SANTA POLA. La Fiscalía ha solicitado el archivo de las diligencias que se siguen en un juzgado de Elche contra Iñaki Catonet Vicuña, agente de la Policía Local de Santa Pola, que aprobó las oposiciones a inspector en 2019, pero que todavía no ha podido ejercer por la denuncia que presentó contra unas supuestas irregularidades en la prueba de acceso. Y sobre ella, el fiscal sostiene, en su escrito de conclusiones, que no existe infracción penal alguna. Es más, el representante del Ministerio Público viene a decir que esta denuncia, presentada por el quipo de gobierno del PP surgido de las elecciones de 2019, "tiene un marcado perfil inquisitivo".
Pase lo que pase sobre el futuro de Iñaki Cantonet Vicuña y su acceso a la oposición de inspector de Policía Local de Santa Pola, su caso puede pasar a los anales de la historia por los recursos judiciales y denuncias que ha generado. En su escrito de conclusiones, el fiscal enumera hasta cuatro recursos y dos demandas, y sus respectivas sentencias, en las que se han anulado hasta acuerdos plenarios por la vulneración de los derechos fundamentales o se ha obligado al propio consistorio a inscribir al curso del Ivaspe para concluir la formación como inspector. Y a ello hay que sumar dos informes periciales sobre las pruebas de acceso del inspector, con resultados dispares, en función de la parte que los ha encargado, y un conflicto jurisdiccional entre juzgados. Sin olvidar que al aspirante se le negó el uniforme para asistir al curso del Ivaspe (tuvo que ser el juzgado quien lo autorizase).
Por ello, el fiscal sostiene que el objetivo de la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Santa Pola ha "mostrado una vocación de llegar hasta las últimas consecuencias a fin de evitar el acceso a la plaza de inspector de Iñaki Cantonet", algo que según el fiscal "debería haberse dirimido en la jurisdicción contencioso-administrativa". Y añade el fiscal que el Consell Jurídic Consultiu ya se pronunció sobre esta cuestión y "no aprecia que la irregularidad perpetrada sea de tal calado que pueda justificar la iniciación de un procedimiento penal para la depuración de las responsabilidades de los autores".
Una de las sospechas de la denuncia del Ayuntamiento de Santa Pola sobre la composición del tribunal que evaluó a Cantonet, de quien se afirma que tenía estrechas relaciones con el presidente del tribunal, Francisco Ramón Sirvent Martínez, que fue su jefe cuando Cantonet ejerció en Castalla Y también que si el secretario del tribunal tenía relación con Isabel Soler, vicesecretaria del ayuntamiento y pareja sentimental de Cantonet. El fiscal asegura que la instrucción ha demostrado todo lo contrario: que en Castalla Cantonet y Sirvent tuvieron agrios enfrentamientos. Tampoco se ha probado, añade el fiscal, la posible influencia de la señora Soler sobre el secretario del tribunal y secretario de la corporación. Y recuerda el ministerio público que todos los recursos presentados contra la composición del tribunal han sido desestimados.
Otra de las cuestiones que planteó la denuncia fue la contratación de la empresa que hizo los test psicotécnicos y psicológicos, Psicólogos CEPC. Recuerda el fiscal que se pidieron tres presupuestos y que se contrató a una que nunca había trabajado con el Ayuntamiento de Santa Pola. Pese a ello, los denunciantes sostuvieron en la denuncia que el psicológoco que corrigió la prueba fue complaciente a puntuar favorablemente a Cantonet en detrimento de otros opositores. El fiscal recuerda que el informe del psicólogo costó 600 euros y que la lógica conduce a pensar que la búsqueda de informes de complacencia se realiza por importes de mayor cuantía y por parte de otras personas con una relación más continua y fluida con el ente adjudicador. También se cuestión un no apto en el ejercicio de Cantonet, pese que el psicológico reconoció posteriormente que se debía a un error de transcripción. Dice el fiscal que resulta sorprendente la aportación de un informe por parte del Ayuntamiento de Santa Pola en el que pretenden extenderse las irregularidades a otros extremos. El fiscal recuerda que el propio informe de parte destaca que la discrepancia valorativa no ha beneficiado solamente a Cantonet, sino que lo hubiera hecho a otros cuatro aspirantes del turno libre, por lo que, a juicio del representante del ministerio público, las sospechas se extenderían a esos otros cuatro procesos.
Por todo ello, la Fiscalía llega a la conclusión de que no hay motivo alguno que permita justificar la constitución de este procedimiento, que de mantenerse impediría la resolución de las cuestiones planteadas en la vía contencioso-administrativa. Y que, en todo caso, esos juzgados contencioso-administrativos ya solventaron esas supuestas irregularidades, como fue la inscripción de Iñaki Cantonet en el curso del Ivaspe para que siguiera su formación como inspector de Policía Local. "Las irregularidades de supuesta entidad penal no tendrían calado", concluye el fiscal.
Con esta resolución, el juzgado que instruye la causa debe decidir si archiva la causa o abre la vía del juicio oral.
