Foto: FUNDACIÓN HOSPITAL GENERAL DE VALÈNCIAVALÈNCIA (EFE). Catorce entidades, entre asociaciones de familiares, colegios profesionales y patronales, han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano el decreto del Consell por el que se regulan la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales.
Los recurrente son las asociaciones de familiares de Alzheimer (Xixona, València, Miguel Hernández de Cox, Ibi, Alzira, Alicante, Alcoi y Novelda), el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana, el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana, y la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste).
También el Circulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) y la Asociación Empresarial Valenciana de Servicios a la Dependencia (Avadese).
El decreto 27/2023, de 10 de marzo, del Consell, regula la tipología y funcionamiento de centros, servicios y programas de servicios sociales, y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
Estas entidades han pedido la suspensión cautelar del decreto hasta que pueda pronunciarse el TSJCV sobre el fondo de la cuestión, para evitar que haya personas que tengan que abandonar el recurso en el que están siendo atendidas o que no puedan acceder por primera vez al mismo, por no poder cubrir el coste de la plaza con los nuevos requisitos exigidos.
“La Conselleria ha intentado confundir a la sociedad valenciana insistiendo que sólo Aerte estaba en desacuerdo con el texto definitivo del decreto, pero la verdad es que hay entidades de todo tipo que han mostrado su rechazo”, ha indicado en un comunicado el presidente de la patronal Aerte, José María Toro.
Hay aspectos del decreto, ha explicado, que deben entrar en vigor en el plazo de un año, como por ejemplo el incremento de personal en centros de día de mayores o en residencias de salud mental, "y lo más probable es que no haya sentencia antes de ese plazo".
"Las personas que se vean afectadas, teniendo que prescindir de la atención que reciben, no podrán ser compensadas posteriormente porque no se trata de una cuestión compensable económicamente, por eso hemos pedido la suspensión de la norma”, ha indicado.
Desde la patronal Aerte recuerdan que se ha reclamado a la administración que el nuevo Decreto viniera acompañado de una financiación "que no supusiera ni un solo euro para las personas atendidas, pero la memoria económica no lo garantizaba como pusieron de manifiesto, en sus respectivos dictámenes, el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana y el Consell Jurídic Consultiu".
Este último solicitó a la Consellería un informe de la incidencia económica que tendría la aplicación del decreto en los usuarios, "pero entre los documentos colgados en la web de la VICIPI no se encuentra disponible, por lo que se desconoce su contenido", indican.
Según Toro, en los estudios hechos por Aerte, "el incremento de los costes por los nuevos servicios no se veía cubierto en su totalidad por un aumento de las ayudas, lo que supone un aumento del copago, llegando en el caso de las residencias de salud mental a 840 euros mensuales sólo en coste de personal, lo que es inasumible para la gran mayoría de familias”.
Además, según Aerte, diversas entidades han expresado que en ningún momento han participado en el proceso de elaboración de la norma, como la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología (SVGG), la Asociación Coordinadora de Recursos de Atención a Personas con Diversidad Funcional Intelectual (COPAVA); la Federación Valenciana de Alzheimer (FEVAFA); o la Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunitat Valenciana (APIME).
También la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana también afirma que no ha participado en el proceso consultivo, y el Colegio de Fisioterapia se muestra en contra del criterio seguido por la Conselleria en la regulación de centros de diversidad funcional, según el comunicado.
Asimismo, la Plataforma Neurodegenerativas de la Comunidad Valenciana indica que la viabilidad de 73 centros, servicios y programas especializados que atienden a más de 5.000 pacientes de Alzheimer, Parkinson, ELA, Enfermedad de Huntington y Esclerosis Multiple "está en peligro" por el nuevo Decreto de Tipologías.
“Todo el sector apoyaba una nueva normativa para adaptarse a las características de las personas que actualmente atendemos y para superar legislaciones absolutamente obsoletas, pero hemos perdido la oportunidad de hacerlo de manera consensuada, adecuada y con la financiación suficiente para que no le cueste un euro más a nadie. Ahora tenemos que hacer un trabajo entre todos para corregir los aspectos necesarios y hacer viable el sistema en el medio y largo plazo", ha concluido Toro.
