Plano de ubicación de la nueva planta de tratamiento de colchones y enseres del centro de residuos de Alicante.ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), mantiene la senda de las inversiones para promover la modernización del centro de tratamiento de residuos de Fontcalent, de titularidad municipal, a un año de que se produzca el vencimiento de la última prórroga prevista en el contrato de gestión adjudicado a UTE Alicante en 2013. El próximo ejemplo de proyecto de mejora a implementar en las instalaciones, de propiedad municipal, es la construcción de una planta específica para procesar residuos voluminosos: colchones, mobiliario y electrodomésticos.
El departamento de Limpieza y Gestión de Residuos que coordina Manuel Villar prevé licitar en breve la construcción de esa nueva nave específica para la que se requiere de un desembolso global de 5,7 millones tanto en ejecución del edificio como en la adquisición de maquinaria. Esas futuras instalaciones dispondrán de una línea para el tratamiento de colchones y otra para el tratamiento de residuos voluminosos (muebles y electrodomésticos) con el fin de afinar en la descomposición y separación de sus componentes, antes de proceder a su trituración y acopio para su posterior cesión a un gestor autorizado de residuos.
La nueva nave tendrá una superficie de 3.000 metros cuadrados construidos, al margen del espacio externo habilitado para el depósito de los residuos hasta su procesamiento y de la zona destinada a su traslado, una vez concluida su trituración. En principio, se estima que la planta pueda llegar a recibir 600 toneladas anuales de colchones, 9.000 toneladas de residuos voluminosos (muebles), 26 toneladas de frigoríficos domésticos, 8 de grandes aparatos eléctricos, 16 de televisores y otras 8 de pequeños aparatos eléctricos. De todo ello, se prevé obtener material férrico recuperado, que será derivado a un reciclador; además de madera triturada, colchones en balas y material triturado de colchones, que serán valorizados como combustible sólido alternativo.
Plano de ordenación de la nueva planta de tratamiento.Para la construcción de esas instalaciones, se dispondrá de una subvención de 4,5 millones concedida por la Dirección General de Calidad Ambiental, a partir de una línea de ayudas específica destinada a sufragar proyectos de mejora de la gestión de residuos voluminosos. La aportación concedida a Alicante es la tercera de mayor importe entre el total de más de 25,8 millones distribuida entre otros consorcios de residuos (las dos mayores, por 5,6 y 5,1 millones, se conceden al consorcio V3 y V4, ambos en la provincia de Valencia). De este modo, el desembolso restante hasta completar los 5,7 millones en los que se valora la construcción y puesta en funcionamiento de la planta tendrá que asumirlos el Ayuntamiento con fondos propios.
El impulso a la construcción de esa nueva planta coincide con el debate abierto en torno a la revisión de la ordenanza fiscal reguladora del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos, de la que depende el importe del recibo de la basura. Se trata de una inversión prevista con anterioridad, pero que ofrece una perspectiva de los costes asociados a la gestión de los residuos para los que la normativa comunitaria exige ahora que exista una cobertura íntegra a través de la recaudación fiscal. Es decir, que con los recibos de la basura se pague el 100% del gasto que supone la gestión de los residuos, frente al 40% que se viene obteniendo hasta ahora en el caso concreto de la ciudad de Alicante. En cifras concretas, el desembolso calculado para los servicios de recogida, tratamiento y eliminación supera los 25,7 millones anuales: casi 16 millones más de los que se ingresan hasta ahora. De ahí que el reparto de costes entre el conjunto de la ciudadanía suponga un incremento que, en algunos casos, supone cuadruplicar el importe de los recibos que se viene abonando hasta ahora. El equipo de gobierno sostiene que, en realidad, con los nuevos importes, el recibo actual se multiplica por 2,3 y no por 4.
Hasta ahora, ninguno de los cuatro grupos políticos de la oposición prevé apoyar las nuevas tasas propuestas por el PP
Con todo, esa propuesta de revisión de la ordenanza fiscal queda todavía sujeta a apoyos políticos, ya que el PP gobierna en situación de minoría con 14 concejales en una corporación formada por 29 representantes. Por el momento, Vox ya ha anticipado que votará en contra de esa propuesta al no compartir la filosofía de la normativa comunitaria de la que deriva la actualización. Así, no ha llegado ni a presentar enmiendas. Sí lo han hecho PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem con el propósito compartido de tratar de introducir criterios de proporcionalidad para que el incremento no repercuta más en las rentas bajas. Y el equipo de gobierno se afana ahora en buscar puntos de entendimiento. Ya ha mantenido encuentros con Compromís y Esquerra Unida Podem, aunque ninguna de esas dos formaciones ha anunciado que vaya a facilitar la aprobación de la ordenanza. Más bien todo lo contrario.
A priori, la intención de los populares es llevar la propuesta a pleno antes de que finalice octubre para que la nueva tasa pueda entrar en vigor en enero de 2025, como establece la normativa española en la que se incorpora la obligación comunitaria. Y, por el momento, no existiría plan b en el supuesto de que los cuatro grupos acabasen votando que no, salvo que el Gobierno central o la misma Unión Europea llegue a habilitar alguna fórmula paraguas que permita implantar la equiparación entre ingresos y gastos en los ayuntamientos en los que no se logre la mayoría suficiente para sacar adelante el acuerdo.
Ese debate coincide, además, en un contexto en el que se acaba de producir la intervención de la Fiscalía de Medio ambiente en la fiscalización de la gestión de la planta de tratamiento de residuos, tras recibir un escrito de manifestaciones aportado por la Coordinadora Alicante Limpio (CAL) sobre supuestas irregularidades en el tratamiento de los desechos, como la recepción de residuos por encima de la capacidad de las instalaciones o la generación de lixiviados.
La Fiscalía ordenó sus propias averiguaciones, entre las que figuran informes policiales con dossier fotográfico sobre el estado y la actividad desplegada en la planta, y decidió interponer denuncia en el juzgado por un supuesto delito ambiental. Todo, a la espera de que se aporten informes periciales adicionales sobre el funcionamiento del complejo a través del propio juzgado que asume la instrucción de la denuncia.
