Un operario del servicio de limpieza, en pleno baldeo en una calle del Casco Antiguo de Alicante.ALICANTE. De nuevo, el servicio de limpieza viaria copa el debate político en el Ayuntamiento de Alicante, a instancias de una nueva propuesta promovida por el grupo municipal de Compromís por la que planteaba crear una comisión para auditar esa prestación, cuando cumple el primer año en manos de un nuevo concesionario: la alianza empresarial compuesta por FCC y PreZero bajo la denominación de UTE Netial. Y, en esta ocasión, la iniciativa ha quedado aprobada gracias al respaldo de los cuatro grupos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) y la abstención del PP.
El portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha justificado la iniciativa en la necesidad de abordar una mejora del servicio. Así, ha considerado que la comisión propuesta debería abordar cómo prestar un mejor servicio, después de preguntarse cómo era posible que se haya incrementado su presupuesto y, sin embargo, "se haya reducido el número de trabajadores" y solo se haya sustituido "la maquinaria que está reventada". "¿Dónde están los ocho millones anuales de aumento del gasto en el servicio?", se ha cuestionado. Y, por último, ha instado al edil de Limpieza, Manuel Villar, a velar por el cumplimiento de la ordenanza específica, con un aumento de los inspectores municipales encargados de velar por el cumplimiento del contrato.
El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha compartido la posición que se defiende en la iniciativa al sostener que "nadie puede negar que Alicante está sucia". "Es fundamental que se conozcan las denuncias que se han presentado y hay que corregir los aspectos del contrato que no están funcionando, y hay que abordar la remunicipalización del servicio, sin externalizar las funciones que tiene que asumir este ayuntamiento", ha argumentado. "En los últimos meses se ha experimentado un deterioro cada vez mayor", ha asegurado, al enumerar circunstancias como la acumulación de residuos en el entorno de los contenedores. Además, como Mas, ha considerado que uno de los problemas principales es "la falta de inspectores" para comprobar que el contrato se está prestando en condiciones. "Hay 7 cuando tiene que haber 14", ha sostenido. "Hay falta de supervisión", ha insistido.
Por Vox, el edil Óscar Castillo ha coincidido en que "se puede mejorar muchos aspectos", aunque ha sostenido que la propuesta de Compromís roza lo absurdo al incluir contradicciones. "Alicante necesita despertar del letargo en el que se encuentra en este tema, que se ve agudizado a partir del mes de junio, con las fiestas de Hogueras", ha apuntado. "Alicante sufre, pero aun estando de acuerdo, no se puede atribuir la responsabilidad al señor Villar, de la falta de civismo de algunas personas que no dudan en depositar enseres en la calle cuando existe un servicio de recogida gratuito, o a los dueños de mascotas que no recogen sus excrementos", ha enumerado. "Creemos que es el momento de involucrar a todos los alicantinos en la limpieza de la ciudad, con una campaña de concienciación ciudadana", ha argumentado. Además, ha recriminado a Mas que la iniciativa plantea que revise la plantilla de la concesionaria, "como si no existieran los sindicatos". Con todo, ha anticipado su respaldo a la creación de la moción.
Y por el PSOE, el edil Raúl Ruiz también ha coincidido en la conveniencia de la constitución de ese grupo de trabajo, al sostener que la iniciativa es una réplica de la propuesta que su partido planteó hace más de un año. Ha considerado que resulta necesaria en un momento en el que se está planteando la subida del recibo de la basura y en el que "estamos a once meses de que venza la contrata de gestión del vertedero" sin que se haya convocado todavía una nueva licitación.
Por el equipo de gobierno, el edil de Limpieza, Manuel Villar, ha admitido que "este no ha sido el mejor verano" al reconocer la existencia de imágenes y situaciones que no se deberían haber producido. No obstante, ha negado el argumentario de la moción al sostener que sí se está haciendo un esfuerzo en los baldeos y en la implantación de nuevos contenedores. Además, ha sostenido que algunas de las nuevas operativas no han dado el resultado esperado y se están corrigiendo "con lo que ya se están viendo los resultados". De igual modo, ha insistido en que existen 500 trabajadores a diario en la calle. "Estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance: a las ocho de la mañana están todos los entornos de contenedores limpios", ha sostenido. "Necesitamos 23 camiones todos los días para recoger esos residuos, 17 por la noche y nueve por el día, lo que significa es que tenemos un problema todos los alicantinos", ha añadido, en alusión a la falta de civismo. Además, ha sostenido que se dispone de 7 inspectores, y que está en trámite en Recursos Humanos la contratación de otros cinco.
En la réplica, Copé ha insistido en que la inspección es crucial y que, a pesar de que se limpia, es insuficiente. "No se supervisa en momentos como los fines de semana, cuando hay mercadillos", ha apuntado. "La ciudadanía de Alicante no es más sucia que la de Elche o la de San Vicente donde el servicio es más efectivo; que se cumplan las ordenanzas, que se amplíe la inspección y que se escuche a la ciudadanía", ha insistido. Mas ha criticado la aplicación de la ordenanza, ya que hasta ahora "solo se pone una multa al día". Ha sostenido que se realizan menos baldeos y menos barridos. Y ha asegurado que "esta comisión no es para auditar al señor Villar, es para mejorar el servicio". Castillo ha incidido en el incivismo, aunque ha sostenido que, tras dar un voto de confianza a la nueva contrata, habría que "hacérselo ver", después de haber planteado un incremento de la tasa de residuos. Ruiz se ha referido a las quejas formuladas por la ciudadanía como argumento para crear la comisión para encontrar soluciones.
Villar ha cerrado el debate para volver a insistir en el trabajo realizado para mejorar el servicio, con algunos cambios que se han introducido ahora, y ha sostenido que el tono constructivo es el que se debería mantener en el caso de que la creación de la comisión prospere. Además, ha recalcado la necesidad de poner el foco en la concienciación y en la crítica a la minoría de incívicos. El alcalde, Luis Barcala, por su parte, también ha terciado en el debate para sostener que "estamos de acuerdo en que se debe exigir mejoras a la contrata por el servicio que estamos pagando", pero ha recalcado la necesidad de combatir el incivismo. "Se sigue anclado en una encuesta de hace años y ese no es el camino", ha sostenido. "Se exige de todos un mayor nivel, para que el resultado sea la ciudad que todos queremos", ha añadido. "Satisfechos no estamos, queremos que vaya a mejor", ha concluido. En último término, la moción ha prosperado con los votos de PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem, y la abstención del PP.
Con carácter previo, en la sesión se ha aprobado la cuenta general del ejercicio de 2023, que ya quedó dictaminada favorablemente en comisión en agosto, en las que se determina la existencia de un remanente de 131 millones. El edil de Hacienda, Toni Gallego, ha sostenido que la cuenta general es un "reflejo de la situación económica del Ayuntamiento" en el que se daría cuenta de que se cumplen los requisitos de equilibrio presupuestario. El acuerdo, no obstante, no ha estado exento de intervenciones críticas por parte de los grupos que ejercen funciones de oposición. Así, en primer término, ha sido el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha lamentado la falta de previsión, la ausencia de planificación en contratación y el hecho de que no se ejecutasen las inversiones previstas, "cinco millones menos que en el ejercicio precedente", según ha dicho.
Su homólogo de Compromís, Rafa Mas, también ha recriminado la baja ejecución presupuestaria, tras enumerar distintos desperfectos o arreglos pendientes de realizar, según ha sostenido. "Solo son capaces de gestionar cuatro de cada diez euros", ha apuntado, mientras se ejecuta "el 100% de la partida de fiestas". "Y se permiten el lujo de devolver tres millones en subvenciones de la Generalitat", ha sostenido. Por Vox, el portavoz adjunto, Mario Ortolá, por su parte, ha recriminado el retraso en la presentación del trámite por falta de medios personales. Además, ha considerado que la existencia de un superávit de 51 millones supone que "los alicantinos pagan de más con sus impuestos" y ha aventurado que esa cifra aumentará "con el incremento del recibo de la basura". Al tiempo, también ha demandado el reglamento de subvenciones que viene reclamando el departamento de Intervención de forma recurrente, que figura entre los compromisos incluidos en el acuerdo presupuestario alcanzado entre Vox y PP sobre las cuentas de 2024, por lo que ha vuelto a lanzar un aviso sobre la imposibilidad de que se pueda alcanzar un nuevo acuerdo para aprobar los presupuestos de 2025.
El alcalde, Luis Barcala.
El portavoz adjunto de Vox, Ortolá.
El edil de Hacienda, Toni Gallego.
El portavoz de Compromís, Mas.Por el PSOE, la edil Silvia Castell ha sostenido que "la gestión del gobierno ha sido peor que en 2022; las cuentas vuelven a repetir las mismas deficiencias técnicas". "El Ayuntamiento disponía de 101 millones para ejecutar inversiones, y dejaron sin ejecutar 61 millones", ha sostenido. "Vendieron humo con proyectos que nunca ejecutaron; en 2022 ejecutaron 48 millones y ahora, 35", ha incidido, a pesar de las "necesidades" que, a su juicio, existirían en infraestructuras educativas o en demanda de vivienda. "Van perdidos, por eso tanto retraso en la ejecución de obras", ha recalcado. "No es usted un buen ahorrador, señor Barcala, es un mal gestor de los recursos públicos", ha señalado.
En la réplica, Mas ha insistido en las carencias en infraestructuras educativas o en la prestación de servicios públicos, como el de la limpieza viaria. Y Castell ha incidido en las promesas sobre proyectos que "siguen sin ejecutarse año tras año". "Su incompetencia está llevando a Alicante a la degradación", ha incidido. El debate lo ha cerrado Gallego para defendido la ejecución presupuestaria de 2023, por un importe global superior al de 2022 "a pesar de ser un año electoral y de tratarse de un presupuesto prorrogado". Además, ha reivindicado la ejecución de obras de transformación urbanística de la ciudad. A la postre, las cuentas han quedado aprobadas con 13 votos a favor (ante la baja por maternidad de la edil Cristina Cutanda) y la abstención de los cuatro ediles de Vox, pese al rechazo de la suma de los once concejales de PSOE (8 ediles), Compromís (2) y Esquerra Unida Podem (1).
Al tiempo, en la sesión se ha aprobado la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, promovida por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, para que proporcione explicaciones sobre los dos expedientes de infracción incoados sobre las presuntas irregularidades detectadas en la construcción de un hospital privado en Vistahermosa Norte. El primer edil ha rechazado, inicialmente, su comparecencia voluntaria en esta sesión, por lo que se ha producido la votación prevista en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno, que ha recabado el apoyo de 15 concejales: los de los tres grupos del eje progresista y Vox. Los ediles del PP, por su parte, han votado en contra. De este modo, la comparecencia del primer edil se producirá de forma forzosa en el pleno ordinario de octubre.
Además, en el pleno se ha aprobado por unanimidad el calendario de festivos locales planteado por el equipo de gobierno para 2025, que ya quedó refrendado en comisión informativa el pasado viernes, por el que se acuerda fijar esos días no laborables en las fechas de 23 y 24 de junio, coincidiendo con los días centrales de la celebración de las fiestas de Fogueres, toda vez que el día de la Romería de Santa Faz coincide con la fiesta nacional del 1 de mayo. Además, también se ha aprobado el incremento de la cuantía prevista en los presupuestos de 2024 para el abono de gratificaciones por prestaciones extraordinarias, por una suma de más de 420.000 euros, en función del acuerdo que también se validó el pasado viernes.
La sesión, como suele ser habitual, se ha iniciado con el preceptivo minuto de silencio en señal de repulsa y duelo por las víctimas de la violencia de género: ocho nuevas desde que se celebró el último pleno ordinario, el pasado julio.
