Fotos RAFA MOLINA ALICANTE. Carlos Mazón y Mónica Oltra ha cerrado este martes un Alicante un acuerdo que ha sido calificado de histórico entre ambas partes porque va a ofrecer una solución para clarificar las competencias de Política Social, que por una parte venía sufragando históricamente la Diputación de Alicante, pero cuya competencia correspondía a la Generalitat Valenciana. Además, tanto Mazón como Oltra ha elevado el acuerdo como modelo a seguir entre dos administraciones, de distinto signo político, en el que hay que ceder para llegar a acuerdos, con un claro mensaje a otras consellerias del Gobierno valenciano donde el acuerdo no es, por el momento, posible y debería serlo también en materia de Sanidad o coordinación administrativa. De igual forma, el protocolo suscrito establece un calendario, flexible, que contempla la reversión de distintos servicios y dependencias de la Diputación a la Generalitat con el objetivo de ordenar la política social entre ambas instituciones en el seno de la nueva Ley de Servicios Sociales. Estas son las claves del acuerdo:
Los dos dirigentes, uno del PP, otra de Compromís, salen ganando del acuerdo porque consiguen lo que ambos querían: por una parte, la Conselleria de Políticas logra que la Diputación de Alicante entre en la red asistencial que establece la nueva Ley de Servicios Sociales de la Generalitat; es decir, Alicante ya no será un verso suelto en esta materia y con el acuerdo, asume, como establece la ley, la política social de los municipios de menos de 10.000 habitantes. Por otra parte, Mazón logra el status que ya tienen las otras dos diputaciones, la de Valencia y Castellón, en el sentido de que las competencias/instalaciones que no son de su competencia o bien son sufragadas por la Generalitat o bien las asume directamente. Es lo que sucederá con el tiempo con el Hogar Provincial o una parte del centro de salud mental de la institución provincial, que sufraga la Diputación sin contraprestación alguna. De puertas hacia fuera, tanto Oltra como Mazón exhiben que los acuerdos entre administraciones de distinto signo son posibles (y recomendables) en los tiempos de pandemia.
El acuerdo entre Diputación y la Generalitat prevé una serie de traspasos y obligaciones. Por ejemplo, la teleasistencia, que sufragaba la Diputación de Alicante, pasa ya a depender de Políticas Inclusivas a partir de diciembre de este mismo año, cuando vence el actual contrato. El siguiente paso, es la firma de un contrato-programa entre ambas instituciones para fijar las condiciones de la política social de los municipios de menos de 10.000 habitantes, que sufragará la Diputación de Alicante. El acuerdo estipula también que los equipos de asistencia social se financiarán en plazos de cuatro años para garantizar la estabilidad de las plantillas, frente a la renovación anual que se da en la actualidad.
El tercer paso es que Políticas Inclusivas se haga cargo del área geriátrica del centro de salud mental del Doctor Esquerdo, en el que actualmente trabajan 60 profesionales. Y por último, se dejan las condiciones del traspaso del Hogar Provincial, donde prestan servicio 160 profesionales. "Estaría satisfecho", ha manifestado el presidente de la Diputación de Alicante, "si acabáramos la legislatura con el Hogar Provincial enfocado" hacia su cambio de manos.
"No pasa nada si tardamos dos o tres años después de esperar 40" a que se produzca la asunción de competencias impropias por parte de la Conselleria, una histórica reivindicación de la Diputación de Alicante, según la ha calificado Oltra. "Todos los pasos" que vayan "dando se harán con la participación, el conocimiento y el respeto a los derechos profesionales del colectivo de trabajadores, ha añadido Mazón.
Con el acuerdo, lo que hace la Diputación es soltar lastre de las competencias y dependencias cuya competencia es autonómica y, a cambio, asume compromisos presupuestarios pactados con el departamento de Oltra para desplegar la política social en base a la nueva Ley de Servicios Sociales. La incógnita es cómo será el cumplimiento de los plazos, porque el protocolo firma prevé que alguna de las dos partes no alcance los objetivos establecidos: se trata de un acuerdo de nivelación. La Generalitat asume los edificios, personal y servicios de la teleasistencia, Hogar Provincial y una parte del Doctor Esquerdo en tanto en cuanto la Diputación sufraga el 85% de los gastos de la política social para los municipios de menos de 20.000 habitantes y del 90% para los municipios de menos de 10.000. El acuerdo no habla de cuantificación, pero en los cálculos de la diputación el coste de las competencias impropias siempre se ha valorado en unos 20 millones de euros.
