ALICANTE. El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) ha puesto el foco en la evolución reciente de los indicadores del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y en la brecha que dibujan en la provincia alicantina frente al conjunto de España. El análisis comparado, con datos de variación interanual de enero de 2025 a enero de 2026, sitúa a Alicante por encima de la media nacional en el aumento de empresas afectadas y en salarios adeudados, mientras que el comportamiento de los trabajadores afectados y de las indemnizaciones muestra un patrón distinto al estatal.

El contexto nacional que acompaña a los datos parte, según Ineca, de un "deterioro notable del tejido empresarial español", asociado a un aumento de cierres que conllevan despidos. En ese marco, las estadísticas de Fogasa reflejan, para el país, un incremento del 42,3% en el desembolso total y una subida del 46,2% en las indemnizaciones comprando datos de enero de 2025 y de 2026.

Sobre esa base, el instituto destaca "el caso crítico de Alicante" en comparación con la media nacional. La provincia registra un aumento del 41,9% en empresas afectadas, frente al 16,5% del país. En el mismo periodo, los trabajadores afectados crecen un 20,5% en Alicante, frente al 36,4% nacional. En salarios adeudados, el incremento provincial es del 46,1%, por encima del 35,1% estatal. Mientras, en indemnizaciones, Alicante anota un 28,4%, por debajo del 46,2% nacional.

El propioanálisis interpreta el contraste entre el avance de empresas afectadas y el menor crecimiento relativo de trabajadores afectados como un indicio de cierres en compañías de menor tamaño. En concreto, señala que, al ser inferior el impacto en trabajadores, "se deduce que las empresas que cierran son de menor tamaño (pymes y micropymes)". A ese perfil, añaden el hecho de que Alicante supere la media nacional en salarios adeudados, "señal de periodos de impago más largos". Esta lectura se completa con un resumen de un patrón en la provincia de "pequeña empresa con alta deuda", vinculado a cierres en empresas pequeñas "con importantes deudas acumuladas", y con una mención a actividades "posiblemente en comercio y hostelería". Así, Ineca pone de manifiesto  las "indemnizaciones moderadas" con empresas de menor tamaño y con trabajadores con menor antigüedad media en comparación con el resto del país.

La fotografía que ofrecen estas variaciones se encuadra en una secuencia que Ineca ya venía señalando en informes previos. En un balance anual de Fogasa de 2025, el Instituto destacaba que la provincia de Alicante cerró 2025 con 2.532 expedientes tramitados, frente a 2.126 en 2024, lo que supone un incremento del 19,1%. En el mismo periodo, el total nacional pasó de 52.492 a 54.583 expedientes, un 4% más. En términos de cuota, Alicante representaba el 4,05% de los expedientes en 2024 y pasó al 4,64% en 2025. En esa misma información, Ineca definía el indicador como un "termómetro" del estado del tejido empresarial provincial y señalaba que la evolución era superior a la media nacional.

En el detalle de 2025, el número de empresas implicadas también estaba presente, con 903 en Alicante, frente a 806 el año anterior, un 12% más. En el conjunto de España, las empresas que generaron expedientes aumentaron de 18.043 a 18.786, un 4,1%. También entonces se apuntaba un incremento del empleo afectado. Fueron 2.829 trabajadores vinculados a expedientes Fogasa en Alicante en 2025, frente a 2.315 en 2024, lo que supone un 22,2%. En España, la cifra subió de 58.431 a 60.814, un 4,1%. En el desglose por género de ese ejercicio, los hombres afectados pasaron de 1.313 a 1.495 (13,9%) y las mujeres de 911 a 1.264 (38,7%).

En importes, el balance de 2025 situaba los pagos de Fogasa en la provincia en 25,98 millones de euros, frente a 21,62 millones en 2024, un aumento del 19,9%. A escala nacional, las prestaciones totales pasaron de 486,29 millones a 532,19 millones (9,4%). Por conceptos, los salarios abonados en Alicante ascendieron a 8,58 millones de euros en 2025 frente a 7,25 millones en 2024 (18,4%), y las indemnizaciones a 17,4 millones frente a 14,41 millones (20,7%). La serie también incorporaba datos de importes por género y el comportamiento del importe medio por trabajador, con 9.183 euros en 2025 en Alicante, frente a 9.358 en 2024 (-1,9%), mientras que en el conjunto nacional el importe medio pasó de 8.322 a 8.751 euros (5,2%).

Asimismo, Ineca viene advirtiendo de la preocupación, también en disoluciones empresariales. Su último informe de coyuntura destacaba, como publicó este medio, que hasta septiembre del año pasado la provincia contabilizó 246 sociedades mercantiles disueltas, frente a 188 en el mismo periodo del año anterior, un incremento interanual del 30,9%. Ese reporte incorporaba también la proporción sobre el total nacional en septiembre (5,44%) y el acumulado anual de 2025 hasta noviembre, con 1.018 empresas disueltas. En ese mismo texto, encuadraban el seguimiento de disoluciones como un elemento del bloque de tejido productivo, y apuntaba que el ritmo de disoluciones crecía a mayor velocidad que el de constitución de nuevas sociedades.