante", ha recalcado.
Puig ha manifestado, eso sí, que "sería bueno que los actores principales en esta cuestión, que son los partidos políticos y sus referentes en el ámbito de la ciudad de Alicante, hablaran y vieran de qué manera encuentran una salida que tiene un objetivo: un avance social para la ciudad de Alicante". "Ese es el objetivo, los ciudadanos", ha zanjado.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal