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polémica sobre la disposición de fondos públicos en el ayuntamiento de alicante

'Escola Valenciana' frente a 'contratos del PP': similitudes y diferencias

21/11/2018 - 

ALICANTE. El debate político se agita a menos de seis meses de las próximas elecciones municipales de mayo de 2019 a cuenta de la transparencia y la corrección (legal y ética) de algunas de las contrataciones impulsadas por el Ayuntamiento de Alicante. Al margen de los casos controvertidos que se han ido conociendo desde el inicio del mandato, la disputa gira ahora en torno a dos bloques de acuerdos concretos. Se trata, por un lado, de los pagos formulados a la Fundación Escola Valenciana durante la etapa en la que Compromís ostentó competencias de gobierno (hasta noviembre de 2017). Y por otro, de la adjudicación de contratos menores por parte del actual equipo de Gobierno, del PP a sociedades vinculadas a uno de sus cargos de confianza, Jorge Crespo, cesado precisamente después de que se constatase que pudo haber incurrido en un supuesto de incompatibilidad en la medida en que la oferta de una de sus empresas iba a resultar adjudicataria de un contrato municipal.

Los dos asuntos serán tema de discusión en el pleno ordinario de noviembre, que se celebra el próximo jueves 29 de noviembre. El PP ha presentado dos propuestas de reprobación distintas frente a los concejales de Compromís a quienes considera responsables políticos de los acuerdos con Escola: el exedil de Presidencia y Promoción Lingüística, Natxo Bellido, y la exedil de Igualdad, Maria José Espuch, pareja del vicesecretario de Compromís en Alicante y trabajador de Escola, Ismael Vicedo. Compromís, por su parte, además de exigir el acceso a los expedientes sobre esos contratos, ha registrado una iniciativa para que se constituya una comisión de investigación sobre esas contrataciones directas a las empresas asociadas al exasesor del PP. 

Estas son algunas de las similitudes y diferencias de ambos bloques de acuerdos, según la información que ha trascendido sobre ellos y según las explicaciones formuladas por sus impulsores.

-Convenio y adjudicaciones directas: Los acuerdos con la Fundación Escola Valenciana para la organización de la llamada Plaça del Llibre se tramitaron de dos formas distintas. La edición de 2016 se canalizó a través de un convenio que se firmó tras elegir de manera discrecional (sin concurso) a Escola. La de 2017, mediante contratación directa con cargo al presupuesto de Promoción del Valenciano. Y la actividad de Igualdad, con la misma fórmula: encargo directo. 

Lo mismo sucedió por lo que respecta a los seis servicios de consultoría concedidos por el PP a la socia de Crespo en varias empresas (M.A.R.M.) entre julio y septiembre durante el tiempo en el que él ejercía como asesor (del 20 de abril al 26 de julio), y los dos que se adjudicaron a Grupo Ireco (el 2 de mayo y el 20 de julio, según consta en el Portal de Transparencia municipal), cuyo administrador único era el propio Crespo, según pudo constatar Alicante Plaza

Todos los casos se ajustaron al procedimiento legal, al no sobrepasar el importe de 18.000 euros (en 2016 y 2017) y de 15.000 euros (desde marzo de 2018) establecido en la Ley de Contratación del Sector Público para los llamados contratos menores. Es decir, que no era estrictamente necesario que se convocasen concursos públicos. En todo caso, habría sido una decisión de voluntad política para aportar mayor transparencia y permitir la libre concurrencia de empresas o entidades.  

-Las competencias y el aval técnico: El convenio de la edición de Plaça Llibre de 2016 lo suscribió el entonces alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), como sucede con todos los convenios, aunque, según admitió Bellido este martes, él fue el responsable político que lo impulsó como edil de Presidencia y Promoción Lingüística, en cumplimiento de uno de los acuerdos del pacto de gobierno que dio lugar al tripartito: la promoción del valenciano. 

Ese acuerdo se concertó de manera directa con la Fundación Escola Valenciana, sin que se diese pie a una convocatoria pública abierta a cualquier otra organización. Según Bellido, se optó por Escola porque era la entidad que, junto a la Fundació Full, ofrecía "ese producto concreto", en alusión a la Plaça del Llibre. El convenio, según Bellido, incluía el desarrollo del programa de voluntariado del valenciano y la organización de la feria de publicaciones editadas en ese mismo idioma. Su coste superó los 10.000 euros. La Fundación Escola Valenciana presentó la documentación acreditativa sobre el uso de los fondos de ese convenio, entre los que se incluyó gastos de personal. Entre esos gastos, se aportó la nómina de Ismael Vicedo. Todo se pagó "sin que se pusiese ningún reparo técnico", según explicó Bellido y según ha admitido el propio PP.

En la edición de 2017, el responsable directo que concertó el servicio de Escola fue Bellido como edil de Presidencia y Promoción Lingüística. Los gastos ascendieron a 14.000 euros con cargo al presupuesto específico para la promoción del valenciano, "como nos indicaron los técnicos", según el portavoz de Compromís. Escola aportó las facturas correspondientes a sus gastos. Y se pagaron, ya con Compromís fuera del equipo de Gobierno, tras el abandono de sus competencias, en noviembre de 2017. En esa edición, tampoco hubo reparos técnicos, como apuntó Bellido y ha admitido el PP. No obstante, los populares han requerido a Escola para que aporte mayor información sobre esas facturas para conocer si se pidieron o no varios presupuestos por algunos servicios como el de vigilancia.

En el caso del contrato de Igualdad, para la difusión, publicidad y proyección de la película Sufragistes, fue la propia concejalía quien contrató de manera directa a Escola, que también desarrolló la misma actividad para otros ayuntamientos gobernados por el PP, como el de Mutxamel, según ha sostenido Compromís. Según ha trascendido, la factura, de 1.400 euros, está fechada el 24 de mayo de 2017 y firmada por la edil del área, María José Espuch. No se ha informado de que se hubiese pagado con reparo técnico.

Los contratos adjudicados a la socia de Crespo se concertaron desde las concejalías de Infraestructuras y Comercio. Se adjudicaron en julio y septiembre sin que haya trascendido la fecha de inicio de los expedientes de contratación, si es que los hubo (no resulta legalmente necesario al tratarse de contratos menores en los que suele ser suficiente la presentación de la factura justificativa). El concejal de Infraestructuras, Israel Cortes, aseguró este martes que facilitaría toda la información solicitada por los grupos de la oposición, tanto de esos contratos como los otros 25 que se habrían concedido a la misma profesional o a las mismas empresas bajo el mandato del tripartito. No consta que haya existido reparo técnico sobre su pago.

Los dos encargos al Grupo Ireco sobre el servicio de coordinación de seguridad y salud de las obras del Parque de Bomberos se tramitaron desde el área de Prevención y Extinción de Incendios. El PP alega que al menos el expediente de uno de ellos, el de mayo, se inició bajo la etapa del PSOE. Así lo confirmó el exconcejal de Seguridad, Fernando Marcos, a este diario. Sobre la segunda fase, no ha trascendido fecha de inicio. En todo caso, la fecha de adjudicación coincide con el momento en el que Crespo ejercía como asesor. Tampoco constan reparos técnicos.      

-¿Incompatibilidad?, ¿ilegalidad?, ¿ética?: Como se ha dicho, en ninguno de los acuerdos se ha emitido ningún informe de advertencia de legalidad ni de reparo técnico. Al menos, nadie lo ha hecho público hasta ahora, pese a que el equipo de Gobierno sí ha confirmado que había revisado la documentación disponible sobre Escola.

Bellido explicó, en cuanto a la organización de las dos ediciones de Plaça Llibre, que Compromís no consideraba que en esos acuerdos hubiese existido una cuestión de incompatibilidad ni una actuación no ajustada a la ética. Sobre el hecho de que Vicedo trabajase en Escola, dijo que venía trabajando en esa entidad desde 2008 y que el convenio con el Ayuntamiento no le reportó ningún beneficio económico adicional concreto, al margen de la nómina mensual que percibe todos los meses. Además, señaló que, puesto que Escola era una Fundación, según los asesores jurídicos de Compromís sólo podría haberse producido un supuesto de incompatibilidad en el caso de que Vicedo hubiese sido su patrono. Según explicó, sería el cargo equivalente al administrador de una empresa. Así, subrayó que Vicedo sólo trabaja como auxiliar administrativo: el único empleado de Escola en Alicante y en toda la comarca de l'Alacantí.

Sobre la cuestión ética, señaló que, al margen de que Vicedo no hubiese obtenido ningún beneficio económico al margen de su sueldo habitual, "los acuerdos con Escola se hicieron con transparencia, le dimos publicidad a través de comunicados de prensa y de la página web municipal, con fotos sobre la primera reunión que tuvimos con el responsable autonómico de Escola, y todo el mundo en Alicante conoce y conocía desde hace tiempo que Vicedo trabaja en esa fundación sin que nadie haya discutido nada". Eso sí, en su comparecencia ante los medios, no hizo ninguna alusión a la supuesta incompatibilidad o falta de ética del acuerdo impulsado por Espuch, aunque lo cierto es que tampoco se le cuestionó sobre ello.

¿Qué sostiene el equipo de Gobierno al respecto? En la propuesta de reprobación que el PP ha elevado al pleno sobre el caso de Bellido, se expresa literalmente que "no se va a entrar a discutir la posible legalidad o ilegalidad de los actos relatados" y se circunscribe la propuesta a una cuestión de falta de ética: la que el portavoz de Compromís ha venido exigiendo de manera persistente a todos los concejales del resto de grupos políticos. Hasta el momento, tampoco se ha dado el paso de dar traslado de esos acuerdos a la Fiscalía para que dilucide si pudo haber indicio de delito. Al ser preguntado sobre esa posibilidad, el propio alcalde, Luis Barcala, se ha limitado a precisar que "en estos momentos estamos en la fase política y a la espera de que Compromís dé explicaciones". No obstante, sí ha remitido la información disponible al consejo de Transparencia.

En la propuesta de reprobación sobre Espuch, se señala que "debió además abstenerse en dicho expediente, de acuerdo con la normativa vigente en ese momento. El artículo 23 de la ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público establece las causas de abstención. Según el mismo, deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento, y lo comunicarán a su superior inmediato, las autoridades en quienes se dé, entre otras, la siguiente circunstancia: Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento". 

Y prosigue: "Por tanto debió de abstenerse obligatoriamente y proceder a comunicarlo a su superior. Y está claro que no hizo ninguna de esas actuaciones. En consecuencia, la actuación de la Sra. Espuch ni era ética, ni era estética y, podemos incluso valorar, si era lícita. Y, por supuesto su actitud está lejos de las exigencias éticas que su propio grupo municipal ha requerido a los demás y que no parecen ser las mismas cuando afectan a los miembros del grupo Compromís".

Por lo pronto, la propia portavoz municipal del PP, Mari Carmen de España, volvió a manifestar este martes, al ser cuestionada sobre la posibilidad de que se dé traslado de esa supuesta incompatibilidad a la Fiscalía, que "de momento estamos en la fase política, a la espera de que se den explicaciones convincentes". 

¿Qué sucede con los contratos relacionados con el exasesor del PP? Al margen de la ausencia de reparos, el equipo de Gobierno sostiene que no existe ningún tipo de ilegalidad, ni de comportamiento no ajustado a la ética, ya que su exasesor no tuvo ninguna participación en los procedimientos de contratación ni tenía capacidad de decisión sobre ellos, a diferencia de lo que, insisten, sí ocurre en los casos de Compromís. Además, se alega que las empresas de Crespo ya trabajaron durante la etapa de mandato del tripartito.

Para los grupos de la oposición, por su parte, hasta ahora todos son preguntas. Compromís y Ciudadanos (Cs) ya se han cuestionado sobre la oportunidad de que los seis contratos de consultoría relacionados con la renovación de alumbrado en diversos barrios se hubiesen agrupado en una única licitación pública para permitir la libre concurrencia de empresas. El PSOE ha considerado "curioso" que esos seis contratos se adjudiquen a la misma socia de Crespo. Y el portavoz de la coalición nacionalista también se ha preguntado por qué las adjudicaciones se producen con el CIF particular de la socia del exasesor, y no a través de una de sus empresas.

Por último, Bellido señaló, en relación a los contratos concedidos al Grupo Ireco, que el propio PP señaló en juliio, al comunicar el cese de Crespo por su participación en el concurso de mantenimiento de zonas verdes de las escuelas infantiles municipales, que la posible incompatibilidad se extendía a la oferta de su empresa, Avanza Serveis Integrals de la Terreta. En concreto, el líder de la coalición se refirió al comunicado remitido entonces por el PP, en el que se detallaba que: "hechas las oportunas averiguaciones se ha comprobado que Jorge Crespo superaba el límite legal de participación en empresas privadas del personal vinculado al Ayuntamiento de Alicante en el cargo de asesor para no incurrir en incompatibilidad, que está fijado en el diez por ciento". "Ante la constatación de esta circunstancia, Jorge Crespo, ha presentado hoy su dimisión como asesor y el alcalde la ha aceptado". Y añadía: "La incompatibilidad en la que ha incurrido Jorge Crespo también afectaría a la sociedad Avanza Serveis Integrals de la Terreta, S.L., por lo que se ha solicitado de forma inmediata la revisión del procedimiento y la anulación en su caso de la concesión del contrato".

Así, sostuvo que "si esa revisión era necesaria para el caso de Avanza, también debería serla para el caso del Grupo Ireco, ya que en ese mismo mes de julio, se le había adjudicado uno de los contratos directos y él era su administrador único", concluyó.   

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