Los operarios del servicio de mantenimiento de zonas verdes de Alicante, durante el periodo a cargo de Geamur.ALICANTE. La prestación del servicio de mantenimiento y conservaciones de zonas verdes de Alicante a cargo de la empresa Geamur sigue arrastrando cuentas pendientes, al margen del resultado que pueda deparar el litigio planteado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) a cuenta de la nueva adjudicación en favor de STV Gestión. Entre esas cifras por cuadrar con la concesionaria precedente (la propia Geamur) figurarían las derivadas de tres conceptos básicos: la devolución de la garantía, el abono de tres mensualidades correspondientes al último trimestre de 2020 y la liquidación del contrato.
En su conjunto, esos tres conceptos expondrían al Ayuntamiento a tener que saldar pagos con Geamur por un importe global de más de 2,5 millones. Y, de hecho, según pudo confirmar Alicante Plaza, la compañía ya ha dado el paso de plantear su reclamación de manera formal con ánimo de cerrar la última etapa en la que ha venido haciéndose cargo del servicio, sin perjuicio de que pueda volver a asumirlo, en caso de resolución judicial a su favor.
Por partes. En primer término, Geamur requiere que se le reintegre el aval bancario que depositó en el año 2012 como garantía, cuando se formalizó la adjudicación de su último contrato. La cantidad supera los 724.000 euros, que todavía no se han devuelto pese a que la concesión venció hace dos años y medio, después de agotar la prórroga posible.
En segundo lugar, la compañía reclama el abono del servicio prestado durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 por un importe de más de 1,2 millones. Se trata de facturas pendientes de que se apruebe el correspondiente expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito: la fórmula prevista para pagos no presupuestados, como no lo pueden ser los derivados de servicios que ya no están amparados por un contrato en vigor.
La compañía solicita el pago de facturas del último trimestre de 2020, la devolución del aval y una compensación por los costes generados durante la prestación en los dos años y medio en los que la asumió sin cobertura contractual
Se trata de una circunstancia similar a la que se da en el caso de la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales, también desde el pasado mes de septiembre, a la que se prevé dar solución ahora, con la modificación de crédito del presupuesto que se debate en el pleno ordinario de mayo, este mismo jueves. Cuando menos, en ese expediente se incluye el reconocimiento de operaciones pendientes por un valor global de 7,6 millones por los servicios que sigue asumiendo UTE Limpal (Clece y Fissa), también con un contrato vencido.
En tercer término, Geamur incluye una reclamación de 599.000 euros como liquidación del periodo en el que ha venido prestando el servicio sin cobertura contractual, desde julio de 2018 hasta el pasado diciembre, al tratarse de una prestación considerada esencial. De este modo, la cantidad reclamada se justificaría como compensación económica por el tiempo en el que la compañía ha tenido que seguir asumiendo el servicio con el contrato vencido, y con el mismo precio que se acordó en la adjudicación, cuando ya no sería de aplicación la figura del riesgo y ventura imputable al contratista. Así, en esa liquidación se incluiría el importe correspondiente al coste real generado en esos dos años y medio, a partir de parámetros como los costes laborales y el beneficio industrial.
Lo cierto es que, como ha venido informando este diario, la compañía ha solicitado sin éxito en varias ocasiones una revisión de precios para hacer frente al incremento de los costes laborales derivados de la aplicación de los nuevos baremos previstos en los convenios del sector, así como por haber tenido que asumir el mantenimiento de 44 nuevas zonas verdes no previstas en el contrato inicial. En esta línea, la compañía considera que, en la hipótesis de que no se accediera a esa liquidación, la administración podría incurrir en un supuesto de enriquecimiento injusto.
Así, según fuentes consultadas, la compañía demanda que el Ayuntamiento inicie el expediente para determinar el importe de la compensación económica que considera que le corresponde, en función del informe de peritaje encomendado a una consultora especializada. A partir de ahora, el Ayuntamiento debe estudiar la solicitud y resolver en función de los criterios que delimiten sus técnicos.
