El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el presidente de la Diputación, Toni Pérez, ante uno de los paneles con el diseño del futuro centro de congresos. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La selección del diseño para el futuro centro de congresos de Alicante formalizada finalmente este lunes permite afrontar la fase de su materialización con la expectativa de que sus obras puedan dar inicio durante la segunda mitad del próximo año 2025. Esa es, cuando menos, la calendarización estimada para que puedan completarse los pasos administrativos y de contratación pendientes, y para que pueda despejarse su encaje urbanístico entre las explanadas de los muelles 7 y 9 del Puerto de Alicante, según precisaron el presidente de la Diputación, Toni Pérez, y su homólogo de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, este lunes.
¿Qué etapas deben cubrirse a partir de ahora, una vez escogido el gabinete redactor del proyecto? El primero es la ratificación de esa elección. La propuesta de anteproyecto seleccionada por el jurado de expertos se elevará a debate en un próximo pleno de la corporación provincial -previsiblemente el previsto para el próximo 8 de mayo, según ha concretado Pérez- para que el acuerdo quede admitido como válido. Ese primer paso permitirá que se tramite el procedimiento negociado sin publicidad previsto en las bases del concurso para adjudicar la redacción del proyecto de ejecución definitivo a la alianza de gabinetes de arquitectura seleccionada como ganadora del concurso, sin que deba reproducirse el mismo trámite en el caso del pleno de la corporación municipal, toda vez que el protocolo de colaboración suscrito entre ambas administraciones emplazaba la responsabilidad de la contratación a la Diputación.
Cuando la contratación de ese trabajo quede formalizada mediante ese encargo de adjudicación directa, el gabinete redactor dispondrá de un plazo de seis meses para completar y entregar su proyecto, que quedará sujeto a la supervisión de los técnicos de la institución provincial, del Ayuntamiento de Alicante y, en cierta medida, también de la Autoridad Portuaria. De ahí que ese medio año pueda acabar extendiéndose en el supuesto de que resulte necesario introducir modificaciones recomendadas por los departamentos de urbanismo y arquitectura de las tres administraciones.
Solo cuando el proyecto cuente con el beneplácito de las tres partes, se podrá poner en marcha la convocatoria del concurso público para contratar las obras. Eso sí, a ese condicionante se suma, además, la necesidad de que la Autoridad Portuaria haya completado la adaptación de su normativa urbanística interna para que la infraestructura turística pueda tener encaje en el emplazamiento pretendido, a espaldas de la sede del Distrito Digital de muelle 5.
En principio, se cuenta con que las modificaciones de las Determinaciones de Espacio y Usos Portuarios (DEUP) y del Plan Especial del Puerto (PEPA) estén concluidas y avaladas por Puertos del Estado, por la Generalitat y por el Ayuntamiento en el tiempo en el que se prolongue la redacción del proyecto, de modo que puedan solaparse los plazos sin demoras adicionales.
Hasta ahora, la Autoridad Portuaria ya ha elevado a la Dirección General de Costas y a Puertos del Estado su propuesta de adaptación de las DEUP, sin que todavía se haya recibido resolución al respecto. Rodríguez apuntó al respecto que, previsiblemente, la respuesta de Puertos del Estado podría recibirse entre los meses de junio y julio.
El segundo ajuste urbanístico, la adaptación del PEPA, debía quedar postergado, precisamente, hasta que se conociesen las características concretas de la propuesta escogida para el diseño de los dos edificios, el centro de congresos y la sede de las oficinas de Suma. Así, se prevé que la Autoridad Portuaria pueda instar esa modificación del plan con los parámetros específicos recogidos en el anteproyecto ganador. Y, después, será la Generalitat la administración competente en este caso para darle validez al cambio propuesto. De ahí que, como mínimo se estime que el inicio de la construcción del complejo se retrase hasta después del mes de junio de 2025, siempre que no surjan contratiempos sobrevenidos posteriores.
¿Cuándo deben quedar finalizadas las obras? A priori, entre las bases del concurso se establecía que los proyectos debían ser ejecutables en un plazo máximo de 30 meses (dos años y medio), de modo que, previsiblemente, no quedarán terminadas antes de que se celebren las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027.
Al margen de los plazos, también debe perfilarse el reparto de costes por lo que respecta a su financiación. De acuerdo con las bases del concurso, el edificio tendrá un coste máximo de 65 millones con cargo al presupuesto de la Diputación en dos terceras partes, mientras que el Ayuntamiento asumiría el tercio restante. No obstante, esa distribución podría quedar modificada de confirmarse el previsible respaldo económico por parte de la Generalitat, toda vez que el presidente, Carlos Mazón, comprometió la participación de la administración autonómica en el proyecto en su primera visita institucional girada al Ayuntamiento de Alicante el pasado mes de agosto.
En ese momento, el jefe del Consell también avanzó la constitución de una comisión trilateral encargada de asumir la gestión y explotación del edificio congresual con el objetivo de que tuviese actividad diaria durante todo el año, ya fuese con la celebración de congresos y reuniones profesionales o con otro tipo de eventos, representaciones, audiciones o espectáculos.
