Foto PEPE OLIVARES ALICANTE. El pasado sábado 8 de abril, la comunidad de propietarios del complejo residencial de Urbanova, en Alicante, celebró una asamblea trascendental: debía ratificar o no la renuncia a los fondos Next Generation para la rehabilitación de la 10 torres de apartamentos. Una semana después, nadie sabe nada. El resultado de la asamblea sigue siendo una incógnita. La administradora del edificio, Mediterráneo, se llevó la urna con los votos sin ofrecer el resultado ni el acta, lo que ha generado más intranquilidad, por una parte, y malestar, por el otro.
El desenlace del proceso tiene en vilo a las dos partes de vecinos -positivistas y negacionistas, como se les llama coloquialmente. que pugnan por ejecutar o no el proyecto y en qué condiciones. Después de que el pasado 18 de marzo, la asamblea tumbara el proyecto inicialmente tramitado por la administración del edificio, se convocó una nueva asamblea para el 8 de abril. Esa asamblea tenía que decidir varios asuntos trascendentales: no sólo si se ratificado el proceso de reforma con los fondos europeos; si se descartaba y se ejecutaba sin fondos y, además, si se relevaba a la empresa administradora del edificio, Mediterráneo, que es quien ha llevado a cabo todo el proceso, en principio, con el avala de la junta directiva, aunque una parte de los vecinos cuestiona que el proceso fuera del todo legal, como ha venido publicando Alicante Plaza.
Una semana después, no se sabe nada: ni cuántos vecinos participaron, y qué votaron. Es decir, el futuro del proyecto de reforma y la gestión de la comunidad sigue en vilo. Los vecinos contrarios a la reforma de los edificios sostienen que "Mediterráneo se negó a dar el censo de votantes y secuestró los votos" y su temor "es que el resultado esté en entredicho".
Sea como fuere, o el acta es muy clara y meridiana y explica todo el proceso con transparencia, o el proceso acabará en los juzgados, tanto por una parte como presumiblemente con la otra. Los contrarios lo tienen claro y lo expresaron ya en una asamblea: no son partidarios de las cuantías del proyecto de Next Generation, que asciende a más de 12 millones, de los que 8,9 millones son aportados por la Generalitat Valenciana. Consideran que los edificios se pueden reformar con un proyecto más modesto, además de cuestionar que una de las propietarias, que es la administradora del edificio, iniciara y participara en el proceso sin ser dueña, como denunciaron en su día.
Los partidarios de la reforma ofrecen dos alternativas: o hacerlo sin fondos europeos, lo que eleva el presupuesto a 7 millones, o con Next Generation, que sube a más de 13 millones.
Y en función de como quede el resultado, están los derecho que puede reclamar la empresa a la que se le asignó la función de agente rehabilitador y el despacho de arquitectos que elaboró el proyecto.
Sea como fuere el resultado, no parece que vaya a calmar los ánimos de los dos proyectos. Y no sería descartado que el proyecto acabara en los tribunales, se ejecute o no.
