Imagen del exterior de la Escuela Infantil de La Murada. Foto: APORIHUELA. Cerraba sus puertas el pasado viernes la Escuela Infantil de La Murada, pedanía de Orihuela, con la incertidumbre de si el lunes los 46 niños y niñas de entre cero y tres años volverían a sus aulas. Llegó el inicio de la semana, y la niebla de la incertidumbre quedó despejada como si nada hubiese pasado. La empresa que gestionaba la Escuela de Orihuela Costa,Persán, se hacía con la dirección del centro. Pero en esa aparente normalidad y sintonía, la melodía interna de toda la operación desafinaba todo el proceso: una empresa adjudicataria que ya en diciembre rechazó estudiar una nueva prórroga, requerimientos de pagos del ayuntamiento a la empresa, también viceversa, trabajadores sin cobrar dos meses, un informe de valoración con resultado negativo que la concejalía obvió para prever nueva licitación, denuncias en el Contencioso Administrativo y un contrato que finaliza a mitad de curso.
En 2017, la mercantil Lysmon y el Ayuntamiento de Orihuela firmaban un contrato mediante el cual gestionaría la Escuela Infantil de La Murada por un periodo de dos años con la opción de prorrogarlo, solo bajo la fórmula de uno en un año. Según afirma el concejal de Educación, Ramón López Cabrera (Ciudadanos) la empresa solicitó hacerlo los dos años seguidos, algo que no podía darse dado que no lo recogían las condiciones. En febrero de 2019 aprueban la primera prórroga por un año. Dos meses antes de que finalizara el plazo de esa prórroga el pasado viernes, 31 de enero, la empresa presentó -2 de diciembre de 2019- la renuncia a una futura prórroga alegando impagos por parte de la administración local correspondiente a varias mensualidades. Según López Cabrera ese adeudo se debía a que la empresa no había hecho efectivo tres requerimientos de pago de luz y agua, gastos que corren a cargo de empresa, como estipula en las condiciones del contrato. Estos requerimientos se dieron el 25 de septiembre de 2018 por 9.221 euros, el 20 de marzo de 2019 por 2.419 euros y el 6 de agosto de 2019 por 2.552 euros. Por tanto, según ha indicado el edil, en agosto la empresa adeudaba al consistorio más de 14.000 euros y según sus cálculos, a la actualidad, la cifra ascendía a 17.000 euros. La empresa, según fuentes consultadas, asegura que en ningún momento se niega a pagar esos gastos, sino que lo hará en base a facturas o documentos que acrediten dicho consumo y por tanto su importe correspondiente. Aseguran desde Lysmon que han solicitado en numerosas ocasiones y también por escrito las facturas para hacer efectivos los pagos.
En cuanto a modo viceversa, el requerimiento de la empresa de las mensualidades que el Ayuntamiento le debe, el edil ha afirmado la existencia de tal requerimiento y el único que hay, según López Cabrera, entró el 22 de noviembre de 2019 por un importe de 5.861 euros. Sin embargo, la empresa asegura que la cantidad adeudada es de 12.256 euros, en concepto de los servicios de escolaridad dados entre diciembre de 2018 y octubre de 2019, y la escuela de verano de 2017 y 2019.
Cuando en febrero de 2019 se aprueba la prórroga, de la mano de la edil de Educación de la legislatura anterior, Begoña Cuartero, y "con el fin de no interrumpir la prestación, se propone tramitar la prórroga solicitada y simultaneamente iniciar el proceso de licitación de un nuevo contrato", tal y como ha desvelado el portavoz de Cambiemos Orihuela, Carlos Bernabé. Se adopta esta postura dado que resulta negativo un informe de evaluación. En el único parámetro que aparece como positivo es en la "satisfacción de las familias". "Evidencia la negligencia cometida por el Gobierno de Orihuela, el concejal de Educación sabe, o debía saber, desde principio de legislatura que el contrato tenía una fecha muy clara de finalización y que éste tenía una evaluación negativa", manifestaba Bernabé.
El miércoles 29 de enero, el edil de Educación enviaba a la empresa una propuesta que contemplaba una prórroga hasta el 30 de junio y requería una respuesta en 48 horas. Dado que no había cambiado la situación, la empresa se remitió a su posición en diciembre y declinó la propuesta, dando respuesta al día siguiente, el jueves. Solo quedaba como día hábil el viernes para que la concejalía formalizase una solución. Según López Cabrera se recurrió a la empresa Persán, que gestiona la Escuela Infantil de Orihuela Costa, amparándose en mecanismos legales que contemplan un marco de interés general. "Un servicio como este es prioritario para las familias. La empresa vendrá facturará y se le pagará. Y está justificado en el interés general" explicaba. Las razones esgrimidas por el edil para justificar la elección de esta empresa es que ya conocen todos los aspectos que el contrato, ya que el licitado para La Murada es el mismo que en Orihuela Costa. Asegura que ya se ha puesto en marcha los trámites para sacar la licitación de cara al próximo curso.
La plantilla que hasta el viernes formaba parte de Lysmon, la absorbió la nueva empresa. Los trabajadores y trabajadoras llegaron al viernes, finalización de la prórroga, con una relación laboral con la mercantil de obra y servicio y con el impago de dos meses. Los siete trabajadores se dieron de baja voluntaria y contratados por la nueva empresa. Según desde la dirección de Lysmon, la empresa anterior, acordaron la pasada semana con la plantilla que en febrero se liquidaría y resolvería todas las mensualidades adeudadas y que el retraso se debía a los impagos de las administraciones.
