Los promotores reivindican su potencial ante Oltra pero avalan la nueva regulación del Consell

ALICANTE. Los promotores inmobiliarios de la provincia de Alicante reivindican el peso específico de su sector y del turismo residencial en la Costa Blanca, un fenómeno cualitativamente diferente del de València y que, por tanto, consideran que debe ser tratado de forma particular. Pero al mismo tiempo, avalan la mayor parte de la política urbanística y de vivienda del Consell en los últimos cuatro años, y asumen que el sector cometió algunos excesos en el pasado y necesitaba un mayor orden y una mayor transparencia.

Son las dos principales conclusiones del Foro Alicante Plaza 'Turismo Residencial', celebrado esta semana en el Business World Alicante para sentar en la misma mesa a los representantes de los promotores, de los arquitectos y de la universidad con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el secretario autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Lluís Ferrando. Un foro en el que la vicepresidenta defendió las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico para resolver la problemática de la vivienda y la urbanización del litoral, y en el que pudo tomar nota de las principales inquietudes y reivindicaciones del sector.

Así, Oltra destacó que "la primera ley que sacamos adelante fue la de la Función Social de la Vivienda", como declaración de intenciones, y consideró que la LOTUP ofrece más seguridad jurídica que la LRAU. Asimismo, defendió el recurso a la declaración responsable en vez de licencia para agilizar los proyectos, que "está en prueba, ya que exige responsabilidad por las dos partes, y si vemos que no hay honestidad, volveremos a una legislación más restrictiva". Otras medidas que puso en valor fueron la no necesidad de DIC para proyectos de expansión en el interior, como fórmula para luchar contra la despoblación, y la nueva plataforma PATU para agilizar los trámites al permitir que cada instancia vuelque su informe en paralelo sobre los proyectos. Una plataforma que además ofrecerá más transparencia.

Otros asuntos que abordó la vicepresidenta fueron la necesidad de apostar por la rehabilitación en el parque inmobiliario generado durante el boom y también en la vivienda pública, donde además consideró que será necesaria nueva edificación, por lo que "el crecimiento futuro del sector puede venir por ahí". En cuanto al turismo, Oltra consideró que "el modelo de segunda residencia vacía ya no sirve", y apostó por uno "hotelero" (incluidas las viviendas turísticas) con una mirada no solo a la costa, sino al interior. La vicepresidenta consideró, en este sentido, que en la Vega Baja hay margen para el crecimiento urbanístico, algo que "demuestran los datos". Pero pidió que no vuelva a ser como fue, porque si no "volverá a pasar lo que pasó".

El secretario autonómico, por su parte, reivindicó que se ha demostrado que "estos cuatro años de Compromís no han perjudicado al sector", y que su política "es mejor que la anterior a corto y largo plazo, porque estamos cualificando el territorio". Lluís Ferrando defendió el Pativel, que ha respetado los derechos consolidados, por lo que auguró poco éxito a las "80 demandas" que ha recibido el plan. El Pativel, dijo, se ha elaborado con consenso, y garantizó que ese consenso se aplicará al PAT de la Vega Baja que debe definir ese margen de crecimiento del que hablaba Oltra. Sin perder de vista que "el futuro turístico de la provincia de Alicante depende de que preservemos sus valores ambientales".

La idiosincrasia alicantina

Desde el otro lado, el presidente de Provia, Antonio Fernández, concedió que hay un problema de vivienda, aunque "diferimos en la solución": el empresario advirtió de que si el suelo no se desarrolla, en unos años el precio de la vivienda se calentará "como en Baleares", y defendió que Alicante "es una provincia diferente del resto" en cuanto al peso del turismo residencial. El presidente de Provia admitió que el sector cometió excesos en el pasado, pero consideró que la mala imagen que arrastra es "injusta en muchísimos casos", y defendió que "en siete años no ha habido ni un solo caso penal por las declaraciones responsables", lo que evidencia la profesionalidad de los empresarios que superaron la crisis. "Estamos absolutamente a favor  del PATU, si algo necesita el sector es transparencia".

Mucho más combativo se mostró el director general de TM Grupo Inmobiliario, Pablo Serna, quien denunció el "agravio" que supone tratar la vivienda turística de Alicante igual que la de València, algo que consideró que obedece al "poco conocimiento" del Consell de la provincia. "Aquí tenemos 200.000 europeos instalados, no solo del Reino Unido, y también muchos de fuera de Europa. El turismo supone el 17% de nuestro PIB, y el 85% del turismo residencial de la Comunitat Valenciana está en la provincia". El empresario se mostró "de acuerdo en cambiar el modelo, pero no en que nos carguemos el sector". También criticó el discurso de los excesos, porque destacó que "el 50% del litoral está protegido, no es cierto que tengamos la costa enladrillada".

Jesualdo Ros, secretario general de Provia, cerró el turno de intervenciones de los promotores con una aportación técnica. Pidió aplicar la disposición adicional novena de la Lotup que permite "externalizar los informes municipales en los colegios profesionales" para agilizar los trámites en los consistorios, y pidió que la regulación se quede cerrada antes de las elecciones "porque si no, con los cambios de gobiernos vamos a perder un año". Ros también puso sobre la mesa que la venta de viviendas a extranjeros aportó 4.000 millones de euros en 2018, un impacto económico "superior al de la Ford", y propuso que se cree una "regulación expresa" para el turismo residencial de Alicante, que fije "dónde hay crecimiento".

La crisis, un 'decantador'

El presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante, Juan María Boix, destacó el "éxito" del actual Consell en algunas parcelas, como los edificios ilegales o la rehabilitación de áreas degeneradas, y también las soluciones territoriales "más allá de intereses municipales particulares" (los PAT). Sin embargo, lamentó que "las nuevas leyes nunca llegan a la letra pequeña, y trabajamos con un maremagnum legislativo que genera interpretaciones contradictorias, con lo cual la seguridad jurídica desaparece". Boix volvió a incidir en la idiosincrasia alicantina, al recordar que los extranjeros compran el 28% de la vivienda nueva, mientras que en València es el 5%, y consideró que "estos diez años han sido un decantador, los que quedan en el sector son profesionales".

El arquitecto Francisco Leyva protagonizó una intervención más filosófica, al criticar la homogeneización residencial, y pidió apostar por proyectos con identidad que refuercen el valor del paisaje alicantino. "No es suficiente con el orden y la racionalización, hay que dar un paso más para generar paisajes emocionales". "¿Por qué no hay investigación en un sector tan relevante?", lamentó. "¿Por qué no participan de sus proyectos [los de los promotores presentes] los mejores estudios de arquitectura?"

El ingeniero, profesor de la Universidad de Alicante y director de Proyectos de Ineca, Armando Ortuño, alabó el trabajo del Consell para poner orden, pero pidió un plan o estrategia específica para el turismo residencial: "De la diez ciudades de España con más segunda residencia, cinco son de Alicante, y Torrevieja lidera el ranking nacional con diferencia". Ortuño consideró que el debate en torno a la promoción residencial se enfoca siempre desde el punto de vista económico (por el sector) o medioambiental (por la administración), y pidió introducir la "pata social". "Si vinculamos a la población local a los nuevos desarrollos, le daríamos mucha más legitimidad. A veces los nuevos vecinos quieren aislarse". 

Ortuño también rechazó que se afronte el turismo residencial de Alicante con la mirada de València, puesto que "no hay problemas de convivencia vecinal ni ha subido el precio del alquiler", pero en cambio "es una oportunidad para reducir la estacionalidad". El profesor apostó por emplear el Big Data de las plataformas turísticas "que han reemplazado al portero del edificio como intermediario", para analizar qué elementos valoran más los turistas. Su compañera, Nuria Fernández, abordó el enfoque legal, y defendió que la Generalitat debería ser menos exhaustiva en la regulación. "Todas las administraciones tienden a ir más allá de sus competencias y regular hasta el detalle, como los toalleros de una vivienda turística, se extralimitan". Por ello pidió flexibilizar lo posible, y consideró absurdo crear dos categorías de viviendas turísticas, como las estrellas de los hoteles: "Ya se encargan los usuarios de valorarlos".