Vista del patio de butacas del Teatro Principal de Alicante, en uno de los actos de conmemoración del día de la Constitución.ALICANTE. El Juzgado de Instrucción Número 4 de Alicante pone el foco en la gestión del Teatro Principal de Alicante con la reapertura de una causa relacionada con la contratación del servicio de azafatas y montadores tras la admisión del recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción frente al archivo de las diligencias que el mismo órgano judicial había dictado el pasado 20 de marzo.
La reapertura de la instrucción quedó sustanciada a través de un auto dictado el pasado 12 de abril por el que se conmina a los responsables del Teatro Principal y a su actual subdirectora, María Dolores Padilla, de manera personalizada, a aportar documentación adicional relacionada con las normas que regulan el funcionamiento del teatro y con la realización de las contrataciones de esos dos servicios con empresas externas. Se trata de la petición que formula la Fiscalía en su escrito de recurso, en el que aprecia la existencia de indicios de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude en la contratación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
En las diligencias se apunta a la misma Padilla -exconcejal de Cultura por el PP en el último tramo del pasado mandato, desde abril de 2018 hasta mayo de 2019-, a una de las responsables de la empresa o empresas con las que se concertó esas contrataciones, Sonia Blanco Rebollo, y a un hijo de Padilla, quien -según se señala en la denuncia- fue contratado para trabajar en el teatro por parte de esas empresas.
La investigación se abrió a instancias de las denuncias presentadas por una extrabajadora de esas empresas, contratada como azafata, y por otro trabajador que actuó como montador. Además, existen otras acciones legales en trámite en la jurisdicción laboral, así como una denuncia en comisaría por un supuesto delito de acoso laboral, según han precisado fuentes jurídicas.
En un principio, el juzgado archivó las diligencias incoadas en relación a las denuncias por infracciones penales. No obstante, la Fiscalía solicitó la continuidad de las investigaciones al considerar que de la documentación aportada en esas denuncias podían desprenderse los delitos ya mencionados en la medida en que, en base a esa información inicial, se colegiría que la contratación de esos servicios (el suministro de azafatas y de montadores de escenarios) se habría efectuado de manera directa, sin recurrir a un proceso abierto a la pública concurrencia como sería exigible para una entidad participada mayoritariamente (al 66%) por administraciones públicas (el ayuntamiento de Alicante y la Generalitat). Y que, además, desde 2005 siempre se habrían concertado con una sucesión de empresas vinculadas con Sonia Blasco Rebollo.
El recurso del fiscal se basa en las argumentaciones incorporadas en esas denuncias para señalar que "tanto las azafatas como los técnicos de montaje del teatro han sido suministrados, desde el año 2005, por diferentes mercantiles ligadas a la persona de Sonia María Blasco Rebollo". "Comenzó a través de la mercantil Sineresis sL, si bien, a partir del año 2010, esta mercantil fue absorbida por CPM Expertus, aunque Sonia Blasco era su responsable en Alicante", continúa el fiscal. Además, añade, siempre a partir de la información incorporada en la denuncia, que "en 2020 esta empresa cesa sus actividades, si bien la señora Blasco sigue prestando los mismos servicios a través de la sociedad Rol Plus Ousourcing y de Go Group SL, empresa vinculada a Rol Plus". Y, al tiempo, enumera los importes de las contrataciones, también aportados por la denunciante, que ascenderían a 192.197,85 euros en 2019, a 161.249,08 euros en 2021, y que se presupuestaron en 180.000 euros para 2022.
La subdirectora del Teatro Principal y exconcejal de Cultura por el PP, María Dolores Padilla.A la vista de esa documentación, el fiscal sostiene que "los contratos a los que nos estamos refiriendo, supuestamente adjudicados entre 2017, y 2019 por Francesc Sanguino", quien entonces asumía la función de director del teatro, "y desde 2019 hasta la fecha por María Dolores Padilla, subdirectora de la institución, han de ser asignados previa la realización de los correspondientes expedientes de contratación a fin de ser adjudicados conforme a derecho, previa la tramitación del procedimiento legalmente establecido, que siempre debería de garantizar la publicidad, la igualdad de trato y la concurrencia de posibles oferentes en los mismos términos previstos en la Ley reguladora de la contratación administrativa, a al vista de la cuantía del servicio del que estamos hablando", relata.
Por todo ello, plantea que se facilite documentación adicional en la que se detalle quién desempeñó el puesto de director del Teatro Principal desde el año 2004 hasta la actualidad y que se precise quién tomó las decisiones "relativas a la adjudicación de los servicios de azafatas y de montaje de escenarios, especificando las empresas en las que se ha atribuido este servicio desde el año 2004, debiendo señalar la identidad de la persona que ha actuado en representación de la empresa adjudicataria". Además, requiere la entrega de toda la documentación sobre esos expedientes de contratación.
El juzgado ya habría remitido esa petición de información tanto al Teatro como a Padilla a título particular, quien, de hecho, ya habría recurrido a su abogado para que aclarase todas las apreciaciones recogidas tanto en la denuncia como en el escrito de la Fiscalía que, a consulta de Alicante Plaza, consideró "incorrectas" y plagadas de "errores". En concreto, Padilla señaló que quien tiene la capacidad para realizar contrataciones, según lo previsto en los estatutos que rigen la comunidad de bienes del teatro, es su propia Junta en la que están representados sus propietarios (Ayuntamiento, Generalitat y Banco Sabadell) y que es quien delega en ella como subdirectora para que puedan formalizarse esos contratos.
Además, sostuvo que para formalizar esas contrataciones, "pedimos varios presupuestos y contratamos con la empresa que nos ofrece el precio más económico", por lo que descartó que se tratase de adjudicaciones directas. "Siempre contratamos por precio", insistió. Y, al tiempo, señaló que no era cierto que se recurriese a empresas vinculadas con Sonia Blasco puesto que se concertó esas mismas prestaciones con otras compañías en las que esta última no desempeñaba ninguna función. Por último, también señaló que "es igualmente falso que mi hijo trabajase en el Teatro Principal a través de esas empresas a las que se alude; mi hijo lleva desde el año 2011 residiendo en Suiza y solo trabajó unos meses mientras estudiaba para sacarse un dinero", señaló. Así, sostuvo que "todo obedece a un conflicto laboral que una trabajadora mantiene con la empresa que la contrató y no entiendo que tiene que ver ahí el Teatro, ya que solo externalizamos un servicio que no podemos asumir de forma directa y es cada empresa la que contrata a su personal", concluyó.
Por su parte, el edil de Cultura, Antonio Manresa, apuntó que "la denuncia incluye informaciones erróneas como el hecho de que se señale que María Dolores Padilla haya ejercido como directora desde el año 2004" y señaló que sería ella misma la que ofreciese "las explicaciones oportunas ante el juzgado para aclarar cuál es el funcionamiento real del teatro", señaló.
