La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en su encuentro con el presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón; el fiscal jefe, Jorge Rabasa, y representantes del Instituto de Medicina Legal, entre otros.ALICANTE. La Conselleria de Justicia trata de poner en marcha un nuevo paquete de medidas para combatir la violencia de género tras la concentración de crímenes registrados entre finales de 2022 y principios de 2023 en el conjunto del territorio nacional. Entre ellas, la principal consiste en la solicitud de creación de dos nuevos órganos judiciales especializados en Violencia de Género en Alicante que darían servicio a su partido judicial. En concreto, se trataría del Juzgado de lo Penal 2 y el de Violencia sobre la Mujer 4, cuya puesta en marcha se pretende reclamar al ministerio este mismo año.
Así lo ha anunciado la consellera titular del departamento, Gabriela Bravo, tras reunirse con el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Juan Carlos Cerón, el fiscal jefe de la provincia, Jorge Rabasa, y con responsables del Instituto de Medicina Legal para abordar mejoras en la lucha contra la violencia machista. La creación de esos nuevos juzgados especializados se sumaría a los cinco puestos en marcha a lo largo de este año, entre los siete que se han habilitado en el conjunto del territorio nacional, según ha explicado Bravo. Y, con la creación de los dos nuevos órganos que se prevé solicitar ahora, no se trataría tanto de aliviar la carga de trabajo de los juzgados existentes, sino de mejorar la atención, según ha abundado. "La carga de trabajo de los juzgados de Alicante está más o menos en la media que ha fijado el CGPJ, sobre 1.600 asuntos al año; el problema es que la violencia de género no es tanto un problema cuantitativo, sino cualitativo", ha enfatizado. En todo caso, ha señalado que "si hay menos carga de trabajo, también aumentará la calidad de la atención que se presta", aunque ha incidido en que "la carga de trabajo de un juzgado especializado sobre violencia no tiene nada que ver con la de un juzgado de cualquier otro ámbito".
Al término de ese encuentro de trabajo, de cerca de dos horas de duración, Bravo ha subrayado que "los asesinatos del año 2022, en los que el 42% de las víctimas había presentado denuncia, nos obligan a seguir trabajando en la mejora de la coordinación y en la búsqueda de los mejores recursos y procedimientos para poder abordar esta lacra que nos avergüenza a todo el mundo". Así, ha hecho hincapié en que Alicante, pese a que es "la quinta ciudad de España en número de habitantes", no dispone "de un servicio de guardias 24 horas para la jurisdicción de Violencia sobre la Mujer, cuyos casos han de asumir los juzgados de instrucción". Así, ha explicado que, en esto momento, los asuntos que suceden por la tarde "quedan asumidos por los juzgados de instrucción" por lo que ha considerado necesario que exista un servicio especializado.
De ahí que haya justificado la necesidad de ampliar la planta judicial en materia de Violencia de Género con el fin de que se pueda contar "con una jurisdicción especializada en todos los sentidos, porque no podemos consentir que cuando una mujer presenta una denuncia, su vida siga en riesgo". De hecho, "ya en la fase de enjuiciamiento se debe contar con jueces y fiscales especializados", ha incidido.
En todo caso, la solicitud de creación de esos dos nuevos órganos judiciales estará acompañada de otras iniciativas que permitan evitar la pérdida de vidas, como el fomento de la elaboración de informes de evaluación de riesgo, adicionales a los informes policiales. En este sentido, la consellera ha mostrado su preocupación por las "escasas peticiones de informes de evaluación de riesgo" a las Unidades de Valoración Forenses Integral (UVFI) pese a que contienen una información "muy necesaria" para que "los jueces tengan un mejor conocimiento de cuál es la situación de la mujer, la peligrosidad y la vulnerabilidad". "Vamos a evaluar por qué se están pidiendo tan pocos informes, cuando la fiscal general está planteando que son necesarios", ha señalado. "Si es necesario, estamos dispuestos a facilitar más recursos", ha añadido. La titular de Justicia ha precisado que se trata de informes que pueden solicitar tanto los jueces, de oficio, como los fiscales o cualquiera de las partes y que contribuyen a valorar la peligrosidad en la que se encuentra la víctima.
Por todo ello, Bravo ha anunciado también que se va a establecer "un protocolo para activar este mecanismo" al tiempo que ha recordado que la Comunitat Valenciana "es la única autonomía que ha puesto en marcha las UVFI comarcales", de manera que se cuenta con una en cada capital de provincia y otras nueve en Elche, Benidorm, Ibi, Vila-real, Vinaròs, Gandia, Torrent, Paterna, Sueca y Alzira. Además, se pondrá en marcha otras más en Dénia este mismo año.
Al mismo tiempo, se ha referido a la creación de las Oficinas de Denuncia a lo largo de los tres últimos años, como otra herramienta adicional para evitar que puedan producirse nuevos episodios de violencia contra la mujer, como la inaugurada en el Palacio de Justicia de Benalúa, en Alicante, el pasado mes de noviembre que, según ha precisado Bravo, ha atendido a 54 mujeres víctimas de malos tratos en poco más de dos meses.
Por último, también se ha referido a la necesidad de que se extienda la petición de medidas cautelares de prevención, como la solicitud de implantación de pulseras telemáticas de control de los denunciados por delitos de violencia de género, aunque ha incidido en la necesidad de solucionar "los problemas tecnológicos" que todavía presentan esos dispositivos "y que pueden poner en peligro a las víctimas" ante la posibilidad de que puedan registrarse fallos en su funcionamiento.
En cualquier caso, respecto a las causas de la escalada de crímenes machistas, la consellera ha insistido en que la responsabilidad de cada asesinato machista "es del asesino" por lo que, además de "centrar la lucha en la adecuada respuesta en lo penal", como sociedad "no podemos seguir fallando a la hora de construir una sociedad de respeto de valores, una sociedad que no discrimine a las personas por razón de su sexo; una sociedad que permita que el 50% de sus miembros vivan amenazados por ser mujeres". Por todo ello, a su juicio "fallamos en la educación", ha concluido.
