Vecinos y afectados por el desahucio en Orihuela y la comisión judicial. Foto: APORIHUELA. Con la de ayer, tres familias de un mismo bloque de pisos de Orihuela, es la quinta vez que tienen que hacer frente a una orden de desahucio. Aseguran que han estado pagando el alquiler de su vivienda -de renta antigua- hasta que en 2016 llegó la primera orden judicial. Desde la plataforma Stop Desahucios denuncian que estas familias han sido víctimas de una estafa.
Desde la plataforma explican que la empresa que en un principio era propietaria del bloque de viviendas, Inter Rontax, quebró y varias entidades bancarias se hicieron con su propiedad. Las tres familias objeto de desahucio venían pagando su alquiler a la mercantil, según añaden, dado que la entidad bancaria propietaria de sus viviendas, BBVA, no les comunicó el cambio, afirman. "Ese pago era estéril, ellos creían que estaban pagando de forma legal" explica José Andrés Berna, portavoz de la plataforma.
Esta entidad bancaria alcanzó en 2018 un acuerdo con el fondo estadounidense Cerberus para crear lo que se conoce como "banco malo". Cerberus se hizo con los activos inmobiliarios del BBVA para cumplir con las exigencias del Frob. En el caso de ayer de Orihuela, es el BBVA el que inició el procedimiento para el lanzamiento de estas tres viviendas en 2016.
A las 9.30 h de la mañana, a la hora prevista, la comisión judicial llegaba al bloque de pisos. Más de una treintena de personas convocadas por la plataforma Stop Desahucios y las familias esperaban en el portal para mostrar el rechazo a esta decisión y mediar para que no se ejecutara. El primer escollo con el que se encontró la comisión judicial fue el de la no coincidencia entre las viviendas a desahuciar y la orden que portaban. Había un error de forma con la letra y el número de piso de las viviendas afectadas ya que se interpretó desde un principio la vivienda de planta baja como primera planta.
Tras tomar notar y mediar para que dieran un plazo para alcanzar un acuerdo con la entidad bancaria, en un primer momento se fijaba el 9 de diciembre como fecha límite. Los vecinos y la plataforma Stop Desahucios mediaron para que se ampliara, dado que el plazo es muy corto y está muy próximo a las navidades. De esta forma, se determinó fijar como el primer miércoles después del 31 de enero de 2021. Esta fecha es cuando deja de estar en vigor el Real Decreto, a tenor del estado de alarma y situación pandémica, mediante el cual se prohiben los desahucios en los supuestos de escenarios de vulnerabilidad. Por esto se ha determinado el 3 de febrero como fecha límite. La comisión judicial consideraba que se está en vías de negociación con la entidad bancaria y a través de servicios sociales trabajan en una hipotética reubicación de las familias, adquisición o alquiler social de las viviendas.
Esta nueva fecha permite a las familias disponer de un respiro pero no diluye la incertidumbre ni angustia porque el procedimiento continúa. "¿Dónde nos vamos?" exclama una de las afectadas.
"No nos negamos a pagar, pedimos un alquiler social" afirmaba la madre de tres niños menores de edad. Los ingresos de su marido es el único soporte económico con el que cuenta. Residen en esta vivienda desde hace 14 años. Las otras dos viviendas con orden de desahucio la habitan una mujer, enferma, desde hace 18 años y cuyo ingreso es la ayuda de exclusión social del Ayuntamiento de Orihuela, 428 euros. Y la tercera la habita un matrimonio, con el único ingreso de jubilación del marido, desde hace 40 años, cuando se construyeron estas viviendas. Los Servicios Sociales del ayuntamiento elaboraron informes en los que se señalaba el alto grado de vulnerabilidad de estas familias. Según afirman desde Stop Desahucios, Servicios Sociales, remitió un informe tanto al BBVA como a Divarian.
Denuncian que la entidad bancaria no quiere acceder a negociar. Hoy, desde Stop Desahucios volverán a intentar llegar a un acuerdo. La edil de Cambiemos Orihuela, María Sandoval, presente durante la paralización del desahucio, señalaba que se trata de un "abuso administrativo" por no poder las familias negociar e insta al Ayuntamiento a que se pongan todas las medidas necesarias para dotar a estas familias con una alternativa habitacional.
Mientras que los desahucios por ejecución hipotecaria marcan una importante tendencia a la baja desde 2013, los ejecutados por impagos de alquiler se mantienen y además tienden a ascender. En 2019 se ejecutaron 1.948 lanzamientos por razón de arrendamiento en la provincia de Alicante, según los datos del CGPJ, recogidos en el informe del Observatorio de la vivienda de la Conselleria. En 2013 fueron 1.530. Valencia ejecutó el año pasado 2.062 y Castellón 476. Alicante es la única provincia de la Comunitat que experimenta la tendencia al alza más pronunciada.
En cuanto a partidos judiciales, de los 36 que hay en la Comunitat, el de Orihuela se sitúa en sexta posición en cuanto a mayor número de ejecuciones hipotecarias y por razón de arrendamiento. Por encima están las tres capitales de provincia, y Dénia y Elche. Torrevieja está en décima posición. En términos relativos, el partido judicial de Torrevieja tiene un índice de 14,8 lanzamientos por cada 1.000 habitantes, de todos los municipios que atiende, y Orihuela de 10,6.
En la comparativa entre las provincias de España y atendiendo a las ejecuciones hipotecarias de viviendas en 2019, Alicante se sitúa en quinto lugar con 1.608, por detrás de Almería, Barcelona, Murcia y Valencia, según datos del INE. De esas 1.608 viviendas con ejecuciones hipotecarias, 407 eran de titularidad de persona física. Según el último dato disponible, que recoge el portal de Europa Press, en el primer trimestre de 2020 se hicieron efectivos 1.454 desahucios.
