Ayuntamiento de OrihuelaELCHE. Hace varias semanas el Partido Popular criticaba que el Ayuntamiento haya indemnizado con más de 100.000 euros al funcionario y abogado Marcos Sánchez Adsuar. El Ayuntamiento le sancionó y suspendió para varios años en 2017 porque había estado ejerciendo como abogado en horario laboral, según el Consistorio, extralimitándose en su declaración de compatibilidad. Tras perder un contencioso-administrativo frente al Ayuntamiento, más tarde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le dio la razón el pasado año, como contó este diario. Eso sí, después del reciente resarcimiento económico, Sánchez Adsuar no seguirá en el Consistorio, sino que se trasladará al de Orihuela por voluntad propia.
Con el fin de la vía judicial, a favor del funcionario, que desempeñaba en Elche sus labores en el departamento de Sanidad, el abogado ha solicitado una comisión de servicio para entrar como técnico municipal pero en el Ayuntamiento oriolano, en el que estará durante dos años, que es el periodo que duran estas comisiones. Tras la indemnización, que en Recursos Humanos calculaban que podía llegar a los 200.000 euros, teniendo en cuenta la compensación salarial por los años de suspensión, la administración local ilicitana le requirió la vuelta a su puesto de trabajo, pero el funcionario y abogado ha solicitado la mencionada comisión de servicio, con la que ambos consistorios están de acuerdo.
Cuando finalice el traslado se tendrá que abordar de nuevo la relación entre Sánchez Adsuar y el Consistorio. Por lo pronto, tras la anulación de la inhabilitación y su respectiva sanción por parte del TSJ, dando la razón al abogado por estar fuera de plazo el expediente municipal —desde Recursos Humanos consideraron que la falta había caducado pero no prescrito—, algo que se comentaba en los mentideros funcionariales desde el año pasado, ha conseguido una notoria indemnización, aunque inferior a la que podía llegar. En el momento del iniciar el procedimiento sancionador estaba con varias querellas contra el Ejecutivo de Alfàs del Pi y desde la suspensión ha estado trabajando como letrado para diversos ayuntamientos de la provincia como Benijófar o Bigastro, entre otros. Anteriormente fue conocido por ser acusación en el 'caso Auditorio' de Murcia o las querellas del 'caso Urbielx' que finalmente fueron archivadas, y que iban contra el exalcalde Diego Macià y otros ediles. También fue uno de los denunciantes de las obras ilegales del ya extinto Hotel de Arenales.
Por otra parte, cabe resaltar que aunque este caso es más conocido por ser mediático, el Ayuntamiento sigue periódicamente en casos similares de indemnizaciones de otro tipo a funcionarios municipales por diversas cuestiones. Otra conocida reciente fue la indemnización de 50.800 euros al exedil de Hacienda Manuel Latour, ahora por otra parte en el equipo de Pablo Ruz en el PP como asesor económico.
