Fin al sainete de las desaladoras de Alicante: Hacienda ratifica a Sacyr como adjudicatario

ALICANTE. La adjudicación a Sacyr Agua del megacontrato para operar las dos plantas desaladoras de la ciudad de Alicante durante los próximos dos años por 8 millones de euros anuales ya es definitiva. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha tumbado el último recurso presentado por la UTE Inima-Construcciones Alpi, adjudicatario original y luego descartado como consecuencia de un recurso de Sacyr, y convierte a la empresa que preside Manuel Manrique en adjudicatario definitivo del contrato, que comenzó a operar a finales de 2019.

La UTE inicialmente escogida y luego descartada por el recurso de Sacyr alegaba que la resolución que la descalificaba no podía derivar en una nueva valoración de las ofertas restantes (como efectivamente sucedió), sino que el procedimiento debería declararse nulo y comenzar de cero. Al volver a valorar ofertas ya valoradas anteriormente (pero esta vez sin la UTE), la mesa de contratación incurría en un defecto insubsanable de "contaminación de sobres", según la recurrente. Sin embargo, el TARCR ha rechazado los argumentos de la licitadora descartada e inadmite el recurso, por lo que la adjudicación a Sacyr es ya inamovible, al menos en la vía administrativa.

Sacyr se vio beneficiada por la admisión de su recurso contra la adjudicación a Inima-Construcciones Alpi, ya que el Tribunal concluyó que la UTE adjudicataria había incluido documentación del sobre 3 en el sobre 2, por lo que ofrecía a la mesa de contratación información que solo debía conocer si la propuesta superaba el primer corte. El Tribunal descalificó a Inima y el Taibilla volvió a valorar las ofertas restantes, para decantarse por Sacyr, a quien finalmente ajudicó el contrato. El último recurso de Inima, presentado en octubre, no alteró el procedimiento, puesto que el TACRC consideró que la suspensión de la adjudicación provocaba más perjuicios que su posible anulación posterior, por lo que el contrato se validó en noviembre.

Las dos desaladoras juntas inyectan 48 hectómetros cúbicos anuales de agua desalada en el sistema de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (de donde beben 34 municipios de la provincia, que concentran el 50% de su población). Alicante I se construyó en régimen de concesión, y durante quince años fue operada por Acciona. Alicante II fue sufragada por Acuamed y su último operador fue precisamente Inima. Al vencer el contrato de Acciona, el Ministerio aprovechó para unir en un solo contrato la gestión de las dos plantas, para aprovechar así las sinergias y las instalaciones comunes.

Acciona fue descalificada en el primer corte, al llegar tarde su documentación. La empresa alegó un supuesto error informático de la plataforma de Contratación del Estado, que no quedó demostrado. Tras esta descalificación, la Mancomunidad del Taibilla se decantó por Inima-Construcciones Alpi, en perjuicio de Suez-Aqualia, Abengoa y la ya citada Sacyr. Sin embargo, al prosperar el recurso de esta última firma, la adjudicación dio un vuelco. Con esta última resolución del TACRC se pone fin, al menos de momento, al sainete de las desaladoras de Alicante.