El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el jefe de la Policía Local, José María Conesa, en el transcurso de la reunión de la Junta de Seguridad Local celebrada este miércoles.ALICANTE. El proceso de oposiciones a Policía Local convocado por el Ayuntamiento de Alicante para incorporar 30 agentes del turno de movilidad y otros 92 del turno libre queda ya en manos de la comisión de investigación promovida por los seis grupos políticos representados en la corporación municipal. El alcalde, el popular Luis Barcala, firmó este miércoles el decreto de su constitución oficial -tras la designación de sus seis miembros (uno por cada formación)- con la intención de que su primera reunión pueda celebrarse "con la mayor rapidez posible, como nos comprometimos", según incidió. Así, todo parece indicar que esa primera sesión se celebrará entre finales de esta semana y principios de la próxima.
Como insistió el primer edil, la finalidad de dicho órgano de fiscalización será la de "despejar todo tipo de duda" sobre si existió o no una hipotética manipulación en la adjudicación de sus plazas. Para ello, se deberá dilucidar si pudo adulterarse su resultado para beneficiar a familiares de determinados mandos policiales; de otros agentes; de concejales y expolíticos de PP, PSOE y Vox; de representantes sindicales, y de responsables de empresas que prestan algún tipo de servicio para el Ayuntamiento, según sostienen denunciantes que persisten en mantener el anonimato para evitar posibles represalias.
Así, la comisión deberá concretar si en la evaluación de las pruebas pudo registrarse anomalías a partir de la documentación incorporada al expediente, y de los testimonios de los comparecientes a los que se considere oportuno solicitar aclaraciones. Se da por seguro que, entre ellos, figurarán los cinco miembros del tribunal que pilotó el proceso, con puestos y funciones predeterminados por la ley, aunque designados en función del cumplimiento de esos requisitos a través de un decreto evacuado por el edil de Recursos Humanos, José Ramón González, como responsable del área. Esos miembros son el jefe de la Policía Local, José María Conesa, como presidente; una funcionaria nivel A1 como secretaria; dos vocales por designación del IVASPE y un tercer vocal a propuesta del presidente (en este caso, el jefe de la Policía Local de Xàtiva).
Además de esos y otros posibles testimonios ¿qué documentación podría analizarse? Al margen de los informes solicitados por el alcalde a la Asesoría Jurídica y a la Secretaría General del Pleno sobre posibilidades de suspender o anular la convocatoria, y los demandados por el departamento de Recursos Humanos al presidente del tribunal, también podría revisarse los exámenes de las tres pruebas escritas que se desarrollaron en la convocatoria del turno libre (un test, un supuesto práctico y un examen de valenciano); los certificados médicos de capacitación; los resultados de las pruebas físicas y los recursos o quejas que pudiesen haberse presentado a lo largo de todo el proceso. Hasta el momento, el equipo de gobierno (el bipartito compuesto por PP y Cs) ha sostenido que no se ha tenido constancia de ningún recurso ni impugnación por parte de los opositores inscritos en el proceso. No obstante, según pudo constatar este diario, sí los hubo tanto para la parte del proceso que afectaba a las 30 plazas del turno de movilidad (reservadas para traslados), como para la parte referida al turno libre ordinario.
De hecho, como ya ha avanzado este diario, uno de esos recursos registrados por una de las aspirantes excluidas en el turno de movilidad derivó en un contencioso que ha desembocado en una sentencia que conmina al tribunal a retrotraer el proceso para volver a valorar a los aspirantes sin tener en consideración los 7 puntos asignados a seis opositores a los que se les aceptó como mérito un título que no debía considerarse como tal (el de diplomado en Criminología). Así lo confirmó también este miércoles el primer edil, quien aseguró que la Asesoría Jurídica Municipal no había evaluado aún la posibilidad de recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Todo, después de asegurar que "ese proceso es independiente" al que había motivado las denuncias sobre supuesto nepotismo, pese a que sí forme parte de la misma Oferta de Empleo Público de 2017 (con acumulación de plazas de 2019, 2020 y 2021) y pese a que estuvo dirigido por el mismo tribunal.
Un aspirante y un sindicato advirtieron hasta en tres ocasiones de que, según las bases de la oposición, los certificados médicos solo podían tener una validez de 90 días
Al margen de ese recurso (primero, de alzada, en vía administrativa; y después, contencioso, ante los juzgados), también se habrían registrado al menos otros dos recursos de alzada distintos presentados por dos aspirantes que se presentaron al proceso de turno libre. Los dos aludían a un mismo objeto: la validez de los certificados médicos presentados. O mejor dicho, su falta de validez. Eso sí, por motivos distintos. Según pudo constatar este diario, en el primero de ellos, registrado el l de octubre de 2021, se aludía, fundamentalmente, a la posibilidad de que esos certificados médicos hubiesen caducado en el momento en el que fueron considerados por el tribunal, con la publicación de los aspirantes considerados aptos.
En el recurso se exponía que la vigencia de esos certificados no podía extenderse más allá de 90 días desde la fecha de su expedición, como se recoge en las bases específicas de la oposición. Así, se añadía que el conjunto de los aspirantes debía presentar esos certificados entre 15 y el 28 de octubre de 2020, como sucedió. Sin embargo, el primer anuncio publicado por el tribunal en el que se informaba sobre los opositores que habían superado esa prueba previa no se formalizó hasta el 10 de septiembre de 2021. Es decir, casi once meses después: mucho más allá de los 90 días de vida válida de esos certificados. Sea como fuere, en ese primer anuncio de aspirantes aptos, el tribunal dejó fuera del proceso a 351 opositores de los más de 1.500 inscritos que figuraron inicialmente, sin plantear objeciones respecto a la demora en la consideración de los certificados.
¿Qué respondió al tribunal a ese recurso? Lo inadmitió, por unanimidad de sus miembros, al concluir que el recurrente no había resultado perjudicado por la publicación del anuncio, ya que había quedado incluido entre los aspirantes admitidos como aptos. Y, por tanto, no tenía nada sobre lo que recurrir. Después, la Junta de Gobierno Local hizo suya esa conclusión, en su sesión de 16 de noviembre, así que el recurso de alzada no tuvo ningún efecto. El proceso continuó, aunque la del certificado médico se trataba de la primera prueba indispensable (prueba previa) para que se celebrasen el resto (las pruebas físicas y los exámenes). Y se ha mantenido hasta su conclusión, con la publicación de los 92 aspirantes seleccionados, este mes de marzo.
Se da la circunstancia, además, de que ese recurso de alzada no fue la única advertencia que llegó a formularse respecto a las dudas sobre la vigencia de esos certificados médicos. Al menos un sindicato también presentó hasta dos escritos similares dirigidos al departamento de Recursos Humanos para señalar la misma circunstancia (la posible caducidad de los certificados) en dos momentos distintos. El primero, el 28 de abril de 2021. Es decir, meses antes de que se publicase el listado de aspirantes aptos. Y el segundo, el 1 de septiembre de 2021. Es decir, nueve días antes de que se publicase ese listado.
Además, hubo al menos un segundo recurso de alzada presentado por otro aspirante que había quedado excluido después de que se hubiese sido considerado no apto a partir del certificado médico aportado. En su respuesta, el tribunal también rechazaba ese recurso tras reproducir las conclusiones de un informe elaborado por "el asesor de la prueba previa" en el que se estimaba que la exclusión del candidato estaba justificada, ya que que su certificado no se recogía expresamente que no estuviese impedido ni incapacitado para el acceso a la función pública. Además, se añadía un segundo argumento especialmente trascendente: dicho informe argumentaba que ese certificado médico no podía ser subsanado y que constituía una prueba previa selectiva de carácter eliminatorio. Es decir, que si ese certificado no era válido, el aspirante no podía avanzar en la oposición. Una circunstancia que habría afectado a todos los opositores si se hubiese estimado su caducidad. No obstante, la Junta de Gobierno también hizo suya la conclusión del tribunal y el recurso quedó descartado en la misma sesión de 16 de noviembre de 2021.
La misma constitución de la comisión de investigación sobre las oposiciones bajo sospecha del caso enchufes también siguió deparando reacciones este miércoles. En primer término, el alcalde, Luis Barcala, explicó que su partido (el PP) había optado por situar a Mari Carmen de España como su representante y presidenta de la comisión -excluyendo al edil de Recursos Humanos y Seguridad, José Ramón González, como titular del área responsable del proceso-, al argumentar que el acuerdo que se había alcanzado por el conjunto de grupos municipales era el de designar a sus respectivos portavoces. Y aunque asumió que la portavoz de Cs es Mari Carmen Sánchez, y no Antonio Manresa -el representante elegido por ese partido- señaló que éste último es el portavoz del equipo de gobierno.
Además, también señaló que se había interpretado de forma errónea que su petición de informes sobre la posibilidad de anular el proceso contradijese el mensaje que había trasladado 24 horas antes el mismo González. Al respecto, señaló que la convocatoria solo podía quedar anulada por un juez, como había manifestado González, en la medida en que el tribunal es "libre, independiente y soberano". No obstante, apuntó que su intención era conocer en qué supuestos podía existir margen de actuación para poder tomar decisiones sobre el proceso y qué tipo de irregularidades debían encontrarse para que se pudiese intervenir, si es que eso era posible. Eso sí, recalcó que para ello "necesitamos pruebas y no rumores" por mucha "alarma" que pudiese haber generado la publicación de los supuestos vínculos familiares de los aspirantes aprobados.
Al tiempo, la designación de los representantes del PSOE también generó cierta controversia interna en las filas del grupo socialista. En primer término, su portavoz municipal, Paco Sanguino, informó, a través de un comunicado, que había propuesto la designación de la edil Llanos Cano como titular, al ser la encargada del área de Recursos Humanos, mientras que había registrado a Miguel Millana como suplente. En ese mismo comunicado, acusaba a Barcala de causar desconcierto al excluir a González como miembro de la comisión.
Los ediles socialistas Ruiz, Sanguino, Millana y Cano.La cuestión es que, según fuentes consultadas, la designación de Cano y Millana se realizó sin consulta previa (como, al parecer, habría sido tónica habitual en la designación de miembros de otras comisiones, al apostarse por los concejales responsables de cada área), lo que motivó que la ejecutiva del partido requiriese al portavoz municipal que rectificase la designación y se postulase él mismo como miembro de la comisión al ser el líder del grupo, como había ocurrido con el resto de grupos de la oposición, o que plantease a otro representante. Está por ver si llega a registrarse esa modificación. En todo caso, el episodio acabó convirtiéndose en una evidencia más de la división interna que permanece instalada en el seno del grupo socialista desde hace más de un año.
