Vista de la terminal de mercancías del Puerto en la que se proyecta la instalación de los depósitos de XC Business 90.ALICANTE. Silencio frente a la polémica. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), opta por eludir el debate respecto al proyecto de planta de almacenaje de combustibles promovido por la empresa XC Business en la terminal de mercancías del Puerto y evita la tesitura de tener que volver a posicionarse sobre la viabilidad de la iniciativa. Así se ha puesto de manifiesto este martes en el transcurso del pleno ordinario de enero, en el que los populares han impedido que se admitiese a trámite la propuesta de declaración institucional al respecto, que había registrado el grupo municipal de Compromís por el procedimiento de urgencia, en un contexto en el que el proyecto queda a la espera de resolución de la concesión de licencia municipal por lo que respecta a su construcción (pendiente, eso sí, de la sentencia del TSJ frente al recurso por la denegación por silencio administrativo), así como al aval a su plan de emergencias por parte de la Conselleria de Justicia e Interior. O lo que es lo mismo: dos decisiones que competen a administraciones gobernadas por PP y por PP y Vox.
La iniciativa de Compromís no ha superado el trámite de admisión que resulta habitual para el conjunto de iniciativas planteadas tras la confección del orden del día de cada sesión, al sumar los votos en contra de los 14 concejales del PP y los de los 4 representantes de Vox, por lo que no se ha llegado ni a dar lectura de su contenido. Todo, a pesar de que, minutos antes, sí se había admitido otra propuesta de declaración institucional, en este caso planteada por Vox, a través del mismo cauce: el procedimiento de urgencia. En ese caso, la iniciativa planteaba que se dedicase una calle de la ciudad al Cuerpo de Policía Nacional cuando se cumple el 200 aniversario de su creación. Y ha quedado aprobada con idéntico resultado, 18 síes, en sintonía con el equilibrio de votos que se ha venido reproduciendo prácticamente en todos y cada uno de los acuerdos sometidos a votación durante el desenlace del pleno.
¿Qué planteaba en concreto la propuesta de Compromís? En esencia, que se elevase un nuevo acuerdo institucional de rechazo a la implantación de la planta de almacenaje de combustibles -que alcanzaría hasta 20 depósitos a través de un desarrollo en tres fases- por parte del Ayuntamiento de Alicante, como el que ya se manifestó en 2019, cuando se dio a conocer la propuesta empresarial. Así quedaba resumido en la exposición de motivos de la iniciativa política y en el primero de los cuatro acuerdos que la conformaban. Con los tres restantes, se buscaba un pronunciamiento similar por parte de la Generalitat y del Gobierno central.
En ese sentido, el punto segundo de la declaración trataba de instar a la Generalitat "a mostrar su rechazo a la instalación de macrodepósitos de combustible y a buscar los mecanismos legales a su alcance para impedir su instalación". El punto tercero reproducía ese objetivo respecto al Ejecutivo central, con el mismo añadido de que se le conminase a "buscar los mecanismos legales a su alcance para impedir su instalación". Y el cuarto y último punto de la declaración intentaba recoger el compromiso de convocatoria de la "comisión municipal Puerto-Ciudad para dialogar sobre la integración del Puerto y garantizar la salud y los derechos de las personas que viven en los barrios cercanos al mismo", en la línea de la petición ya formulada por Compromís la semana pasada.
Lo cierto es que la declaración institucional registrada por Compromís no ha sido la única ocasión en la que se ha planteado en el pleno el debate sobre la viabilidad de los depósitos. La portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, había utilizado el turno de ruegos y preguntas para cuestionar directamente al alcalde, el popular Luis Barcala, sobre cuál era la posición del equipo de gobierno respecto a ese proyecto. Pero tampoco entonces se ha producido respuesta alguna. El primer edil (que se incorporaba a la sesión tras ausentarse temporalmente en ese mismo momento) ha emplazado su contestación al desarrollo del próximo pleno ordinario, en el mes de febrero.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en un momento del pleno ordinario de enero, este martes.Además, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, también había cuestionado al equipo de gobierno sobre si se había emprendido algún tipo de negociación para intentar el traslado de la planta de betún asfáltico ya asentada en la terminal de mercancías del Puerto, así como con la promotora de los depósitos de combustible, para sondear posibilidades de que pudiese producirse su traslado a un polígono industrial de la ciudad, en un contexto en el que se espera obtener el visto bueno definitivo a la modificación del PGOU por la que se ampara la creación de una bolsa de 650.000 metros cuadrados de suelo apto para la implantación de empresas en el recinto empresarial de Las Atalayas.
En ese momento, sí ha habido respuesta por parte de la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, quien ha asegurado que, en realidad, esa pregunta debería responderla la Autoridad Portuaria, que es quien concedió autorización para la implantación de ambas iniciativas. Al margen de ello, sobre la concesión de licencia de obra que corresponde conceder al Ayuntamiento de Alicante, solo ha apuntado que se trata de un acto reglado por lo que no se puede denegar su tramitación (lo que no implica que vaya a producirse la concesión del permiso solicitado).
Hasta el momento, el equipo de gobierno sí había venido manifestando su rechazo al desarrollo del proyecto. De hecho, esa fue la posición que reiteró el vicealcalde y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, el pasado martes, tras ser cuestionado sobre los informes evacuados por el servicio de evaluación ambiental y por la Abogacía de la Generaliat entre finales de 2020 y mayo de 2021, en los que se eximía al proyecto del trámite de evaluación de impacto.
En todo caso, el rechazo del debate sobre el proyecto se suma a la posición manifestada por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado viernes, en la que se limitó a apuntar que no conocía los pormenores del proyecto ni su estado de tramitación, de modo que optó por la prudencia y se limitó a apuntar que se aplicaría la legalidad.
Sea como fuere, el proyecto de los depósitos no ha sido el único asunto abordado a lo largo del pleno. También se ha tratado sobre la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), a colación de la moción conjunta presentada por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem con la que se pretendía crear una comisión para consensuar la redacción de su ordenanza de funcionamiento, que ha quedado descartada. Y, además, entre otros aspectos, también se ha debatido sobre la ampliación del aeropuerto de El Altet, a partir de una declaración institucional que sí ha prosperado con los votos a favor de PP, PSOE y Vox, como también ha informado este diario.
