Fermín Crespo, Antonio Galvañ y Javier López Mora, en imágenes de archivo. Fotos: AP/EFE/MARGA FERRERALICANTE. Desde que rubricó su pacto con Vox para poder convertirse en el séptimo presidente de la Generalitat Valenciana en democracia, el popular Carlos Mazón ha estado sorprendiendo a propios y extraños con su política de nombramientos de altos cargos. Mazón ha apostado por un Consell menos político que los del Botànic y ha promocionado sobre todo perfiles técnicos, tanto entre los consellers (con el caso paradigmático de la benidormense Nuria Montes en Turismo, Industria, Comercio e Innovación) como en el segundo y tercer escalón.
Claro que la elección de un determinado perfil técnico puede conllevar no obstante una profunda intencionalidad política. El propio Mazón abandonó sus cargos institucionales y orgánicos en el PP de Alicante en 2009 (entonces aseguraba que para siempre) para convertirse en director general de la Cámara de Comercio de Alicante, cargo que ejerció hasta que en 2019 volvió a la política para presidir la Diputación y la dirección provincial del PP. Quizá por eso se ha fijado en dirigentes empresariales con experiencia en la gestión para las direcciones generales más económicas de su Gobierno.
Hasta el momento, el Consell de Mazón ha repescado ya a tres antiguos miembros de la cúpula de la extinta patronal alicantina, Coepa, que llegan al Consell directamente desde el sector privado, donde han pasado los últimos años. El primero es Antonio Galvañ, que fue tesorero de Coepa en la última etapa de la patronal antes de acabar liquidada por una reclamación del Servef (hoy Labora) y que, paradójicamente, se ha convertido en secretario autonómico de Empleo. Es decir, dirige el departamento que liquidó a Coepa cuando él era su tesorero.
El segundo ex de Coepa que ha llegado como alto cargo al Consell es Fermín Crespo, secretario general de la patronal alicantina durante años hasta que la organización lo incluyó en el ERE para ir a concurso de acreedores. Crespo ha sido nombrado director general de la Sociedad para la Transformación Digital (SPTD), antes Proyectos Temáticos, tras desarrollar los últimos años su trayectoria al frente de la consultora estratégica Atama (esta misma semana, el Borme publicada su cese como administrador de la mercantil). Crespo y Galvañ coincidieron en la última etapa de Coepa, cuando el secretario autonómico de Empleo era además director general de IFA.
El último fichaje que llega desde la 'vieja guardia' de la desaparecida patronal alicantina, para dirigir la sociedad pública de las ITV, es Javier López Mora, quien precedió a Crespo como secretario general de la patronal hasta que en 2011 pasó a ejercer el mismo cargo en la autonómica (y también extinta) Cierval, una confederación formada por las tres patronales provinciales (hoy solo sobrevive la CEV, convertida en autonómica). Cierval desapareció en 2017, y López Mora se ha dedicado los últimos años a la docencia en su especialidad, el derecho mercantil y laboral.
La elección de estos tres perfiles no es baladí. De un lado, Mazón los conoce perfectamente, al haber compartido con ellos durante años responsabilidades de gestión en organizaciones empresariales alicantinas. De otro, la Coepa que dirigían los nuevos fichajes se mostró especialmente afín al anterior Consell del PP, presidido por Francisco Camps, sobre todo en los años en que José Luis Rodríguez Zapatero estaba al frente del Gobierno central y el Consell protagonizó varios enfrentamientos con él en defensa de los intereses de la provincia de Alicante, como en el caso de la política hídrica.
Pero además, no se puede obviar la parte de responsabilidad que tuvo ese mismo Consell de Camps en la desaparición de Coepa. En lugar de promover desde el Servef el centro de formación y prevención de riesgos que consideraba que era necesario, Camps 'delegó' en Coepa su construcción (fue una petición expresa del expresidente) y la patronal se 'entrampó' con un préstamo del IVF y una subvención del Servef: casi 2 millones de los cerca de 7 que costó el centro (que sigue sin uso), que luego derivaron en una querella por fraude al considerar el Botànic que no se habían justificado. La vía penal terminó en nada, pero la deuda con el IVF llevó a Coepa al concurso y el Servef, una vez aprobado el convenio de acreedores, ejecutó su crédito y forzó la liquidación.
